Créditos de salvamento: los riesgos tras el plan del gobierno contra el alto endeudamiento
Dudas surgen sobre riesgo de que beneficio se vuelva en recursos incobrables por los bancos
Foto con fines ilustrativos. Daniela Abarca|CRHoy
(CRHoy.com) Presentado como la panacea para sacar de su ahogo económico a una parte de la ciudadanía costarricense que se encuentra altamente endeudada, los créditos de salvamento promocionados directamente por el propio presidente Carlos Alvarado conllevan a su vez riesgos asociados, tanto para quien los consume como para la entidad financiera que la ofrece.
Aunque esta herramienta apenas fue anunciada y todavía se requieren algunas reformas legales y reglamentarias para que pueda entrar a regir – posiblemente a inicios de 2020- diversos sectores expresan dudas en especial porque consideran que la medida es apenas un paliativo que no resuelve el problema estructural de fondo: la gente seguirá endeudada y el crecimiento económico seguirá estancado.
Para el endeudado
Desde el punto de vista de una persona endeudada un crédito de salvamento significará un alivio momentáneo a su situación económica inmediata.
En un ejemplo de una persona con una deuda total de ₡21 millones, a distintas tasas y plazos, por mes se ve obligada a pagar ₡688 mil.
El plan de salvamento tomaría todas esas tasas para sacar un promedio ponderado y le ofrecería un nuevo crédito a una tasa mejor (que no puede ser mayor a 5,5 puntos por encima de la tasa básica pasiva). La nueva cuota le quedaría en ₡241.000.
Suena bien; sin embargo, hay un pero.
Con las deudas originales los plazos de pago eran de entre 36 meses y hasta 60 meses (5 años), pero con el nuevo cálculo se le obligaría a extender el pago con la nueva cuota por entre 15 y 20 años.
Es decir, amarra al deudor por más años.
Además de la atadura, existen inquietudes sobre la forma en que se podrá evitar que la persona pueda adquirir nuevas deudas, en especial con entidades no reguladas o almacenes de electrodomésticos. Nada garantiza que esto ocurra, llevando de nuevo a la persona a una situación de ahogo.
Para el sistema financiero
En la medida en que esta situación ocurra y comiencen a presentarse casos de impago y morosidad, el sistema financiero podría comenzar a ver las consecuencias, en especial a mediano y largo plazo.
Así lo confirmó el director de Banca de Empresas de Davivienda Rodolfo Herrera.
"Puede ser algo muy positivo desde el punto de vista social… la duda que me genera es si operativamente hablando se va a poder ejecutar pues si yo estoy en un Comité de Crédito de un banco estatal y debo aprobar un crédito a una tasa del 12% a una persona sobreendeudada cuál será la posibilidad de que se me pueda ir a pérdida y entonces, como bancos, vamos a tener que aprovisionar (…) el costo de fondear esas pérdidas durante 15 años para mí es riesgosa ya demás se le debe sumar el costo operativo, costo de cobro, pérdidas…", dijo Herrera.
Ese eventual impacto además de los costos adicionales puede repercutir en las tasas de interés para el resto de los usuarios, agregó el representante bancario.
"El plan no es sostenible en el tiempo ni para los bancos públicos que participen ni para los deudores que en caso de calificar recibirían más créditos (…) pero no les resuelve realmente la situación de números rojos", indicó sobre el tema la legisladora socialcristiana María Inés Solís.
En los bancos estatales prefieren ver el tema desde el punto de vista positivo. Estas entidades apoyan el plan del Ejecutivo y aminoran las preocupaciones de otros actores.
Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional, dijo a CRHoy que por ejemplo en esta entidad la cantidad de personas cuyo endeudamiento es superior al 40% de su capacidad de pago "es poca", pero el número final de clientes lo determinará la cantidad de personas que puedan suscribirse por deudas de otras entidades.
Descartó que vayan a necesitar liquidez adicional para dar provisión a los nuevos préstamos, pues para ello usarán los recursos que no han podido colocar hasta ahora por la merma en la colocación crediticia.
Afirmó además que la nueva herramienta habilitará una opción de emisión de deuda subordinada en caso de que los bancos requieran capitalizarse.
Justo esta semana el funcionario cuestionaba al Ministerio de Hacienda como uno de los principales actores que impide al sistema bancario ofrecer tasas de interés más competitivas, debido a que la cartera realiza captaciones en un promedio del 9%.
A su juicio, esa distorsión no impedirá al sistema bancario ofrecer las nuevas tasas con mejores condiciones en los créditos de salvamento.
Maurilio Aguilar, director de Riesgo del Banco Popular indicó que todavía están pendientes de definirse cambios reglamentarios y normativa interna de cada banco para poder implementar los créditos de salvamento.
El funcionario cuantificó que el Popular cuenta con una cartera susceptible a recibir ese beneficio de unos 7.200 empleados del sector privado y 14 mil del sector público.
En el Banco de Costa Rica confirmaron mediante su oficina de comunicación que para la creación de estos productos se valoran los riesgos, y se determina el plazo, tasa, condiciones adicionales que debe dar el demandante del crédito así como el monto a colocar.
"Para mitigar dichos riesgos, cada caso será evaluado individualmente para determinar la aprobación del crédito… Tal como procede estaremos analizando los niveles de riesgo y los cambios que por normativa deben realizarse, en un tiempo prudencial. Además, entre las consideraciones para cumplir con la directriz está el ajuste del modelo de tasas que toma en cuenta la garantía que del cliente, así como el plazo y moneda", afirmaron.
Actualmente el Banco realiza una análisis de la capacidad de pago del cliente, el cual no puede exceder un 40% de su capacidad de pago; sin embargo confirmaron que una vez otorgado el crédito, la institución no tiene control sobre el endeudamiento posterior del cliente.
Beneficio excluyente y sin reactivación
Otra de las críticas existentes sobre el plan es que se trata de un beneficio excluyente, pues toma en cuenta solo a las personas asalariadas del sector público y privado.
Esto deja por fuera a independientes, generadores de ingresos por cuenta propia y desempleados – entre otros- que son precisamente el núcleo principal de la población que acude a la informalidad para asumir deudas , de acuerdo con la legisladora liberacionista Silvia Hernández. quien además cuestiona que no se trata de una medida para reactivar la economía.
El hecho de que se deje por fuera a un grueso de la población los hace no ser susceptibles a tener una mejora en sus ingresos o bien en su dinero disponible, lo cual conlleva a que tampoco sean generadores de consumo que vengan a dinamizar la economía.
Según los indicadores más recientes del Banco Central la actividad económica se encuentra en claro deterioro desde hace meses, y sectores como la construcción y el comercio vienen retrocediendo ya desde hace un par de años. Para colmo, los indicadores de desempleo -que podrían ayudar a mejorar el consumo- no ceden, y todo eso se traduce en mayor pobreza.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer las cifras más actuales en pobreza y desempleo este jueves.