Mideplán apela informe de Contraloría sobre deficiencias en implementación de empleo público

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) apeló un informe sobre una auditoría especial realizada por la Contraloría General de la República (CGR), la cual concluyó que esa cartera ha incumplido con emitir políticas públicas, programas y planes de empleo público.

"Tras un análisis técnico de dicho documento, el Ministerio presentó, el 13 de noviembre, recursos de revocatoria y apelación en subsidio ante la CGR, conforme con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública.  Estas gestiones se realizaron dentro de los plazos legales, mediante los mecanismos procedimentales correspondientes y con base en elementos técnicos, jurídicos y hechos concretos", informó Mideplán.

En los recursos presentados, en las sesiones convocadas por la CGR y en los documentos remitidos, Mideplán indicó que, en el marco de la política vigente de saneamiento de las finanzas públicas y, por ende, de la aplicación de la denominada regla fiscal, no ha sido jurídicamente procedente la emisión de una declaración anual de política de remuneración para los ejercicios 2024 y 2025 que pretendiera modificar los salarios, incluidos los salarios globales recientemente establecidos.

Argumentó que esto se debe a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dispone, en su artículo 13, inciso d), que cuando la deuda pública alcanza o supera el 60 % del producto interno bruto (PIB), se restringe de manera obligatoria la posibilidad de hacer ajustes por concepto de costo de vida en el sector público.

"En consecuencia, cualquier intento de variar los salarios en los años 2023, 2024 y 2025 contravendría de manera expresa dicha disposición normativa", señaló Abel Jiménez, coordinador interinstitucional de Empleo Público del Mideplán.

El Ministerio indicó que, para el año 2026, como resultado del esfuerzo sostenido en materia de contención del gasto, se alcanzó un hito relevante al reducirse la relación deuda/PIB por debajo del umbral del 60 %. Esto habilita la preparación de la política de remuneración, la cual se ha venido desarrollando con la participación de los actores competentes y bajo los criterios legales y objetivos previstos en el artículo 36 de la Ley Marco de Empleo Público, sin que ello implique incumplimiento alguno en el plano temporal.

Mideplán también aseguró que, con base en una metodología y en los instrumentos revalidados técnica y jurídicamente, conforme al artículo 31 de la Ley Marco de Empleo Público, desde 2023 se oficializaron los salarios globales para los puestos y personas ubicados en las distintas familias laborales definidas por dicha ley.

Asimismo, ha enfatizado ante el órgano contralor que la implementación de la Ley Marco de Empleo Público constituye uno de los cambios jurídicos más relevantes en materia de empleo público en décadas y que su aplicación no se limita a un esfuerzo puntual, sino que implica obligaciones y competencias permanentes para el ministerio y las demás instituciones llamadas a gestionar el recurso humano. Ello conlleva la responsabilidad continua de evaluar el sistema, analizarlo y adaptar sus instrumentos, políticas y lineamientos conforme con el contexto y las necesidades institucionales.

También aclaró que, en apego al Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público, a los canales y competencias de las distintas instancias responsables de brindar asesoría técnica y jurídica, se ha procurado mantener un esquema de distribución equilibrada de funciones.

Puntualizó que Mideplán, la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) ejercen sus competencias de asesoramiento técnico en materia de gestión del empleo, sin menoscabo de las atribuciones propias de otros órganos, como la Procuraduría General de la República (PGR).

Se expuso, además, que durante 2023, 2024 y hasta agosto de 2025, solo Mideplán atendió más de 2.000 consultas y criterios técnicos en diversas instituciones públicas, como evidencia del esfuerzo sostenido para armonizar la aplicación de la ley. Esto se suma a la proyección en la generación de planes, políticas y lineamientos que, desde la entrada en vigencia de la ley, se han previsto y que se espera concretar con la intervención de las instituciones responsables en sus respectivos ámbitos de acción.

Los recursos presentados se encuentran en análisis por parte de la Contraloría.