- Durante pandemia actores del sector empresarial han hecho propuestas al gobierno de Alvarado, que sigue sin responder
- Uccaep le pide al Poder Ejecutivo concentrarse en generar confianza para que se reactiven inversiones en negocios
(CRHoy.com).- (CRHoy.com).- Apatía, falta de capacidad para mover un mamotreto de Estado, o carencia de visión. Algo, o todo, aqueja el Gobierno que no ha podido proponer una hoja de ruta certera para generar las condiciones adecuadas para facilitar la reactivación de la economía. El reclamo del sector empresarial es fuerte ante esa realidad que lo frustra.
Lo primero que piden los empresarios al Gobierno es empezar a llamar las cosas por su nombre, pues no aceptan ninguna de las propuestas que han lanzado como un plan de reactivación económica.
Álvaro Sáenz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), considera que los anuncios que ha hecho el Gobierno apenas llegan a una propuesta para mitigar el impacto de la crisis económica que vino a agravar la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad respiratoria COVID-19.
Es la misma aclaración que se apresuró a hacer Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Para el empresario no existe un plan gubernamental de reactivación económica.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), sumó su voz a esa tesis: el Gobierno no ha planteado, hasta el momento, una “ruta clara” para el sostenimiento de las empresas.
La mayoría de las voces empresariales que consultó este diario digital coincidieron en que durante el extenso periodo de caída de la economía a partir del 2018, y ahora, durante la pandemia global, el sector ha sido prolífico y ha planteado al Gobierno muchas posibles acciones de aplicación inmediata para lograr la reactivación de la economía.
Empero, la queja se repite. El Gobierno recibe las recomendaciones o peticiones pero, ni las responde, ni las pone en práctica.
“Uccaep ha emitido tres documentos, uno de los economistas que nos asesoran, para señalarles al presidente y a los diputados tres caminos para reactivar la economía: la parte macroeconómica, el área de relaciones internacionales de mercado, y la tercera es la productividad de los cluster de micros y pequeños emprendimientos y encadenamientos productivos. El 8 de junio le presentamos al presidente y a los diputados 14 medidas divididas en 9 sectores con acciones específicas para reactivar la economía. Acciones específicas. Tenemos una responsabilidad con el país y la idea es que ellos los acojan. Han hecho algunas cosas. El problemas es que las han hecho lentamente“, reclamó Álvaro Sáenz.
Para el jerarca de la Unión de Cámaras, es claro que la labor del Gobierno no puede ni debe ser plantear una hoja de ruta para la reactivación económica. Según él, esa tarea es exclusiva del sector empresarial privado.
En lo que sí puede ayudar el Gobierno, según Sáenz, es en generar las condiciones económicas y políticas que produzcan la estabilidad y la confianza necesarias para que los empresarios hagan lo suyo.
“La reactivación vendrá cuando el pequeño y mediano empresario sientan la confianza de nuevo para invertir. Eso solo pasará cuando la gente recupere la confianza. Entonces, lo que tiene que generar el Gobierno es un clima de confianza. Y eso falta, antes y durante la pandemia”, afirmó.
Lentitud arriesga el empleo
Esteban Acón manifestó que el sector construcción también extraña esa confianza y las acciones que le permitan a los actores económicos volver a invertir en proyectos y obras. Hasta ahora, afirmó, el Gobierno ha fallado en facilitar ese buen clima que impide sustituir obras culminadas con otras que empiecen de inmediato, un ciclo fundamental para mantener con vida el empleo.
“Hay una alta preocupación porque si no se hace nada al respecto, si no hay una agenda clara que propicie nuevas construcciones, el problema va a ser mayor cada día que pasa. Y no hay una agenda de reactivación. En nuestro caso, esa agenda se la venimos pidiendo al Gobierno desde el 2019. En innumerables ocasiones le hemos pedido una agenda clara de reactivación”, lamentó.
Acón agregó que la ausencia de acción de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, en apariencia, no tiene que ver con una mala gestión de André Garnier en el Ministerio de Enlace con el Sector Privado.
Según el jerarca de la CCC, su gremio presume que el problema gravita alrededor del Consejo Económico Presidencial, que coordina la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Según él, ese grupo de ministros del área económica no escucha o ignora las propuestas que el sector empresarial ha puesto sobre la mesa a través de Garnier.
La demora en las respuestas ha influido en el aumento de la cantidad de despidos en el sector de la construcción. Según su vocero, desde el 2018 el gremio ha cerrado 28.000 puestos de trabajo, cantidad que se podría disparar debido a la pandemia.
El sector generaba antes de este suceso mundial 150.000 empleos directos y otros 120.000 indirectos, pero ha ido perdiendo la capacidad para sostenerlos.
Los ¢900.000 millones que nadie ve
El presidente de la CICR, Enrique Egloff también señaló problemas en el resultado del anuncio que hizo el Gobierno, el 8 de mayo pasado, entre las acciones presentes y futuras para reactivar la economía, de la facilitación de ¢900.000 millones en préstamos para capital de trabajo que se colocarían a través de la banca pública.
