Fiscalía acoge solicitud para investigar arrendamiento del Parque del Pacífico de BCR SAFI

El Ministerio Público acogió el lunes a las 4:00 p.m. una denuncia presentada por la junta directiva de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) para que se investigue la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), así como también los contratos de arrendamiento que se firmaron en febrero del 2020 para que arrancara la operación del inmueble en Esparza, Puntarenas.

Los directivos de la SAFI confirmaron que como parte de la documentación que aportaron a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), se incorporó un informe de relación de hechos elaborado por Auditoría Interna del banco, con lo recopilado desde diciembre del 2021 en un informe parcial cuando se recibieron las primeras denuncias a lo interno del BCR en marzo de ese mismo año.

"En el informe de auditoría, entre los hechos que se analizan están la compra que incluye también los contratos de los de los participantes que hay ahí. (…) Cuando un fondo de inversión compra un activo, debería de estar como mínimo 95% arrendado, entonces cuando se compró el parque había unos contratos de arriendo y todos esos contratos fueron investigados en el informe de relación de hechos presentado", explicó Douglas Montero, gerente de BCR SAFI.

En ese momento se autorizó la contratación de asesoría legal, valuadores expertos y una empresa proveedora de imágenes satelitales certificadas para poder elaborar el informe, mismo que finalmente se entregó finalizado 32 meses como prueba ante el órgano acusador.

"La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que recibió la denuncia e indicó que esta se encuentra en análisis", confirmó el Ministerio Público.

De momento el ente judicial no detalló si el caso será incorporado dentro del expediente 21-000209-1218-PE, en el que se investiga la presunta compra con sobreprecio del inmueble, administración fraudulenta y destrucción de equipo electrónico del BCR donde pudo almacenarse información relacionada con el negocio pactado con los antiguos dueños del PEP.

La directiva de la SAFI indicó que tampoco conocen si se unificarán los casos o se tramitará por aparte, pues únicamente presentaron la gestión de forma virtual e incorporarán la prueba esta semana por medio de dispositivos de almacenamiento electrónico.

Sobreprecio de $54 millones

Los cuestionamientos por parte de inversionistas iniciaron prácticamente al año después de la compra, debido a que el FIIND pagó $70,9 millones a una sociedad anónima vinculada con el exdiputado del PUSC, Humberto Vargas Corrales (2018-2022) y su precio empezó a bajar con cada avalúo, hasta que se tasó en febrero del 2024 en $28,9 millones, según el último Hecho Relevante que presentó la SAFI ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Dicha pérdida de $42 millones en cuestión de 4 años ha generado mucha molestia en quienes invirtieron su dinero en el fondo y han exigido que se recupere por medio de venta de activos, acciones que se empezaron a ejecutar recientemente.

A eso se suma que hace un mes, la Fiscalía también acogió como prueba un informe de la Unidad de Investigación Interna del BCR, donde se logró determinar que no solo el PEP se habría comprado con sobreprecio, sino 10 propiedades en total, por las cuales se habría pagado $92 millones de más sumando el valor real inicial de cada una de las fincas.

Uno de esos es el PEP, el cual según la investigación tenía un costo de $16 millones cuando la sociedad ligada con el exlegislador Vargas la compra para luego vendérsela en $70 millones a la SAFI, por lo que obtuvo una ganancia de $54 millones en cuestión de días cuando se hizo la transferencia de la propiedad.

Algunos de los 9 inmuebles restantes que fueron objeto de análisis por parte de la Oficina de Investigaciones del BCR también estuvieron relacionados con sociedades ligadas al exdiputado Vargas. Las propiedades bajo la lupa se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios lotes.

Tardaron casi 3 años

Desde que la Unidad de Investigación interna conoció las primeras denuncias en marzo del 2021 se abrió un expediente en el banco para indagar sobre las presuntas irregularidades que pudieron mediar en la compra del PEP y en diciembre se elaboró el primer informe parcial por parte de la Auditoría Interna, por lo que se tomó la decisión de contratar asesoría legal, valuadores expertos y una empresa proveedora de imágenes satelitales certificadas para contar con respaldos técnicos.

Posteriormente, en junio 2022 se hizo una revisión de contratos y adendas para determinar la existencia de rentas garantizadas y reevisión de contrato de garantía de salida anticipada, así como el levantamiento topográfico con equipo de precisión satelital y un vuelo fotogramétrico.

Entre setiembre y octubre del mismo año se realizó una valoración pericial y financiera para conocer el valor estimado del PEP de forma retrospectiva a febrero 2022, así como la revisión del contrato de Fideicomiso de Garantía.

Fue hasta junio del 2023 cuando la Auditoría entregó el informe final de Relación de Hechos a la directiva de BCR SAFI y un mes después despidieron se despide sin responsabilidad patronal al entonces gerente general a.i., al supervisor de ingeniería; a un ingeniero y a la Gerente de Negocios y Proyectos a.i.

Un mes después se ordenó una colaboración activa con el Ministerio Público en todas las investigaciones relacionadas con el PEP y al mismo tiempo se solicitó un nuevo avalúo del parque.

Este año en febrero, se hizo el registro del nuevo valor en libros ($28 millones) y en julio se presentó ante la Fiscalía del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) de la empresa valuadora Grupo Ingenio AIC S.A. y dos de sus arquitectos en cuanto al componente pericial de las valoraciones, por sus actuaciones y supuestas omisiones.

La SAFI justificó todo este tiempo transcurrido como parte del proceso legal que se tiene que respetar para no interferir en la investigación paralela que ya había iniciado en la Fiscalía.

"Desde que conocimos el primer el informe en la junta directiva, se toma un acuerdo para que se colabore activamente con el Ministerio Público, lo que pasa es que la Ley de Control Interno nos impide dar la relación de hechos en este momento y comienza todo un proceso de acciones que incluye despidos, nuevos avalúos y una lista importante de acciones. En este momento se finaliza, sin embargo, creo que los procesos internos a BCR SAFI se tienen que hacer con mucho rigor y el respeto absoluto de la ley justamente para después no entorpecer lo que suceda en la parte de investigación del Ministerio Público en la cual nosotros somos una entidad que colabora en todo lo que el Ministerio Público requiere, pero no tenemos injerencia en ese proceso, eso tiene que ver con el Ministerio Público y con la manera en que ellos manejen lo que ellos estén investigando", Luis Emilio Cuenca Botey, presidente de la directiva de BCR SAFI.

En la investigación se revisó la información relevante relacionada con la compra del inmueble realizada el 20 febrero 2020 e información complementaria al 26 mayo 2023.