Demanda responsabiliza al Estado por estafas a clientes de proyectos inmobiliarios

La demanda fue presentada este viernes.

(CRHoy.com)- Un grupo de 83 personas presentó hoy en el Tribunal Contencioso Administrativo una demanda contra el Estado costarricense, al que responsabilizan de los daños y perjuicios ocasionados por las presuntas estafas de las que han sido víctimas con proyectos inmobiliarios, en particular por la empresa Casas Vita.

Esta compañía afronta cerca de 307 denuncias en la Fiscalía de Fraudes por supuesta estafa y su propietario, de apellido Villagra, cumple prisión preventiva. Según el Ministerio Público, Villagra en representación de Casas Vita habría tomado las primas pagadas por clientes para sus casas y las usó para otros fines, dejando a los consumidores sin el dinero y sin el inmueble.

Según Mario Valverde, abogado que representa a estas personas, esto se pudo evitar si el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) no hubiera modificado el reglamento de La ley 7472 (Ley de Promoción de la Competencia) de 1996, donde se les exigía a todas las empresas que ofrecían ventas a futuro (agencias de viajes, proyectos inmobiliarios y otros) comprobar que tenían la solvencia económica para llevar a cabo los proyectos, o bien, presentar una garantía de caducidad que protegiera al cliente. También establecía que el MEIC debía comprobar el estado financiero de estas empresas una vez al año.

Sin embargo, en abril del 2010, una modificación estableció una moratoria de 12 meses a este reglamento, solo en cuanto a ventas a plazo de bienes inmuebles. Esta moratoria se extendió hasta el 2013, cuando se estableció el reglamento vigente, en el que se eliminó la revisión anual del estado financiero de las empresas y se cambiaron las reglas solo para los desarrollos inmobiliarios.

La demanda plantea que esta modificación dejó desprotegidos a los consumidores ante situaciones como las que se dieron con Casas Vita y Villagra.

En el reglamento actual existe -según Valverde- toda una ambigüedad sobre cómo se deben regular las ventas a plazo de bienes inmuebles. Esto, según Valverde, ha propiciado que empresas que no tienen el capital para desarrollar proyectos se aprovechen de la buena fe y la ilusión de los consumidores, quienes entregan su dinero con la esperanza de tener casa propia.

Mientras que en el artículo 222 del reglamento se establece que quienes quieran comerciar con ventas a plazo de cualquier tipo (incluyendo las de bienes inmuebles) deben demostrar su solvencia económica o portar una garantía, en el mismo reglamento se dedicó todo un apartado a reglamentar exclusivamente las ventas a plazo de bienes inmuebles y en este se da la posibilidad de que los desarrolladores inmobiliarios presenten solo una certificación de un contador público o una declaración jurada de que cuentan con los fondos para desarrollar el proyecto, pero no solicitan una garantía que proteja al cliente.

"Este nuevo decreto resultó ser un instrumento que, lejos de desarrollar la protección efectiva del consumidor de bienes inmuebles, allanó el camino para que los desarrolladores pudieran operar sin rendir la debida caución que era el único medio efectivo que podía evitar las millonarias pérdidas económicas que sufrieron los consumidores que desde el año 2013 adelantaron fuertes sumas de dinero a empresas como Grupo Empresarial Casas Vita, Rock Constructions and Development y Condomío por concepto de primas para la construcción futura de casas que nunca recibieron", indica la demanda.

En el documento, los demandantes señalan directamente a la Comisión Nacional de la Competencia. Sobre esto, Cinthya Zapata, jerarca de la Dirección de Apoyo al Consumidor, dijo que los cambios al reglamento no estuvieron a su cargo, pero que se hicieron para proteger al consumidor.

"Es hasta el decreto 37899 (modificación del 2013) que se incluyen disposiciones específicas para poder generar un ámbito de cobertura para los bienes inmuebles (…) la moratoria yo me imagino que fue para que las empresas se ajustaran, pero la Dirección a mi cargo no llevaba el tema de ventas a plazo para ese momento", indicó Zapata el martes anterior.