Aunque reconocen que los rendimientos negativos que afectaron los fondos de algunos afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) en 2022 se debieron a factores externos e internos, los diputados llamaron la atención a la Superintendencia de Pensiones (Supen) y a las operadoras de pensiones por la débil comunicación para informar a las personas.

Así lo manifiestan los legisladores de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos en un informe recientemente aprobado por la mayoría de ese órgano del Congreso, que investigó las causas de las presuntas minusvalías por ¢545.000 millones correspondientes al ROP en el Banco Popular y Popular Pensiones, a partir de la toma de decisiones de su operadora de pensiones, así como también en las operadoras de pensiones BN Vital, BCR Pensiones, BAC Pensiones, la operadora de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Operadora de Pensiones Vida Plena.

Llamado de atención

El informe menciona que la población que sí se vio afectada en su pensión complementaria correspondió a 129.873 afiliados, quienes tomaron la decisión de trasladarse de operadora.

Indica que la implementación de la medida que limita el periodo mínimo que debe permanecer una persona en una entidad para trasladarse a otra, por parte de la Supen, debió haberse tomado con mayor prontitud, especialmente considerando la insuficiencia de las comunicaciones y la falta de transparencia en el acceso a la información
sobre el funcionamiento del ROP.

La Supen tiene la responsabilidad de regular y supervisar el sistema de pensiones para garantizar la protección de los afiliados y el adecuado funcionamiento del mismo. Sin embargo, la falta de claridad y transparencia en la comunicación sobre las implicaciones de trasladarse de una entidad a otra y los riesgos asociados con la materialización de minusvalías fue un factor determinante en que muchas personas tomaran decisiones sin comprender completamente las consecuencias.

En ese sentido, se indica que las comunicaciones de la Supen y las operadoras de pensiones "no fueron suficientes para tranquilizar a los afiliados y proporcionarles la información necesaria para tomar decisiones informadas, la implementación de medidas regulatorias más estrictas, como la limitación al periodo mínimo de permanencia en una entidad antes de trasladarse, era determinante para proteger a los afiliados y evitar que sufrieran esas pérdidas".

Los legisladores reconocen que la falta de transparencia en el acceso a la información sobre el funcionamiento del ROP puede atribuirse en parte a la complejidad técnica del tema y a la brecha de acceso a internet y de familiaridad con tecnologías digitales, especialmente entre las personas mayores.

Sin embargo, esto no exime a la Supen de su responsabilidad de garantizar que los afiliados reciban información clara y comprensible sobre el sistema de pensiones y las implicaciones de sus decisiones. En conclusión, la Supen debió actuar con mayor prontitud para implementar medidas regulatorias que protegieran a los afiliados del ROP, especialmente ante la falta de transparencia en la comunicación y la insuficiencia de las advertencias sobre los riesgos asociados con los traslados entre entidades, porque esta falta de información adecuada contribuyó a que muchas personas sufrieran pérdidas significativas al materializar minusvalías.

La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y quien forma parte de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, dijo que quedan importantes lecciones para las operadoras de pensiones y la Supen.

"Creo que quedan algunas lecciones para las operadoras y para la Supen. La Supen tendrá que proponer varios temas para cambiar legislación o mejorar, por sí acaso no existe un diente por ahí y se pueda crear jurídicamente, no para que no pase otra vez, porque es muy difícil evitar porque se trata de inversiones a largo plazo, sino para tener previsiones", declaró.

Efectos post pandemia

Según el informe, hubo una posición unánime entre los comparecientes en la investigación en que los factores que incidieron en las pérdidas contables de las operadoras de pensiones se relacionaron directamente con los efectos post pandemia.

La combinación del crecimiento económico, la crisis de contenedores, las presiones inflacionarias, los eventos geopolíticos, la guerra Rusia-Ucrania, la incertidumbre sobre la política de la FED (Reserva Federal de los Estados Unidos) y los incrementos en los precios de las materias primas ha generado un escenario de alta volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros. Como resultado, el incremento en las tasas de interés, tanto a nivel mundial como local, ha provocado minusvalías en los portafolios de las operadoras de pensiones, lo que ha impactado negativamente en sus resultados financieros y ha generado minusvalías contables.

También señala que la depreciación del tipo de cambio y las tasas de interés locales al alza, junto con los precios de los bonos a la baja, incidieron en los resultados de las operadoras de pensiones.

Sin embargo, los diputados reconocen que la implementación de políticas efectivas para el control de la inflación ha sido un factor clave para contrarrestar las pérdidas monetarias de las operadoras de pensiones desde el segundo trimestre de 2023, contribuyendo a la recuperación financiera sostenida de los rendimientos.

Tras conocer el informe, Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), destacó que la investigación ratificó que los sistemas de inversiones de las operadoras de pensiones son seguros y no permitieron mayores minusvalías que las generadas por los mercados.

"Hoy en día esas mismas inversiones que se habían realizado durante la crisis, que no se han modificado, están generando rendimientos positivos que permitieron una recuperación del 100% de las minusvalías y han revalorado las carteras de manera positiva para los afiliados. Las operadoras hoy están por encima del mejor resultado del valor cuota en el 2022, o sea, se recuperaron las minusvalías y se generaron, además, rendimientos positivos para los afiliados", manifestó.

¿Cómo afectó?

En el informe se señala que a pesar de las causas de las pérdidas contables de las operadoras de pensiones, se cuestionó si la estrategia seguida por las mismas, al colocar un porcentaje importante de los recursos en mercados extranjeros, también contribuyó.

Sin embargo, se indica que de acuerdo con los comparecientes, el país no genera la suficiente oferta de instrumentos financieros para permitir que los ahorros de los fondos de pensión se inviertan internamente.

Como producto del comportamiento de los mercados internacionales y el local, desde finales del año 2021 y durante el año 2022, se generó una reducción importante en los rendimientos generados por las inversiones, dada la relación inversa entre la tasa de interés y el valor de los instrumentos financieros, lo que ha llevado a una reducción en el saldo de la cuenta de cada afiliado. Este resultado es producto de dicho comportamiento y no necesariamente de la estrategia de inversión aplicada por cada operadora, ya que los rendimientos a la baja se han dado tanto en los activos colocados en el extranjero como los colocados en el país, a lo que se aúna el efecto de la apreciación del colón.

Según la investigación, una primera reacción de los afiliados para proteger sus saldos fue cambiar de operadora de pensiones y los retiros acelerados pudieron tener consecuencias negativas en forma de pérdidas monetarias.

"Al liquidar el fondo de manera anticipada, los afiliados y pensionados pueden materializar pérdidas y experimentar una afectación significativa en sus fondos, como producto de los menores rendimientos debido a la volatilidad de los mercados financieros y a la posible venta de activos en momentos desfavorables", se menciona.

Los diputados sostienen que no se puede negar que la situación enfrentada por los rendimientos de las inversiones de los fondos generó una reducción en el monto de la pensión que corresponde al régimen complementario que reciben quienes ya estaban jubilados.

Por otra parte, la investigación descartó que Popular Pensiones tuviera pérdidas de ¢545.000 millones en el primer trimestre de 2022.