Exempleados acusaron a Saret de crear contratos especiales para evadir pagos a la CCSS
Empresa pagó más de $1 millón en liquidaciones. Al menos 398 personas ya no trabajan para el grupo
(CRHoy.com) Con el supuesto objetivo de reducir las cargas sociales y evadir pagos ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) empresas que conforman parte del Grupo Corporativo Saret habrían echado mano a la figura de los contratos por servicios profesionales.
La empresa, que entró en crisis financiera desde 2016 y enfrenta ya problemas de morosidad con algunos créditos, solicitó a inicios de 2018 un convenio preventivo para tratar de evitar la quiebra.
Sin embargo, el proceso se ha complicado al punto de llegar a instancias de apelación a nivel judicial debido a la existencia de diversos reclamos por parte de empresas y extrabajadores de las compañías.
Según esa documentación, las empresas del Grupo Corporativo Saret debieron notificar a por lo menos 398 personas que se habrían quedado sin empleo durante el periodo de la crisis.
La firma dijo a las autoridades judiciales haber pagado un total de $1.065.000 por concepto de prestaciones.
Pero no todas las negociaciones con trabajadores llegaron a buen término. Dentro de los reclamos existen demandas elevadas ante los juzgados de Trabajo y planteadas posteriormente ante el Juzgado Concursal de San José como parte de la documentación para legalizar a los acreedores de la empresa.
En ellas se acusó a la empresa de realizar contratos laborales utilizando la figura de servicios profesionales con el objetivo de evadir el pago de cargas sociales ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Esta práctica habría sido especialmente seguida con aquellos funcionarios que eran de mayor confianza o con cargos de relevancia en la estructura empresarial, no tanto a nivel de operarios en donde la necesidad de mantener un seguro de salud era prioridad.
Así lo señaló a CRHoy uno de los exempleados de Saret Metalmecánica, quien bajo la condición de permanecer en el anonimato relató cómo se produjo el proceso.
"A todos los empleados nos hicieron firmar el convenio colectivo. Hubo gente que no quiso firmar. Cuando se vino lo del convenio (2018) a todos nos despidieron, al 100% de empleados, hicieron una reestructuración y a alguna gente la dejaron un tiempo más. Yo estuve cerca de 7 meses esperando para que me pagaran la liquidación… pero pasó que a los empleados que tienen como más caros a esos les pagan por servicios profesionales para ahorrarse lo de la Caja, y a la demás gente no porque necesitaban estar con seguro y a esos sí les pagan todo para evitar problemas con la Caja", señaló el exempleado.
La versión de este extrabajador está respaldada en algunas acusaciones planteadas ante el Juzgado concursal y el Juzgado de Trabajo de Alajuela.
En uno de los casos, un extrabajador de apellido Vargas reclamó un pendiente de pago por $3.261 pues la empresa al parecer le habría cancelado sólo lo reportado a la CCSS.
Según su denuncia hubo una "disposición directa del patrono" para realizar su contratación mediante la figura de servicios profesionales para "ocultar la verdadera contratación que era de índole laboral".
Su caso no es aislado.
Otro reclamo planteado ante el Juzgado Concursal de San José por un extrabajador de Saret Metalmecánica de apellido Lobo, relató que desempeñaba el puesto de jefe de producción por lo cual recibía un pago de ₡700.094 reportados ante la CCSS, pero adicionalmente recibía otros ₡996 mil por servicios profesionales.
Este tipo de pagos con salarios subreportados o utilizando la figura de servicios profesionales cuando en realidad existe una relación laboral directa con horarios establecidos no solo implica un mecanismo de evasión sobre las cuotas obrero patronales, también conlleva un perjuicio para el propio trabajador en relación a lo montos de su pensión o incluso a sus aportes al fondo de capitalización laboral.
En el legajo de documentos presentado ante el Juzgado Concursal también existen reclamos de extrabajadores que piden indemnizaciones por el atraso en el pago de la liquidación e incluso hay otra de un empleado que afirma haber sido despedido después de sufrir un accidente laboral y la empresa se negó a seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) de reubicarlo.
Los diferendos legales se produjeron incluso con los hombres de más confianza. Javier Sandoval, quien fue subdirector de Crédito Público del Ministerio de Hacienda en la década de los noventa, trabajó para el Grupo Corporativo Saret como miembro de la junta directiva y fiscal en alguna de sus empresas.
Por "diferencias" en los montos a pagar en su liquidación, Sandoval planteó una demanda ordinaria laboral contra sus expatronos ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, el pasado 22 de enero de 2019.
Consultado sobre el tema, señaló que siempre fue un "empleado de confianza de los Ramírez" (hermanos Ramírez Steller, principales accionistas y representantes del Grupo Corporativo Saret), pero que al final hubo "unas diferencias que simplemente lo que queda es revisarlas en el Juzgado".
"Terminamos en buenos términos pero hubo un par de renglones de pago, un par de líneas, que no fueron consideradas dentro de la misma", dijo.
Sandoval recordó que al momento de conocer la crisis, la empresa fue llamando a todos los empleados para comunicarle la difícil situación y proceder a las liquidaciones.
Una década de atrasos con la CCSS
Según confirmó la CCSS a CRHoy, las empresas del Grupo Saret adeudan al menos ₡545,9 millones a esa entidad, de los cerca de ₡1.000 millones que acumulan en deudas con entes de la seguridad social, incluido Asignaciones Familiares y cuotas por la Ley de Protección al Trabajador.
De ellas, los principales montos corresponden a Saret Costa Rica y Saret Metalmecánica y en menor proporción el Grupo Corporativo Saret.
De las cinco personerías jurídicas que solicitaron el convenio preventivo, las restantes dos, Saret Acero, y Saret Maquinaria y Equipo, no muestran morosidad.
Sin embargo, estas deudas no son algo nuevo. Las empresas de los hermanos Ramírez Steller vienen acumulando morosidad con la CCSS por al menos la última década.
En 2010, Roberto Mora, conocido como el cobrador de la Caja, enfrentó al principal representante de las empresas, Juan Bautista Ramírez Steller, así como a su abogado Marco Lino López, por una deuda de esas empresas superior a los ₡238 millones que venían acumulando desde 2007.
La queja de Mora era que a pesar de esa deuda, la empresa seguía teniendo contratos con el Estado.
Copia correo masivo enviado en 2010 por el Cobrador de la Caja
Respuesta final del representante legal de Saret al Cobrador de la Caja
El diferendo terminó en una querella presentada por Saret contra Mora, la cual fue finalmente desestimada, según recordó el "Cobrador de la Caja" a CRHoy.
Mora cuestionó que a pesar de la morosidad, las empresas de los Ramírez Steller siguan ofertando y obteniendo contratos con el Estado y señaló directamente a la CCSS de la excesiva permisividad y de actuar únicamente contra los pequeños deudores de "una o dos cuotas".
En la última década Saret terminó siendo adjudicataria de importantes proyectos de obra pública. Por ejemplo fue elegida por la empresa china CNPC para obras en la fallida refinería de Soresco, iba a ser la constructora de los puentes y estructuras de acero en la también fallida concesión a OAS de la carretera a San Ramón, e incluso aparecía en el proceso de obras civiles para la mina Crucitas.