Nueva ley sobre estafas electrónicas puede encarecer el crédito, advierte experta
Billetes en colones costarricenses. Foto: Archivo CRH/Con fines ilustrativos
Ximena Araya, gerente general de Niubox Legal Costa Rica, una firma consultora en derecho, tecnología y estrategia de negocios, aseguró este jueves que la nueva ley sobre estafas electrónicas, aprobada anoche por la Asamblea Legislativa, puede encarecer los créditos que otorgan las entidades financieras.
Reconoció que la normativa responde a una preocupación real: el aumento de las estafas electrónicas y de los fraudes en los canales digitales del sistema financiero, un fenómeno que ha venido creciendo conforme se expanden los servicios de banca digital.
En ese contexto, señaló que el legislador busca reforzar la protección del consumidor financiero, pero introdujo un cambio jurídico relevante al invertir la carga de la prueba.
Esto implica que, ante una transacción fraudulenta, será la entidad financiera la que deberá demostrar que sus sistemas de seguridad, autenticación y monitoreo funcionaron correctamente.
¿Quién lo paga?
Los costos de mantener servicios financieros —como incrementar las capacidades de prevención, monitoreo y análisis del fraude digital, así como realizar mayores inversiones en tecnología, ciberseguridad y gestión de riesgo— aumentarán debido a nuevas obligaciones regulatorias.
Las entidades trasladarán esos gastos a través de tasas de interés más altas y otros costos, como seguros.
"Trayéndolo a la realidad costarricense, un empresario que solicite un crédito podría terminar pagando más no por su riesgo, sino porque el banco debe provisionar recursos adicionales para investigaciones y funciones que hoy no realiza. Eso impacta el acceso al financiamiento, la capacidad actual de las entidades bancarias y nuestra competitividad en general", explicó.
Desde la perspectiva de la economía digital, esta normativa refleja cómo los riesgos tecnológicos están redefiniendo la distribución de responsabilidades dentro del sistema financiero.
"El reto regulatorio será equilibrar la proporcionalidad en los estándares según la capacidad institucional y aplicarlos al contexto costarricense, mientras se fortalece la protección del usuario frente al fraude digital y a los altos costos de financiamiento", agregó.
La nueva legislación ha sido cuestionada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (CBF) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).