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Perfil de endeudados complica que créditos de salvamento impulsen reactivación económica 

Mecanismo no garantiza que sobreendeudados busquen nuevas opciones de financiarse en el mercado informal

Por Luis Valverde | 31 de Oct. 2019 | 12:08 am

(CRHoy.com) Aunque por un lado el gobierno defiende que los créditos de salvamento aliviarán las condiciones de las familias más endeudadas y eso repercutirá en una reactivación económica, lo cierto es que el perfil de los ciudadanos que mantienen elevados niveles de endeudamiento complican que esto ocurra así.

La idea es que la gente pueda tener a fin de mes un poco más de dinero libre para utilizar en consumo y no en el pago de las cuotas de sus deudas. Más gasto en consumo llevaría a mejorar los indicadores de crecimiento económico.

En la teoría suena bien, pero en la práctica no tanto. El problema es que por el perfil de la gente endeudada que se vería beneficiada, existiría poco peso para poder dinamizar los indicadores económicos.

Actualmente la población ocupada es de 2,1 millones de personas, de los cuales 1,8 millones son del sector privado.

De acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),  de toda esa población ocupada solo un millón y medio son asalariados; es decir, cuentan con uno de los requisitos principales establecidos en el plan de salvamento como lo es poseer un trabajo estable y formal en planilla, de la cual se le deducirían las cuotas.

Esto ya reduce de golpe la eventual población a beneficiar.

Pero hay más. De este millón y medio de asalariados hay 113 mil que dicen no tener un trabajo permanente y del total casi un millón tiene como ingresos reportados el equivalente a dos salarios mínimos; es decir, deben pasar el mes con menos de 400 mil mensuales.

Es decir, debido a que se trata de una población con ya de por sí un bajo nivel de ingreso total, aun y cuando se le dé mayor oxígeno con una mejora en sus cuotas, su nivel de gastos no sería tan importante como para hacer mover la aguja de la reactivación económica a gran escala.

"Las personas que van a estar entrando al plan no son de una magnitud tan grande como para llenarse la boca y decir que habrá reactivación económica", afirmó el economista Daniel Suchar.

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Riesgo de recaer

No es el único elemento a considerar. El plan de créditos de salvamento establece la obligación de declarar todas las deudas al Centro de Información Crediticia (CIC) y a cumplir con un programa de educación financiera para que el cliente pueda aprender a mejorar sus finanzas.

No podrá además solicitar nuevos préstamos al menos hasta que cumpla con el pago de la mitad de su crédito o haya pasado la mitad del plazo.

Esta condición es ya en sí misma una limitante para que el cliente bancario pueda colaborar en la reactivación económica ya que se le cierra la puerta a adquirir créditos de consumo que son de corto plazo y se le amarra a uno de largo plazo. Implica que si firma un salvamento por 15 años, deberá abstenerse de contraer créditos en al menos siete años y medio, mientras cualquier crédito de consumo se paga entre tres y cinco años.

Pero además, aunque el cliente queda imposibilitado de acudir a entidades formales a pedir créditos, no existe garantía de que pueda hacerlo en el sector informal, incluso sin que esta información sea de conocimiento del CIC.

Es decir, se podría estar promoviendo o facilitando las condiciones para que la gente acuda al sector informal a satisfacer sus necesidades de financiamiento de más corto plazo.

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Es aquí donde ya algunos sectores y entidades financieras han comenzado a ver un riesgo. La calificadora internacional Moody's alertó del riesgo de que el plan de salvamento significa para los bancos del Estado.

A estos se les estaría poniendo en condiciones de tener que asumir una cartera que ya presenta elevados riesgos, y que a futuro no se reducirán sino que sumará nuevos, como el eventual fortalecimiento del sector informal.

La bola de nieve que se estaría creando podría conllevar a elevar aún más los índices de morosidad y de deudas con atrasos mayores a 190 días.

Las cifras actuales de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ya muestran un deterioro de este indicador en los últimos años.

 

La preocupación de Moody's se complementa a la posición en contra de la iniciativa dada a conocer el martes por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac).

"Afecta de forma directa e indirecta, por el encadenamiento de todo el Sistema Financiero Nacional. Si una deducción no se aplica al salario, y la persona no paga directamente en la entidad ("ya que lo están enviando a consumir"), se afecta negativamente su calificación como deudor y sus posibilidades como sujeto de crédito en el Sistema Financiero Nacional. Asimismo, impacta en la morosidad de la entidad que le facilitó el financiamiento creando un efecto de contagio a nivel de Sistema Financiero Nacional. Limitar la deducción de créditos de los salarios de forma generalizada tendrá una afectación sobre el deudor, la entidad financiera y el sistema financiero nacional", indicó la entidad, mediante un comunicado.

A pesar de las preocupaciones el gobierno está convencido de lo contrario e incluso aseguró que promoverá ver cómo incluye a los no asalariados.

"No es riesgo, todo lo contrario, lo construimos de manera conjunta con banca estatal (…) Lo de Moody's es una llamada de atención acerca del perfil de los beneficiarios; no obstante, dentro de la directriz, el requisito señala que se deben cumplir con los mismos requisitos de entidad financiera (…) más bien se reduce posibilidad de que los deudores caigan en mora, no hay que tener miedo con el perfil de las personas", dijo la ministra de Planificación María del Pilar Garrido, ea través de una transmisión por Facebook Live desde el perfil del presidente Carlos Alvarado, explicando los alcances de la iniciativa.

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