Las 6 grandes recetas pendientes para sanear las finanzas públicas
Reforma fiscal fue apenas un paso. Hay pendientes mejoras en empleo público, en recaudación tributaria y en mejora de los servicios, entre otros aspectos
(CRHoy.com) Costa Rica mantiene seis grandes pendientes que le han impedido sanear sus finanzas y con ello dejar atrás los tiempos de agobio presupuestario.
El desorden en el manejo de los presupuestos es tal que la Contraloría General de la República decidió no avalar la liquidación del presupuesto de la República y la Asamblea Legislativa acumula al menos tres años en que ni siquiera ha entrado a discutir esos informes para atender las recomendaciones y realizar propuestas de cómo mejorar.
En general, los presupuestos no cumplen con los objetivos de los planes de desarrollo aprobados, son desequilibrados (son más los gastos que los ingresos), presentan elevados riesgos a nivel de endeudamiento, hay una elevada inflexibilidad en el gasto (debido a que muchas partidas están comprometidas por ley) y -para colmo- la recaudación tributaria se ha desacelerado.
Solo el presupuesto de 2018 representó un plan de gastos total por ₡9,2 billones, considerando deuda y transferencias, contra ingresos por ₡9 billones de los cuales solo ₡4,9 fueron corrientes (el resto endeudamiento).
Según la contralora general Marta Acosta, es necesario poner atención a varias recomendaciones. La receta es conocida, consiste en seis grandes pendientes que según la funcionaria son necesarios atender con prontitud, de lo contrario, los problemas financieros del país seguirán agravándose.
1. Revisión profunda del gasto y del proceso de recaudación de impuestos
El crecimiento del gasto ha sido constante en el gobierno central. Durante las últimas dos décadas esta tendencia no ha cambiado, pero existe un agravante: Entre 2000 y 2008 las condiciones se mantenían mas o menos equilibradas entre ingresos corrientes y gastos corrientes.
Es decir, el gobierno venía produciendo recursos y los gastaba casi en la misma proporción, haciendo menor la presión sobre el endeudamiento.
Esto generaba un relativo equilibrio, que incluso en 2008 concluyó con un presupuesto superavitario; o sea, no se gastó todo lo que entró ese año.
Pero desde entonces la situación se ha venido agravando. Lo que se gasta se ha vuelto más pesado que lo que se genera, al punto que en 2018 se terminó con un déficit del ₡1,6 billones.
Este gráfico presentado en el dictamen de liquidación presupuestario por parte de la Contraloría General de la República, refleja el problema:
Para la Contraloría es urgente revertir estas líneas a una condición de equilibrio. La aplicación de la regla fiscal a partir del próximo presupuesto es una herramienta importante, por ello Marta Acosta cuestionó el miércoles anterior ante diputados de la comisión de Hacendarios, que haya intenciones de legisladores por eximir de ese cumplimiento a entidades como las municipalidades y las universidades.
La regla fiscal limita el crecimiento del gasto y lo mantiene atado a aspectos como el nivel de endeudamiento e ingresos.
Paralelamente, otro aspecto que preocupa es la recaudación tributaria. Se pasó en 2016 de un 13,39% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 13,17%. Es decir, se está recaudando menos, producto de la contracción en sectores como el automotriz, construcción y a la exclusión de sectores relacionados con servicios.
Este último punto en teoría debería cambiar con la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a partir de este mes; sin embargo, el llamado de atención es para que se mejoren los procesos recaudatorios y se reduzca la evasión.
2. Revisión de los destinos específicos
En 2018 el monto ejecutado por concepto de destinos específicos alcanzó los ₡3.887.836 millones. Esto representa un 11,2% del PIB y un 85,1% del presupuesto.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda existen un total de 153 destinos específicos, de los cuales 150 están en un total de 39 leyes. Los tres restantes son parte de la Constitución.
Si se toma en cuenta que este monto representa el 11,2% del PIB y los ingresos tributarios fueron del 13,7% del PIB eso significa que el gobierno solo tuvo un 1,9% del PIB (₡679 mil millones) para poder atender las restantes obligaciones.
