Empresarios en contra de contrataciones entre empresas del Estado

29 de Jul. 2019 | 8:38 am
El presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado (CRH)

El presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado (CRH)

(CRHoy.com) Según la cúpula empresarial, las contrataciones directas que se realizan entre instituciones del Estado, no solo conllevan un sinnúmero de vicios y abusos en el manejo de los fondos públicos, sino también están privando a los costarricenses de más opciones de trabajo.

"Este tipo de contrataciones entre instituciones del Estado, son cerradas y poco transparentes y encima de todo no ayudan a la dinamización de la economía nacional; las contrataciones directas solo estancan ese proceso y privan a miles de costarricenses de obtener un empleo", dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras.

Ejemplos

Este grupo empresarial pone como ejemplos, algunos casos de contrataciones.

  •  El ICE recibió un total de ¢1.417.576.6 millones por 60 adjudicaciones que le dio el Estado durante el año 2018, cifra que equivale a casi $2.500 millones, es decir, casi el 4% del PIB anual de Costa Rica.
  • El pago de ¢3.093.938.457 millones a una dependencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) por sus servicios como agencia de publicidad.
  • Contratación directa realizada por la Dirección General de Migración y Extranjería, a favor de RACSA, por un monto de $8.877.075 millones para un servicio de data center, bajo el Expediente en el SICOP Nº 2019CD-000036-0008700001.

"Esa cantidad de dinero, en proyectos realizados por el sector privado, hubiese desencadenado la contratación de muchas personas, es evidente que se le está quitando productividad al país y como sector privado nos resta competencia, pues no se debe olvidar que son las empresas privadas las encargadas de generar riqueza y pagar impuestos", agregó Delgado.

El sector empresarial sostiene que hay un evidente interés de las instituciones estatales de evadir la Ley de Contratación Administrativa y con esa evasión se pierden los controles, no se le está dando el mejor uso a los recursos del Estado, pues los casos no responden a criterios de eficiencia, ni eficacia al ser contratos poco transparentes, muchos de ellos declarados confidenciales.