Pese a riesgo, BCR amplió y otorgó millonario crédito a Saret

(CRHoy.com) Para setiembre de 2016, Saret ya reflejaba en sus estados financieros pérdidas netas por $11,5 millones. La crisis, producto de varias situaciones, entre ellas inversiones fallidas en el extranjero hizo que en 2018 pidiera un convenio preventivo ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José.

Pero aunque Saret venía acumulando problemas desde 2016, el Banco de Costa Rica (BCR) aceptó en febrero de 2018 ampliarles hasta el 2035 un antiguo contrato de fideicomiso por más de $19 millones, pese al riesgo de la operación.

Solo seis meses después de ampliado el fideicomiso, Saret pidió el convenio preventivo, dejando al BCR y a otros acreedores en medio de la incertidumbre por recursos no pagados.

Solo en el caso del BCR, el saldo pendiente de Saret asciende a $8.445.709, monto que entró en mora con más de 244 días de atraso desde marzo de 2019.

La relación entre el BCR y Saret inició con firma original del fideicomiso "Grupo Saret-BCR-2008", que más tarde pasaría a convertirse en Fideicomiso de Garantía I-5725-2017.

Documentación en poder de CRHoy revela que el plan de financiamiento original firmado el 14 de febrero de 2008 permitió al Saret acceder de inmediato a ₡1.560.000.000, otorgados en ese momento por el BCR a las sociedades del Grupo. Todas las empresas tienen representación directiva y accionaria de los hermanos Juan Bautista, Luis Mariano, Miguel Angel, Gerardo y Óscar Rafael Ramírez Steller.

Entre 2009 y 2012 el contrato tuvo al menos tres addendums, uno de ellos para la erogación de otros ₡1.560.000.000: las empresas ofrecían propiedades a su nombre para abultar más el monto de la garantía y así eventualmente poder solicitar más dinero.

En julio de 2017, pese a los problemas financieros de Saret, el BCR firmó un cuarto addendum y entregó un crédito por $19.327.609. Y apenas siete meses después -en febrero de 2018- se produjo el quinto addendum.

Esta negociación se originó para sacar de la fórmula del fideicomiso al ahora extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago y establecer a Improsa como fiduciario. El BCR, en su calidad de acreedor, estuvo de acuerdo en ampliar la relación crediticia hasta 2035.

Mientras en febrero el BCR firmó la ampliación del fideicomiso, para mayo ya se vio obligado a recibir varias propiedades a modo de pago, dados los "incumplimientos de obligaciones".

Así consta en una escritura del Registro Nacional en la cual incluso se confirma que para entonces ya existía un saldo moratorio y que el Comité de Crédito de la entidad decidió permitir que se recibieran al menos 16 propiedades, para reducir el saldo de los $19.197.306 a menos de $8 millones.

CRHoy consultó al Banco de Costa Rica sobre la relación que sostenía con la empresa, en especial para conocer si existieron más alertas sobre el riesgo existente, pero esta fue su respuesta:

"El Banco de Costa Rica es respetuoso del ordenamiento jurídico y se encuentra anuente para evacuar cualquier consulta, siempre y cuando lo permita la Ley. (…) por la naturaleza de la información requerida, no podemos confirmar o negar, si la empresa citada o cualquier otra es o no cliente del Banco y mucho menos referirnos a los servicios o productos que podría mantener"

Los problemas de pago llevaron la relación entre Saret y el BCR de la cordialidad a la disputa judicial.

Tres meses después de la cesión de propiedades en favor del BCR, Saret hizo la solicitud de convenio preventivo ante las autoridades judiciales. Una vez establecido el convenio, los arreglos de pago solo pueden realizarse a través del Juzgado, pues compete a esta entidad, con ayuda de un curador, legalizar cada uno de los créditos.

Esta certificación no fue solicitada por el BCR sino hasta febrero pasado. En ese momento dijo que Saret mantenía una mora de 244 días con cerca de $8,4 millones.

Para setiembre de 2018, apenas un mes después de solicitado el convenio preventivo, el BCR le pidió a Improsa, como fudiciario, sacar a remate todas las propiedades colocadas como garantía. Saret intentó detener los remates. Planteó ante el juzgado varios escritos y solicitudes de medida cautelar sin éxito.

En el proceso, el BCR también mostró su molestia porque -a su juicio- Saret estaba realizando arreglos de pago con otros acreedores, a pesar de que esto ya era una tarea que debía pasar por el juzgado. En total, la entidad afirmó que Saret había realizado pagos superiores a los $10 millones; es decir, más que el saldo de la deuda con la entidad estatal.

Al tratarse de una entidad pública, el crédito con el BCR tiene condición de preferente. Es decir, la entidad debe iniciar por pagarle antes que a otros acreedores.

El convenio preventivo se encuentra en su etapa de apelación. Al igual que el BCR otros acreedores han reclamado que Saret ha venido realizando pagos y movimientos accionarios que pudieron haber estado beneficiando a empresas del grupo, en detrimento del resto de acreedores.