El llamado del ente contralor es primero para revisar la idoneidad de todos los destinos específicos y la manera en cómo se financia cada sector. Por ejemplo el sector educación es el que más peso tiene, pero en 2018 aunque no se le dio todo el 8% del PIB que establece la ley, las entidades del área ni siquiera lograron ejecutar por completo el dinero que se les dio, quedando como no ejecutado más de ₡223 mil millones.
En total, de todos los destinos específicos presupuestados, hubo un total de ₡418 mil millones que se subejecutó.
"Los destinos específicos se han establecido sin considerar principios fundamentales de gasto público… Es necesario avanzar en reformas integrales que se orienten al ordenamiento de esta temática, y a la aplicación de principios fundamentales del gasto", exhortó el Órgano Contralor.
Estos cambios tienen que ver evitar anclarlos al crecimiento de la economía o de los impuestos, asegurar una fuente de financiamiento y establecer temporalidades o fechas de caducidad para cada uno.
3. Simplificación esquemas remunerativos
El año anterior el gobierno central utilizó ₡5.722.743 millones en pagar salarios. Esto fue un 4,5% más que en 2017.
Los últimos dos años el crecimiento fue mayor a la inflación, o sea ha presentado aumento en términos reales.
Pero el mayor problema es el desequilibrio en los esquemas remunerativos que ocasionan que se pague más por incentivos que por el salario base.
Hay instituciones donde el pago de incentivos incluso duplica al de las remuneraciones básicas, como por ejemplo la Junta de Protección Social, el Instituto Costarricense de Turismo y la Refinadora Costarricense de Petróleo.
Para la Contraloría los cambios aplicados en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas son un avance, como los topes a las cesantías y las anualidades.
Pero está pendiente una reforma integral al empleo público, sobre la cual el actual gobierno de Carlos Alvarado ya quitó el pie del acelerador para dar prioridad a la reforma sobre Japdeva.
4. Revisión de las exoneraciones
La última contabilidad realizada por Hacienda daba cuenta de un total de 226 leyes que permitían exoneraciones en 20 tipos de impuestos.
Más de ₡82 mil millones se dejaron de cobrar en 2016 solo en relación al anterior impuesto de ventas.
Con el nuevo impuesto al valor agregado se permitieron algunas exoneraciones y cobros diferidos, pero según la Contralora se debe tener cuidado con las aprobaciones que realizan los diputados.
Se debe hacer una revisión de las exoneraciones vigentes en todos los tributos y aquellas que ya no tienen razón de ser. Además, si en el futuro se discute una nueva exoneración, la recomendación es que ésta conlleve algún elemento de revisión futura para poder derogarla de ser necesario, o bien de temporalidad.
5. Mejorar ejecución de proyectos de inversión
Al 31 de diciembre de 2018 Costa Rica había adquirido créditos con bancos y organismos internacionales por el orden de $4.085 millones para realizar proyectos de inversión y obra pública, que van desde carreteras y mantenimiento vial hasta mejoras en acueductos, entre otros.
Sin embargo, muchos de ellos presentan importantes atrasos, con plazos de ejecución que aún se mantienen en 0%.
Esto ha generado el pago de al menos $10 millones en comisiones.
El llamado de atención es para el Ministerio de Planificación y Hacienda para que coordinen mejor sus prioridades.
Otro elemento tiene que ver con las compras públicas. En 2018 se ejecutaron ₡4.340.801 millones, un 2,9% más que en 2017, pero también con un bajo nivel de ejecución. del 73%.
6. Promoción eficiencia de servicios públicos
6. Promoción eficiencia de servicios públicos
La implementación de herramientas que permitan mejorar la eficiencia, en especial en los servicios públicos es también parte de la receta de la Contraloría para mejorar el esquema presupuestario y reducir los riesgos financieros del país.
Muchos de los planteamientos que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo no son finalmente cumplidos, lo que indica que a lo largo del año cada entidad se separa del camino establecido, sin que exista un proceso de evaluación adecuado al final.
Las municipalidades no escapan a esta obligación. el programa de servicios comunales, presentó una ejecución del 79% y áreas de inversión como mejoras a la red vial cantonal quedaron sin ejecutar más de ₡2 mil millones.
"Las municipalidades están llamadas a promover el desarrollo local de la comunidad ya prestar servicios básicos a las personas…es pertinente que orienten esfuerzos a mejorar en forma continua su capacidad de gestión", concluye el informe contralor.