Gobierno gastará ¢1,2 billones en pluses para sus empleados
Contraloría determina que por cada ¢100.000 pagados en remuneraciones básicas, se contemplan ¢109.521 en incentivos
(CRHoy.com).- El pago de las remuneraciones de los empleados del Gobierno será el rubro de gasto de más peso en el Presupuesto Nacional del 2021. Y la mayoría de esa erogación se hará al pagar los pluses a los funcionarios, en total ¢1,2 billones.
Los beneficios salariales seguirán remolcando el gasto en remuneraciones el año entrante, según el Informe Técnico de la Contraloría General de la República para el Presupuesto 2021.
Del 81,7% de los dineros que se destinan al pago de remuneraciones, un 42,7% corresponde a incentivos salariales. En tanto que un 39% se gastará en el pago de remuneraciones básicas, las cuales equivalen a ¢1,1 billones.
La subpartida de incentivos salariales presenta un crecimiento de un 4,3% respecto del presupuesto del 2020 que se había gastado hasta agosto pasado, mientras que las remuneraciones básicas crecen un 3,4% al realizar el mismo ejercicio.
"De esta manera, el Proyecto de Ley 2021 muestra que por cada ¢100.000 pagados en remuneraciones básicas, se contemplan ¢109.521 en incentivos salariales para el Gobierno de la República", detalló la Contraloría.
El gasto en salarios: ¢2,8 billones
La partida de remuneraciones en general acaparará un 24,9% del presupuesto total de ¢11,4 billones para el 2021 y será 1,2 puntos porcentuales más grande que la porción que ocupa la amortización de la deuda (23,7%) en el plan de gastos.
Además, representa un 8% del producto interno bruto (PIB), es decir, ¢2.850.799 millones (¢2,8 billones).
Dicho gasto presenta un crecimiento de un 10,1% (¢262.546 millones) si se le compara con el presupuesto del 2020.
El abultamiento se debe a la incorporación, por primera vez en el Presupuesto de 11.630 plazas de los órganos desconcentrados de los ministerios, los cuales se incluyeron por primera vez en el ejercicio presupuestario del Gobierno Central.
A pesar de su importante peso en el Presupuesto Nacional, su participación relativa se reducirá con respecto al promedio en el presupuesto devengado para el periodo 2010-2019, cuando su asignación correspondió a un 28,5% del plan de gastos.
Un 57% del gasto en remuneraciones lo consumirá el Ministerio de Educación Pública (MEP), es decir, ¢1.625.304 millones. La erogación en salarios de este ministerio crece en ¢90.474 millones, un 5,9% por la incorporación de nuevas plazas.
Ley de empleo público más agresiva
En el contexto de la crítica situación financiera actual del Gobierno Central, varios diputados y analistas de políticas públicas han planteado la necesidad de que se apruebe en el Parlamento una ley de reforma a los regímenes de empleo público más agresiva que la presentó este año el gobierno de Carlos Alvarado, con el fin de reducir el gasto en beneficios salariales.
Por ejemplo, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas y militante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), defiende la tesis del abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, de que es posible aprobar una reforma al empleo público para que los actuales empleados del Gobierno Central pasen de devengar un salario más pluses a un salario único, donde no se paguen incentivos.
Hernández, en una comparecencia en agosto ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración del Parlamento, dijo que el hecho de que el proyecto de empleo público que presentó el Ministerio de Planificación solo contemple a los futuros trabajadores que ingresen a la planilla del Gobierno implicaría que el efecto fiscal de la medida solo sea perceptible dentro de 12 ó 15 años, pues se seguirían acumulando beneficios salariales de los actuales empleados.
El abogado contradice la tesis del Gobierno de que pasar a toda la planilla actual al salario único violaría derechos derechos adquiridos.
Para él, pensar de esa manera es cometer un error jurídico, pues considera que el único derecho adquirido que tienen los trabajadores actuales es que no se les reduzca el salario que estén devengando al momento en que una eventual reforma entre en vigencia.
"La forma de calcular los futuros aumentos puede ser modificada libremente por el legislador", afirmó el jurista a los parlamentarios.
Hidalgo es de la posición de que el gobierno de Carlos Alvarado debería de incluir en su nueva propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI)–para obtener un servicio ampliado por $1.750 millones–el compromiso de aprobar una reforma al empleo público durante el primer semestre del 2021, en los mismos términos en que la plantea el constitucionalista.
Empero, hasta ahora el Gobierno mantiene su rechazo a caminar en esa dirección pues teme una cascada de demandas laborales.
Según el Ministerio de Planificación, la reforma al empleo público, tal y como está planteada, implicaría un ahorro para el Gobierno equivalente a un 0,2% del PIB al año, es decir, poco más de ¢70.000 millones.
La iniciativa gubernamental consiste en la creación de un régimen general de empleo público conformado por 8 grupos de puestos para toda la administración pública.
El año entrante, más del 90% del Presupuesto se destinará a cubrir, además de las remuneraciones, el pago de transferencias y de la amortización e intereses de la deuda, por lo que, según el , este mantendrá su rigidez e inflexibilidad.
