Plan de impuesto al salario contradice recomendaciones de organismos internacionales

(CRHoy.com) La propuesta del gobierno costarricense de implementar un impuesto a los salarios mayores a ₡1,1 millones mensuales para ayudar a paliar la crisis que atraviesa el país producto del COVID-19 , contradice todas las recomendaciones otorgadas hasta ahora por organismos financieros internacionales.

Además, la idea tampoco encaja con las medidas adoptadas por los demás países que ya sufren los desequilibrios económicos. Entre los países del continente americano, Costa Rica es el único que ha planteado esta opción.

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial han venido realizando diversas publicaciones donde se incluyen recomendaciones en materia fiscal y monetaria que pueden adoptar los países. En ellos, en vez de promover la creación de impuestos, más bien piden la exoneración, congelamiento o reducción de las tasas impositivas.

En ese campo Costa Rica ha hecho una parte, como fue promover moratorias en los pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), renta y consumo. Sin embargo, al mismo tiempo piensa en aplicar un impuesto al salario y también analiza imponer una nueva tasa impositiva a las bebidas alcohólicas.

En el documento " Medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus", publicado por el FMI, el organismo recalca que se deben buscar estímulos fiscales generalizados y recortes en impuestos en toda la economía que, evidentemente, dependerán de la evolución del shock económico y el espacio fiscal que exista en cada país.

La entidad también ha venido dando seguimiento a lo que realizan todos los países para enfrentar la pandemia, o al menos de aquellos en donde la información fluye de manera normal (existen inconvenientes en naciones como Venezuela, Ecuador e incluso Panamá a nivel regional).

Por ejemplo, de todos los países del continente americano, Costa Rica es el único que habla de colocar nuevos impuestos, al analizar las medidas en materia de política fiscal.

En la mayoría de naciones, incluida Costa Rica, se están tomando decisiones para reducir impuestos sobre las ventas o valor agregado, así como arancelarios. En algunos países se están protegiendo ciertas exportaciones (como las de insumos médicos) y en otros se está incurriendo en mayor endeudamiento.

Usted puede consultarlas en el siguiente mapa:

 

Según Pilar Garrido, ministra de Planificación, la iniciativa todavía es una idea que debe ser afinada.

Uno de los principales problemas se centra en cómo se va a determinar si la persona a la que se le solicita el pago del impuesto no se ha visto afectada de manera indirecta por familiares cercanos a quienes ahora debe apoyar producto de la emergencia.

También se debe determinar el grado de endeudamiento, cargas sociales y nivel de liquidez en general que posea el eventual contribuyente.

"Se está analizando la propuesta para recalibrar los datos con los ingresos líquidos y garantizar que sea una propuesta solidaria y que no venga a generar afectación… es muy complejo… hay mesura, se está haciendo el trabajo técnico", indicó la funcionaria.

Entidades de enseñanza como la Universidad Nacional, mostraron su preocupación por el golpe que puede representar el impuesto al salario en el consumo y propusieron suavizarlo.

Su propuesta es que la tabla de cobro arranque a partir de ₡1.233.000 mensuales con un aporte bajo, que pueda ser escalonado.

"Esto permitiría minimizar el impacto en el consumo de las familias, daría progresividad a la medida (que paguen más los que más tienen) y ayudaría a obtener recursos para ser destinados exclusivamente a la entrega de ayudas a las personas que están perdiendo su empleo", indicó el Observatorio Económico de la UNA.

¿Qué más se puede hacer?

Sin embargo, la idea de fijar nuevos impuestos no ha sido bien recibida en el ámbito político e incluso tampoco entre analistas económicos.

En su lugar, la queja es que falta adoptar medidas para un sector importante, como lo es el de los trabajadores independientes, que a diciembre del año pasado representaban unos 540 mil trabajadores, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Así opina Erick Ulate, director de la Asociación Consumidores de Costa Rica

Por su parte, el economista Daniel Suchar considera que se ha estado dejando de lado al consumidor "de a pie", en el sentido de que las políticas dirigidas hasta ahora van más enfocadas en el empleador y en sectores de la sociedad.

Apuntó por ejemplo a que en servicios básicos como en telecomunicaciones – muy necesarias en momentos en que el teletrabajo se ha vuelto vital- no ha habido respuesta de las empresas ni del gobierno, en reducir tarifas u ofrecer algún tipo de flexibilidad.

De momento en la Asamblea Legislativa se han aprobado algunas iniciativas como la de flexibilidad laboral y un crédito por $500 millones con la Corporación Andina de Fomento. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio permiso al gobierno de usar $90 millones inicialmente destinados a la descarbonización para aumentar la liquidez bancaria.

Para esta semana la prioridad del gobierno será tramitar un nuevo presupuesto extraordinario contemplando algunos cambios en cuanto a recortes y replanteamiento de transferencias y se analizará otra iniciativa para establecer un impuesto a los combustibles aprovechando el abaratamiento del petróleo.