Exdirectivos acusan al Gobierno de intentar torcer decisiones futuras en el Banco Nacional
“Brunner actuó de forma arbitraria y para satisfacer opacos intereses políticos”, dicen
Rodrigo Chaves y Stephan Brunner, presidente y vicepresidente de la República. (Captura).
El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, actuó de forma arbitraria y para satisfacer opacos intereses políticos en el procedimiento disciplinario que condujo a la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Así lo aseguran los directores cesados Marvin Arias Aguilar (presidente de la Junta) y José Manuel Arias Porras en el recurso de amparo que plantearon ante la Sala Constitucional contra la decisión de la Presidencia de destituirlos de sus cargos por el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general de esa entidad bancaria en septiembre de 2024.
Al referirse a la decisión de Brunner para cesarlos, ambos sostienen que fue “un grosero asalto a las competencias constitucionales del Consejo de Gobierno para quebrantar la autonomía bancaria y torcer a futuro las decisiones de la Junta Directiva del mayor operador bancario de la región”.
Los nuevos hechos demuestran que la Presidencia de la República, en la persona del primer vicepresidente, se arrogó competencias que no le corresponden, para separar de su cargo a todos los integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica. Para ello se valió del velo de un procedimiento amañado y acomodado a sus escondidos propósitos.
En el recurso, que se encuentra en estudio de admisibilidad por parte de la Sala Constitucional, bajo el expediente 25-011348-0007-CO, recuerdan que la competencia es el cimiento sobre el que descansa el principio de legalidad.
Alegan que Brunner, al asumir funciones encomendadas constitucionalmente al Consejo de Gobierno, incurrió en un ejercicio abusivo del poder, en desprecio de los más altos valores de la sociedad democrática.
Se transgrede en forma flagrante la autonomía constitucional del Banco Nacional de Costa Rica y las competencias del Consejo de Gobierno. La única vía efectiva para la tutela del orden constitucional es el recurso de amparo. No contamos con ningún otro proceso que permita combatir los excesos del poder y restablecer el disfrute de los derechos y garantías fundamentales.
También mencionan que la reacción de los medios de comunicación ha sido unánime en desautorizar la decisión de separar a los integrantes de la Junta Directiva del BNCR y en destacar la gravedad de la vulneración al régimen de derecho.
Violaciones
Rodrigo Chaves, presidente de la República, y tres de los nuevos directivos del Banco Nacional. (Fotografía de Casa Presidencial).
Los recurrentes interpusieron el recurso de amparo contra la Presidencia de la República por considerar que su destitución como miembros de la Junta Directiva del BNCR constituyó una violación a sus derechos fundamentales.
Alegan que la actuación presidencial fue arbitraria y se realizó sin respetar lo siguiente:
- El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 39 de la Constitución Política.
- El principio de igualdad, consagrado en el artículo 33.
- La autonomía administrativa de las instituciones autónomas, señalada en los artículos 188 y 189.
- Las competencias constitucionales del Consejo de Gobierno, mencionadas en el artículo 147.
Los dos directivos cesados solicitan que la Sala Constitucional ordene cautelarmente la reinstalación en sus puestos de todos los integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional que fueron separados de forma arbitraria e inconstitucional, y que se dé el trámite correspondiente al recurso de amparo.
Cuestionada destitución
Marvin Arias, presidente cesado del Banco Nacional de Costa Rica. (CRH).
El miércoles 28 de mayo de este año, la Presidencia de la República comunicó la destitución de los siete miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, por haber nombrado a Rosaysella Ulloa como gerente general de la entidad.
Ocho días después, el presidente Rodrigo Chaves declaró que la destitución obedecía a que la Junta nombró a Ulloa mediante un proceso viciado.
Por su parte, Brunner citó tres razones para removerlos de sus cargos:
- El concurso para el cargo de gerente general no fue divulgado ni anunciado en la página web del BNCR.
- No se respetaron los recursos establecidos en el cartel.
- No se entrevistó a los otros dos candidatos incluidos en la terna.
Aunque mencionó un extenso informe en el que se basó la decisión de remover a los directivos, este documento no ha sido divulgado. Incluso, una copia fue solicitada al Consejo de Gobierno por el Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana), sin que hasta ahora se le haya entregado.
Un exmiembro de la Junta Directiva del Banco Nacional reveló recientemente que la destitución se debió a que no se nombró en la Gerencia General a un amigo del presidente Chaves.
Además, el Gobierno destituyó a los directores sin contar con un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a pesar de que ese requisito lo exige la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
“Una vez hecho el nombramiento de los directores y que estos hayan entrado en funciones, el Consejo de Gobierno no podrá revocarlos si no es con base en información de la Superintendencia General de Entidades Financieras”, indica la normativa.
Tras el cese de los directivos, la Presidencia anunció —en cuestión de hora y media— la designación de una nueva Junta Directiva.
