Inmuebles adquiridos por BCR SAFI están bajo estudio tras denuncia de inversionistas

Los bienes adquiridos en los últimos años por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) son sometidos a estudio por parte del ente financiero a raíz de solicitudes enviadas por diferentes inversionistas de los fondos, por supuestas anomalías que pudieron ocurrir en los procesos de compra.

Douglas Soto, gerente general del BCR, aseguró que atendieron las inquietudes de quienes confiaron su dinero a su subsidiaria y están en un proceso de análisis de todos esos negocios, sin especificar desde qué año se está haciendo esa investigación.

"Se tomó la decisión de revisar todas las compras que la SAFI ha hecho, (…) está en estudio de momento", confirmó.

Esto surgió debido a los múltiples cuestionamientos que recibe la SAFI desde que compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a inicios del 2020, pues se desembolsaron $70 millones a la sociedad 3-101-764316 S.A., del exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales y el último avalúo hecho a inicios del 2024 tasó el inmueble en $28 millones.

Los inversionistas han solicitado al banco revisar otras compras, principalmente las que se hicieron a sociedades ligadas con Vargas Corrales, pues no tienen certeza de si manejó adecuadamente el proceso de adquisición, debido a que se habló de un mismo modus operandi similar al del PEP en algunos negocios.

"Es una afirmación de los inversionistas sobre el modus operandi que no voy a opinar en realidad, ellos consideran y es muy respetable. Si se presentara alguna contingencia con otras propiedades, tendríamos que ver qué resuelve la Superintendencia, recuerde que esto es un mercado de bienes raíces, los precios suben y bajan dependiendo de la oferta, la demanda, el mercado y para qué se ocupan. Después de la pandemia la oferta de oficinas se quedó incrementada porque el teletrabajo se implementó como una realidad y eso afecta valores, ese negocio está sujeto a todos esos vaivenes de manera que habrá que considerar. En este momento no tenemos ningún tema de modus operandi, porque eso es una afirmación de los denunciantes", dijo Manfred Sáenz, gerente corporativo jurídico de la Sociedad.

Soto dijo que al menos dos de los inmuebles mencionados por los perjudicados, que se ubican en la Uruca, "han mantenido el mismo precio", por lo que descarta que con esos particularmente exista algún problema respecto al valor real de los mismos.

"Esos otros bienes no han sido perjudicados en las valoraciones de los peritajes", dijo.

Los agraviados por la compra del PEP reclaman a la SAFI y exigen recuperar los $42 millones que perdieron con el último avalúo hecho al PEP, ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas.

Douglas Montero, gerente de la Sociedad, dijo que están trabajando en mejorar las condiciones y utilidades del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), el cual adquirió el PEP.

Montero asumió la gerencia hace dos meses y asegura que pronto se verán los resultados del trabajo reflejados en rendimientos.

"Roma no se construyó en un día", dijo.

La transacción del inmueble denominado Parque Empresarial el Pacífico, propiedad del FIIND, está siendo investigada dentro de una causa penal abierta por parte de las autoridades competentes, según expediente 21-000209-1218-PE, donde se indaga posible administración fraudulenta, destrucción de equipos del banco y comprar con sobreprecio del inmueble.

Precisamente el pasado 17 de julio la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) desarrolló una diligencia judicial en las instalaciones del Parque del Pacífico (PEP), como parte de una investigación penal que se realiza para determinar si hubo actos ilegales o no por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) al momento de adquirir el inmueble.

La Sugeval mantiene investigaciones y procedimientos administrativos en curso relacionados con "las compras de inmuebles efectuadas por esa entidad para sus fondos (SAFI)", mientras que de manera complementaria se han solicitado acciones respecto a situaciones
particulares encontradas en el proceso de supervisión", señaló la superintendencia.

Acciones ante posible deterioro

Por los problemas que ha enfrentado la SAFI, en razón de las investigaciones abiertas en la vía penal y administrativa, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en el oficio SGV-R-128-2024 ordenó al BCR ejecutar seis acciones concretas para rescatar a la SAFI.

Una de ellas es aportar ¢22 mil millones de capital social a su subsidiaria BCR SAFI para "garantizar la continuidad de la sociedad administradora en el largo plazo y así proteger a los inversionistas actuales y potenciales inversionistas que participen de los fondos de inversión que ella administra".

"Dado que los procesos judiciales y administrativos citados están en curso y que el Parque Empresarial del Pacífico continúa como un activo del fondo bajo administración y responsabilidad de BCR SAFI, existe la contingencia real de que BCR SAFI tenga un impacto derivado del ajuste en el valor del bien inmueble, que debe ser atendido con recursos de la sociedad, en el momento que corresponda y sobre el importe que se determine finalmente", señaló la Sugeval.

Douglas Soto, gerente general del BCR, dijo que acatarán las instrucciones giradas por la superintendencia y este viernes 26 de julio anunciaron que aportarán ese capital "una vez que sea aprobado el presupuesto extraordinario para tal fin".

El traslado de fondos para fortalecer a la SAFI se debe realizar a más tardar al 31 de diciembre del 2024.

Precisamente ese monto de capitalización se acerca los $42 millones que significó la pérdida tras el último oficial realizado sobre el precio actual del complejo de bodegas ubicado en Caldera.

Si comparan esos ¢22 mil millones con las utilidades representarían un 89% de lo registrado como ganancia en el primer semestre del 2024, que son ¢24.500 millones, sin embargo, ese dinero saldrá de otros fondos que no afectarán la operatividad del banco.

"No se toma del flujo corriente de las operaciones corrientes del banco, se toma de inversiones transitorias, por lo que la afectación es casi ninguna, esto fortalece patrimonialmente a la Sociedad", dijo Soto.

Estas son las medidas solicitadas por la Sugeval:

• Utilizar las utilidades retenidas de BCR SAFI para reforzar su capital social, a más tardar al 31 de diciembre del 2024.
• No distribuir dividendos a sus accionistas.
• Solicitar al Banco de Costa Rica (BCR) aportes de capital social en BCR SAFI hasta por ₡22.000 millones, a más tardar al 31 de diciembre del 2024.
• Mantener dichos aportes de capital en inversiones de alta calidad crediticia.
• Presentar un informe de auditoría externa sobre las provisiones por pagar y registrarlas cuando correspondan, producto de procesos judiciales y administrativos o por la disposición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
• BCR SAFI realizará el registro oportuno de las provisiones por pagar en el momento en que se presentan las condiciones requeridas en la normativa vigente para su registro.

Unebanco pidió abrir proceso

El sindicato del BCR (Unebanco) solicitó el pasado mes de junio abrir un proceso administrativo interno para dilucidar la verdad de lo que sucedió con el PEP y tener transparencia con "el accionar del gerente general Soto y cualquier otro funcionario que pudo estar involucrado".

Fue en julio cuando la junta directiva acordó instruir un asesor jurídico para brindar criterios sobre la apertura del procedimiento y les notificaron elegirían un
órgano compete en estos casos puntuales.

"Con esto Unebanco le exige a la Junta Directiva de la institución tomar decisiones y acciones concretas sobre este asunto, en aras de no permitir impunidades, tal y como las autoridades del Banco de Costa Rica lo hacen con los trabajadores cuando ellos cometen errores o faltas en su labor y siendo la Junta Directiva la llamada a regular y resguardar la imagen, así como el patrimonio de la institución, le corresponde ejemplarizar con acciones congruentes con su condición de superior, conforme los dispone la ley constitutiva del BCR", señalaron en un comunicado.