Instituciones trabajan en ley para proteger a consumidores financieros

(CRHoy.com).- Diversas instituciones del sistema financiero costarricense trabajan en la creación una nueva Ley de Protección al Consumidor Financiero, el cual está en una etapa avanzada dentro del proceso de elaboración.

Rocío Aguilar, superintendente de Pensiones y de Entidades Financieras, manifestó tras una consulta de CRHoy.com que actualmente las Superintendencias de Pensiones (Supen), de Entidades Financieras (Sugef), de Seguros (Sugese) y de Valores (Sugeval) están trabajando de manera conjunta entre sí y también con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Banco Central (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para la creación de esta nueva ley.

Este proyecto surge como parte de los compromisos asumidos por el país en el momento de afiliarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde Costa Rica se comprometió a crear una ley que se encargue de proteger específicamente al consumidor financiero.

Cabe mencionar que diversos expertos consideran esta ley como una necesidad, principalmente ante los casos de estafas que en días recientes se presentaron en el país.

De acuerdo con Aguilar, todas estas instituciones trabajan en un proyecto que "incorpora las posiciones de las partes interesadas en este tema, tratando de ajustar los principios de OCDE a la realidad del país".

Este proyecto busca lograr una conducta responsable, idoneidad del producto financiero, transparencia y también elementos como protección de datos del consumidor, manejo interno de quejas y reclamaciones, y también protección contra el fraude y el uso indebido de los activos del consumidor financiero.

Aguilar declaró que:

La protección al consumidor financiero requiere necesariamente de esfuerzos estatales para promover un mercado de servicios financieros desarrollado, seguro, justo, sostenible e inclusivo, incluyendo el buen trato para el consumidor. Dentro de esas actividades están las acciones que promuevan la información, educación y concientización financiera, la lucha contra el fraude, la formalidad de los proveedores, la innovación en beneficio de los consumidores, la inclusión, la sostenibilidad, la competitividad y los sistemas accesibles y eficientes de atención externa de quejas, reclamaciones y compensación.

La carencia de esfuerzos en esa línea limita el aprovechamiento de los servicios financieros principalmente de los grupos vulnerables, generando un trato injusto y no equitativo para ciertos sectores poblacionales y por ende limitando la efectividad de un esquema de protección al consumidor financiero.

Según explicó la exministra de Hacienda, esta ley tendrá un enfoque principalmente en el uso de medidas preventivas y correctivas antes de aplicar sanciones.

Esto se pretende realizar de manera que se cree un régimen general que incluya a todos los consumidores de diversos tipos de servicios financieros y se aplique a todas las actividades contempladas dentro del alcance de las competencias que tienen las superintendencias y otras autoridades definidas en el proyecto. Esto aplicaría tanto para aquellos proveedores que están actualmente supervisados por las superintendencias financieras como para los proveedores de servicios y productos de crédito que no están regulados ni supervisados por ellas.

Además, este proyecto incluye también un grado de participación del Banco Central para cumplir esa misma función con respecto al sistema de pagos.

En cuanto a las quejas y reclamos, este proyecto propone que los proveedores de servicios financieros deben poner a disposición del consumidor un mecanismo interno de atención y compensación, y en caso de que persista la insatisfacción, el consumidor tendrá acceso a un mecanismo externo. Aguilar manifestó que ambos mecanismos deberán ser ágiles, transparentes, sencillos y gratuitos.

Finalmente, la jerarca aseguró que el documento de dicha ley se encuentra muy adelantada y se espera que en los próximos meses se esté presentado ante la Asamblea Legislativa para continuar con el trámite para su aprobación.