Pobreza hace menos llevadera la cuarentena para alto porcentaje de hogares
2% de los hogares ticos presenta condiciones de hacinamiento en las que más de 3 personas comparte un dormitorio
En Costa Rica, un 7% de los hogares no tiene acceso a servicios básicos como el agua, la luz, y el manejo de residuos sólidos. (Foto: Archivo CRH)
(CRHoy.com).- Un alto porcentaje del 1.600.000 de hogares que hay en Costa Rica tiene que enfrentar este periodo de cuarentena por el COVID-19 en condiciones desventajosas que hacen imperativo un abordaje integral de las familias menos favorecidas.
Los investigadores Pamela Jiménez Fontana, Natalia Morales Aguilar y Rafael Segura Carmona, del Programa Estado de la Nación (PEN), escribieron un artículo en el que, con base en números y cifras, dibujan la estresante realidad de miles de familias en momentos en que permanecer en la casa es crucial para lograr una curva más plana de casos de contagio por el mortal coronavirus SARS-CoV-2.
Las malas condiciones de la planta física de miles de las casas en las que tienen que encerrarse las familias para capear el COVID-19 se combina, en muchos casos, con el nulo acceso de las personas a servicios básicos, como el de agua potable, la luz y el manejo de la basura.
Ese distanciamiento físico tan recomendado por las autoridades sanitarias para cortar la transmisión del coronavirus es difícil de practicar cuando un 9% de las viviendas está en mal estado.
Es peor todavía para un 2% de los hogares del país, que viven en condiciones de hacinamiento, es decir, cuando más de tres personas conviven en un solo dormitorio.
Las recomendaciones de Salud también topan con una cruda realidad cuando se trata de implementar el distanciamiento social en casas que miden menos de 40 metros cuadrados. Y esa característica la tiene aproximadamente un 15% de las casas del país. Solo un 27% de las viviendas supera los 100 metros cuadrados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2019.
El número de hogares que no tiene acceso a servicios básicos como agua, luz y el manejo de residuos sólidos es alto. Los investigadores del PEN lo estiman en 104.000. Eso equivale a un 7% de las viviendas.
Otra de las características de la vida que nos corresponde vivir en medio de la expansión de la pandemia es el traslado al mundo virtual que ofrece la Internet de las actividades que antes demandaban nuestra presencia física. Empero, esa nueva realidad, obligatoria para no enfermarse, es una utopía para los hogares del primer quintil, el de menor ingreso.
En esa escala de la población los indicadores revelan que un 75% de los hogares carece de computadora en la vivienda, una herramienta fundamental para alejarse del resto de la humanidad cuando las circunstancias lo imponen.
Sumémosle a ese dato que un 40% de las viviendas del país no tiene acceso a Internet o teléfono fijo y el resultado que tendremos será problemático y difícil de resolver para las autoridades: muchas personas en la calle por obligación y por necesidad.
Acceder a lo básico es una odisea
El acceso a lo básico, abastecerse de alimentos, o solicitar servicios de comida a domicilio para enfrentar el confinamiento en las casas, también es una odisea para un importante porcentaje de la población costarricense, expusieron los investigadores.
Aquí la cifra salta a la vista con facilidad, por su tamaño. Antes de la crisis que trajo consigo el COVID-19, un 21% de los hogares (cerca de 335.900) estaba en situación de pobreza, con un ingreso mensual menor a ¢103.766.
Y otro 5,8% (unos 93.500 hogares) vivía en pobreza extrema, con ingresos mensuales menores a ¢50.000, condiciones que hacen inviable para muchas familias costearse todos los tiempos de comida diarios.
"Las limitaciones económicas que viven muchas familias de bajos recursos contrastan con la cuarentena que están viviendo aquellas de mayor ingreso. En Costa Rica, el 10% de los hogares más ricos tiene un ingreso 25 veces superior que los más pobres (PEN, 2019)", subrayaron los investigadores del Estado de la Nación.
Hay otra preocupación más para los hogares. Cerca de un 9% de la población lo componen los adultos mayores de 65 años o más. Esta es la población más vulnerable frente al COVID-19, lo cual obliga a las familias a tomar medidas de precaución más estrictas a pesar de la situación de pobreza y de hacinamiento de muchos hogares.
Los fríos números se transforman en una mezcla de debilidades que amenazan con potenciar el impacto del coronavirus en un amplio sector de la población, de por sí vulnerable.
Esas circunstancias apremiantes, según los investigadores, deberían impulsar una atención integral de los hogares más pobres.
"Las brechas sociodemográficas entre los hogares costarricenses generan que las formas de enfrentar la cuarentena y acatar las disposiciones sanitarias sean distintas según dónde, cómo y con quién viva usted. Por lo tanto, más allá del fuerte impacto económico que va significar esta pandemia en la historia del país, es fundamental considerar en paralelo como parte del plan de atención y recuperación, el impacto social y en la salud mental que está teniendo esta crisis sobre las familias", concluyeron.
¿Y las acciones del Gobierno?
El ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez. (Foto: Archivo CRH)
Mientras el COVID-19 asecha a los más necesitados, el Gobierno le apuesta todo a las acciones pueda echar a andar la Mesa Técnica de Protección Social que integró el Poder Ejecutivo para atender a los hogares más desposeídos.
Hasta el momento las autoridades han informado poco sobre las medidas que han acordado las instituciones que integran esa instancia coordinadora.
Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, había dicho a este diario que en principio se pone énfasis en la prevención y la información para poblaciones vulnerables, como la de adultos mayores en situación de pobreza, indígenas, personas con discapacidad, víctimas de violencia, familias en pobreza, entre otras, al tiempo que se ponen en práctica protocolos de medidas de prevención y protección higiénica en hogares, residencias y albergues.
El Gobierno también optó por mantener activos los servicios de asistencia social, como la Red nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, de los comedores escolares, de las transferencias y beneficios para más de 400.000 personas beneficiarias de programas como Avancemos, Crecemos, y Cuido y Ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En otros casos, el Gobierno también paga el alquiler de vivienda a familias en situación de pobreza y mantiene activos todos los brazos del programa Puente al Desarrollo hasta junio para las familias y hasta diciembre para los adultos mayores y otros sectores expuestos.
El Poder Ejecutivo también quiere la ayuda del Parlamento para engordar una gran bolsa de ¢1 millón de millones, que denomina "Plan Proteger", para hacerle frente al giro de ayudas para familias golpeadas por el COVID-19 en los ámbitos económico y laboral, así como seguir sufragando los gastos corrientes del Gobierno Central y para hacerle frente a la pesada carga que implica el endeudamiento público.