Para Egloff es claro que esa acción no se ha materializado pues los bancos le siguen exigiendo a los empresarios las mismas garantías y requisitos que les pedían antes de la pandemia para formalizar los préstamos.
“La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) debe flexibilizar requisitos para que se ejecuten y se logre el impacto financiero positivo en las empresas. Se requieren acciones y seguimiento que garanticen su implementación por parte del Gobierno y de las instituciones involucradas”, evaluó.
Egloff urgió al Gobierno, también, a escuchar al sector empresarial que clama por el establecimiento de un balance entre la atención de la salud en medio de la pandemia y las acciones que permitan, simultáneamente, atender a la economía. Esto, recalcó, es fundamental para que el sector privado pueda preservar y hacer crecer el empleo.
Los comerciantes también elevan su voz al hacer un nuevo intento de que el Gobierno los escuche.
Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, comentó que desde la octava semana de la crisis sanitaria y económica que generó el COVID-19 su gremio le planteó al Gobierno propuestas concretas para proteger a las empresas del sector y el empleo que genera.
No obstante, dio a entender que el Gobierno no ha avanzado con fuerza en la implementación de esas medidas urgentes por estar enfocado en otras que no tendrían ningún impacto en el corto plazo.
“La buena voluntad la agradecemos. Pero lo que nosotros necesitamos son medidas de muy corto plazo porque si el desempleo estaba en el 12,4% en cuánto estará ahora. Las medidas que el Gobierno ha propuesto van en el camino correcto, pero su aplicación no es de corto plazo y por eso es que buscamos esas medidas que sí se pueden aplicar ya. Sabemos que nuestra tarea está en la Asamblea, en Hacienda y en el Banco Central”, anticipó.
Castilla comentó que entre las acciones urgentes para las que demandan el respaldo del Gobierno están el proyecto de ley que les permitiría a las empresas el pago a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por jornada laboral efectiva, para mantener el empleo, formalizar a los informales y lograr que los trabajadores independientes se aseguren.
También mencionó la propuesta de establecer jornadas laborales flexibles en las que se trabaja 4 días 12 horas continuas y se descansa 3 días. La reducción de cargas sociales a través de la eliminación de los aportes al Banco Popular, Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), entre otras instituciones, también está entre las prioridades del sector comercial que caminan más lento de lo que ese gremio necesita.
“Las medidas están enfocadas en el beneficio de las pymes y mipymes (pequeñas y medianas empresas) pues de las 18.200 empresas del sector, el 73% de ellas tiene entre uno y cinco empleados, y un 22% tiene menos de 6 empleados. Ahí hay un golpe fuerte”, estimó Castilla.
Un pacto necesario
Todos los voceros de cámaras empresariales consultados para este reportaje coincidieron en que el futuro para las empresas de sus agremiados luce confuso y lleno de incógnitas, algo que no contribuye al crecimiento de las firmas.
Por lo que le solicitaron al Gobierno de Carlos Alvarado no dilatar más acciones como el recorte al gasto público, la reducción del tamaño del Estado, el recorte al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que se gira a las universidades públicas, entre otras señales que contribuyan a la estabilidad de las finanzas públicas, un aspecto que consideran fundamental para que la situación de la economía nacional mejore.
Para Álvaro Sáenz es necesario que todo eso ocurra para que el país se encamine hacia una recuperación paulatina de la economía, un factor que impera en la vida de todas las familias y las empresas.
Según el presidente de Uccaep, el déficit fiscal (7% del producto interno bruto a diciembre del 2019) es un elemento que influye directamente en la capacidad de la economía y del empleo para levantarse de la lona.
“Hace falta el establecimiento de una fuerte alianza público-privada. Pero real, porque solo así vamos a sacar adelante al país. Debe ser una alianza política, económica y social.
“De lo contrario, vamos a seguir viendo al sector público viviendo muy bien, mientras el sector privado se despedaza. Debe ser una alianza verdadera con equidades, donde todos aportemos, no solo una parte, donde todo estemos en el mismo bote”, advirtió Sáenz.
El diagnóstico
Para el analista económico Luis Diego Herrera, del Grupo Acobo, la economía empieza a sentir los efectos adversos de las medidas sanitarias para combatir la COVID 19.
Los síntomas de ese impacto son:
- La desaceleración de la actividad económica.
- Un mayor desempleo.
- Menor recaudación tributaria.
- Aumento del gasto público, entre otras.
El ambiente en general no es bueno, agregó, y planteó la necesidad de acciones urgentes en la misma dirección que sugieren los miembros del sector empresarial privado.
“Reina el sentimiento de incertidumbre sobre el futuro de salud general de la población y de la economía. En particular el país arrastra desde hace muchos años un problema fiscal cuya solución ya no puede esperar más y se requieren acciones concretas a la brevedad.
En general, la reactivación de la actividad económica en esta coyuntura depende de lo que suceda con el tema sanitario esto es una restricción a lo que las autoridades puedan hacer en materia de reactivación. Es urgente, desde un punto de vista económico, que el país reinicie actividades paulatinamente y con estrictos controles. Sumado al tema de la reactivación, también apremia solucionar seriamente el tema de las finanzas públicas en buscar de dar sostenibilidad a las mismas en el mediano y largo”, concluyó.
