OCDE avala acciones de Costa Rica en protección al consumidor
(Daniela Abarca)
El Comité de Políticas al Consumidor de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó el ingreso de Costa Rica a dicha Organización.
Esta aprobación se debe a la reforma parcial al Reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472, con el fin de ajustar la regulación nacional a prácticas internacionales sobre comercio electrónico.
Como parte del proceso se realizó una consulta pública, con varias jornadas de negociación y diálogo con diversos sectores, en especial el de proveedores en línea.
"Este fue un proceso complejo, pues fue la primera regulación del país en torno al comercio electrónico", dijo Geannina Dinarte, ministra de Economía.
En este caso se contó con la colaboración de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para la sensibilización de los sectores y la divulgación de la reforma participando en diversos foros y reuniones.
También se creó el Observatorio de Comercio Electrónico que monitorea sitios web con el objetivo de detectar prácticas comerciales fraudulentas y publicidad engañosa y busca desarrollar campañas de sensibilización en materia de comercio electrónico.
En caso de ser necesario, se emiten prevenciones, para corregir la información; si el comercio no cumple se inicia un proceso de denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor, que podría acarrear la imposición de multas a la empresa.
Gracias a su implementación, de mayo a octubre, se han visitado 725 sitios Web, dentro de los cuales se marcaron 30 para seguimiento y se realizaron 15 prevenciones.
Otra de las mejoras es el tema de resolución de controversias y atención de denuncias, por medio de la introducción de mediaciones colectivas, que buscan reunir la mayor cantidad de consumidores afectados por una misma conducta.
También trabaja en la creación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor que establecería mecanismos claros de coordinación entre los diferentes reguladores, la sociedad civil y la Dirección de Apoyo al Consumidor.