Industriales piden derogar Ley sobre Fondo Nacional de Avales
(CRHoy.com).- La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) pidió derogar la Ley del Fondo Nacional de Avales (identificada con el número 10.106), esto debido a que la ley presenta "deficiencias técnicas y legales".
Según los industriales, los efectos positivos que se esperaban con el Fondo de Avales ya no se van a materializar, por lo que aseguran que continuar con la implementación de este podría resultar en un alto costo/beneficio.
Este fondo, según indicó Presidencia cuando se aprobó, está definido como un instrumento financiero pensado para las empresas que fueron afectadas por la pandemia y que la misma crisis sanitaria les impide presentar garantías a la hora de solicitar un préstamo a los bancos u otras entidades financieras.
En ese sentido, la CICR considera que en este momento es más urgente que las empresas puedan acceder a financiamiento en condiciones adecuadas para hacer frente a los problemas de capital de trabajo que están enfrentando, principalmente las MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas) con relación a los aumentos en el costo de materias primas, insumos, costos del transporte y en general de logística que se vieron afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Enrique Egloff, presidente ejecutivo de la agrupación, declaró:
Desde la CICR consideramos que se debe valorar la propuesta de la Administración Chaves Robles al presentar el Proyecto de Ley Expediente No. 22.253, para derogar la Ley 10.106 y trasladar los $270 millones del crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a otros fines, en particular volver al objetivo original del empréstito y que los recursos sean usados para apoyo presupuestario del Gobierno Central, en particular cambiar deuda cara por deuda barata.
En ese sentido, la Cámara afirma que la ley tenía múltiples deficiencias técnicas y legales en sus contenidos, en donde resaltan que esta enfrentaba dificultades para una oportuna implementación y cumplir adecuadamente sus objetivos, además de un diseño poco claro de la gobernanza, duplicidad con la institucionalidad y fondos de avales ya existentes.
Finalmente, indicaron que el fondo cuenta con ciertas dificultades para operativizar los avales, entre las cuales destacaron que "los requisitos de acceso para los beneficiarios y de condiciones a los intermediarios financieros hacen poco atractivo para unos y otros la utilización de dicho fondo".
Asimismo, aseguran que la ley se debía reglamentar un mes después de que entrara en vigor (es decir, a más tardar el 14 de febrero 2022); sin embargo, afirman que el Gobierno anterior no logró reglamentarla para ponerla en operación debido a las deficiencias que la ley presenta.