Experto: BCCR aprobó de forma irresponsable acuerdo para pedir datos
Cuestiona procedimiento utilizado por directivos en esa sesión
(CRHoy.com).-El abogado constitucionalista Fabián Volio cuestionó este jueves el procedimiento que siguió la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) con el acuerdo mediante el cual pidió datos personales de deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Las críticas las mencionó en una comparecencia en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, que investiga al BCCR por las peticiones que hizo a la SUGEF y a cuatro bancos comerciales.
El experto se refirió a la sesión 6093-2022 del 23 de noviembre de 2022 en la que los directores del Banco Central acordaron solicitar la información a la Superintendencia.
Aseguró que en la sesión de ese día "de un momento a otro" surgió el tema del proyecto para solicitar datos personales y que la discusión, en su opinión personal, fue "muy liviana e irresponsable".
Esto, porque primero se discutió de forma general el tema, se votó y luego se fundamentó el acuerdo.
"Me parece irresponsable votar primero y fundamentar el acuerdo después", dijo Volio, quien preside la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, organización que recientemente emitió un pronunciamiento, según el cual el acuerdo del BCCR es inconstitucional.
Ilegalidad
En su intervención, Volio reiteró que el acuerdo tomado por la Junta Directiva del BCCR es ilegal porque no tiene sustento en ninguna ley ni en tratados internacionales.
Argumentó que no existe competencia del BCCR de pedir información personalizada de cuentas bancarias para fijar el tipo de cambio o para determinar su política monetaria.
Recordó que la Constitución Política exige una ley especial para delegarle a alguna institución pública la posibilidad de pedir información y datos personales.
Desde este punto de vista, mencionó que ninguna de las leyes empleadas por el BCCR (Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y Ley del Sistema de Estadística Nacional) para justificar su solicitud son especiales.
"Es un error gravísimo haber considerado, tanto por el BCCR como por el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), que estas son las dos leyes que le dan amparo a la petición de datos", expresó.
También citó lo dispuesto por la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales que no autoriza a ninguna entidad al acceso a datos personales y cuyo artículo 14 exige el consentimiento de las personas para hacerlo.
En términos similares, se manifestó Mario Gómez, asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), quien dijo que la discusión es sobre datos que son propiedad de los costarricenses.
"Los bancos pueden hacer uso de los datos si existe consentimiento y una ley especial clara que determine que puede hacerlo", agregó.
El Banco Central solicitó a la SUGEF tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, que las entidades financieras reguladas le remiten a la Superintendencia para el desarrollo de sus labores de supervisión.
También solicitó datos detallados de depositantes y ahorrantes a los bancos Nacional de Costa Rica (BNCR), de Costa Rica (BCR), Popular (BP) y BAC.