Sugiere atender crisis desde diversos ámbitos

Nuevos impuestos: La propuesta de la UNA para negociar con el FMI

Gerardo Ruiz R. [email protected] Septiembre 29, 2020  11:12 am

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  • Académicos afirman que lo primero debería ser un agresivo plan de reactivación económica y de reestructuración del Gobierno
  • Proponen aumento y creación de impuestos pero afirman que propuesta es más progresiva porque no perjudica a clases bajas

(CRHoy.com).- La Universidad Nacional (UNA) hizo este martes una propuesta al Gobierno para que fortalezca sus ingresos rumbo a una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un nuevo crédito por $1.750 millones.

Según los economistas Roxana Morales Ramos y Olman Segura Bonilla, la propuesta que hizo la UNA se distingue de la que hizo el Gobierno hace un par de semanas porque es más progresiva e integral.

El primer punto de la hoja de ruta de la “Propuesta al Estado para la generación de ingresos en el marco de la coyuntura sanitaria COVID-19” es la modificación al impuesto sobre la renta en el que la casa de estudios superiores propone, en el caso de las personas físicas, asalariados y pensionados, y trabajadores liberales con actividad lucrativa, incrementar un tramo en el impuesto sobre la renta que obligue a pagar una tasa de un 30% a aquellos que tengan ingresos mayores a ¢25 millones. Actualmente, la tasa del tributo está en un 25% para ingresos superiores a ¢4 millones.

Para los asalariados y los pensionados, la UNA propone aumentar el impuesto para los dos últimos tramos del impuesto sobre la renta.

En este caso, proponen un aumento de 5 puntos porcentuales en la tarifa para los tramos 3 y 4, temporalmente, y que grava los salarios superiores a los ¢2.163.000.

“Es decir, una persona que perciba un salario de ¢3 millones por mes aportaría un adicional de renta de ¢41.850 por mes”, ejemplificó Roxana Morales. Ella aclaró que el aumento del impuesto sería por 12 meses.

Impuesto a transacciones: sí pero más progresivo

Igual que el Gobierno, la UNA también se inclina por crear un impuesto sobre las transacciones financieras.

La diferencia con la propuesta del Poder Ejecutivo, que provocó fuertes rechazos, es que el impuesto solo se cobraría a operaciones bancarias superiores a ¢1.000.000, con la misma tasa que sugirió el Ministerio de Hacienda, de 0,3%.

Además, los académicos proponen que se exoneren de este tributo los depósitos de planillas y los retiros de efectivo en los cajeros automáticos.

Para las ganancias de capital, la UNA propone un aumento de renta del 15% actual a un 18% durante 12 meses.

La propuesta incluye un aumento del 8% a un 10% para el rendimiento por títulos valores en moneda nacional, para los títulos valores emitidos por las cooperativas y para los excedentes  las utilidades pagadas por las asociaciones solidaristas, cooperativas y otras.

En el caso del impuesto a las sucesiones, se cobraría una tasa de un 10% a aquellas sucesiones o herencias que sumen más de ¢100 millones.

Las bebidas alcohólicas también figuran en la propuesta tributaria de la UNA. En este caso, se propone aumentar en ¢0.25 el impuesto por cada mililitro de cerveza y ¢o,30 por cada mililitro de otras bebidas alcohólicas, de manera temporal por 12 meses.

“Por ejemplo, una lata de 355 ml pagaría un impuesto adicional de ¢88,55”, explicó Morales.

Zonas francas figuran en la propuesta

La economista también anunció que en la hoja de ruta de la Universidad figura solicitarles, por una única vez, una contribución voluntaria a las empresas instaladas en el régimen de zonas francas equivalente a un 1% de la renta bruta de aquellas empresas cuyo ingreso sea mayor a los $500 millones mensuales o su equivalente en colones.

Olman Segura, economista y exrector de la UNA, planteó en la propuesta otras fuentes de financiamiento del Gobierno distintas a más impuestos.

El académico indicó que el Gobierno debe considerar incluso el uso de un 20% de las reservas monetarias internacionales, como una última opción en caso de fallar las negociaciones con el FMI. El porcentaje de reservas que menciona la UNA equivaldría a $1.600 millones que se inyectaría a las arcas públicas.

“Solo recomendamos acudir a esta opción en caso de una emergencia mayor, como en el caso de que tengamos problemas en la negociación con el Fondo Monetario Internacional”, mencionó Segura.

Una alternativa a esta fuente de financiamiento sería la emisión de bonos de emergencia que haría el Ministerio de Hacienda por $1.600 millones a tres años plazo y que compraría el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La UNA planteó que el Gobierno debería echar mano a los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Segura planteó que el uso de un 30% o un 40% de esos recursos le proporcionaría al Gobierno entre  ¢61.200 millones o ¢81.600 millones, respectivamente.

Segura también planteo la necesidad de que el Ministerio de Hacienda elimine las exoneraciones tributarias, que actualmente equivalen a un 5,57% del producto interno bruto (PIB), es decir, unos ¢2 billones.

“Se deben revisar para identificar cuáles son las que se podrían eliminar o reducir a la mitad, lo cual generaría ¢1 billón anuales”, afirmó.

En cuanto a la deuda pública, el economista urgió al Gobierno a solicitar una moratoria total o parcial en el pago de intereses y amortizaciones de la deuda que el país tiene que organismos financieros multilaterales. Esa moratoria, se aplicaría durante 36 meses.

La reestructuración de la deuda pública, dijo el académico, también es indispensable para que el Gobierno sorteé la crisis de sus finanzas. Segura recordó que la deuda pública interna es aproximadamente un 48% del total lo cual facilitaría una negociación con las instituciones, fondos de pensiones y bancos.

“Se deben aumentar los plazos y reducir las tasas de interés que obligan tantísimo al Gobierno”, comentó Segura.

La UNA también sugirió que el Gobierno debe atacar con más armas y herramientas la evasión y la elusión fiscal, algo que, en criterio de la casa de estudio, es urgente.

La Contraloría General de la República determinó en el 2018 que solo en el impuesto de ventas se estimaba en ¢650.000 millones la evasión. Esto implica un monto muy importante, casi igual que las exoneraciones y creemos que estos dos deben ser elementos fundamentales y no decorativos en un plan de reforma”, estimó Segura.

Los expertos manifestaron que el primer paso que debe dar el país antes de pensar en nuevos impuestos es una ruta clara para reactivar la economía, pues así se generaría una mayor recaudación de impuestos.

Asimismo, la Universidad consideró que el Gobierno debería de brindar un informe especial a la ciudadanía sobre el uso que le dé a los nuevos recursos que ingresen a sus arcas producto de la reforma tributaria, que plantea como urgente para salir de la crisis fiscal que agravó el COVID-19.



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