Próximo gobierno enfrentará complicado panorama debido a caída en ingresos y mayor restricción en el gasto

El gobierno de Laura Fernández, que asumirá la conducción de Costa Rica a partir del próximo 8 de mayo, enfrentará un panorama fiscal adverso, marcado por la disminución de los ingresos y la restricción del gasto público.

Así se desprende de las cifras fiscales presentadas recientemente por el Ministerio de Hacienda, y de análisis elaborados por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) y el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR).

Según el OES-UNA, los ingresos totales del Gobierno mostraron una reducción al cierre de 2025 en comparación con los tres años anteriores.

Esta disminución se explica principalmente por una caída de los ingresos tributarios como porcentaje del producto interno bruto (PIB) —equivalente a 0,42 puntos porcentuales (p. p.) menos respecto a 2024—, con descensos significativos en algunos rubros específicos. Cada punto del PIB equivale a aproximadamente ₡500 mil millones.

Impuestos como el que grava los ingresos y las utilidades (renta) registraron nuevamente una reducción en su recaudación en 2025 con respecto al año anterior, también medida como porcentaje del PIB.

Aunque la caída no fue tan pronunciada como la observada en 2024, el año pasado acumuló una disminución de 0,56 p. p. del PIB en comparación con 2022, año en que se alcanzó el pico de recaudación en este tributo.

Al cierre de 2025, la recaudación de este impuesto representó un 4,73 % del PIB, cifra que implica una reducción de 0,13 p. p. en relación con el mismo período de 2024.

En el caso del impuesto al valor agregado (IVA), en 2025 se observó una reducción en su recaudación con respecto a 2024.

En términos del PIB, la recaudación de este impuesto disminuyó en 0,21 p. p. en comparación con el año anterior, alcanzando un 4,65 % del PIB. Si se analiza desde el punto de vista de la composición de la recaudación de este impuesto, se observa una disminución tanto en el IVA aplicado a las transacciones internas como en el recaudado en aduanas.

Por su parte, el impuesto selectivo de consumo mostró una mejora que se explica por el aumento en la importación de vehículos; sin embargo, la recaudación de ingresos correspondientes al impuesto único a los combustibles y al impuesto a la propiedad de vehículos experimentó menor dinamismo.

Restricción del gasto

La disminución de ingresos para el Gobierno se presenta en un contexto en el que habrá mayor restricción del gasto público, debido a que el país retornará al escenario más restrictivo de la regla fiscal, la cual consiste en un techo al crecimiento del gasto.

Esto ocurre como consecuencia de que la deuda del Gobierno Central volvió a superar el 60 % del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2025.

Los datos provistos por el Ministerio de Hacienda indican que la deuda se ubicó en un 60,4% del PIB, porcentaje que es 1,5 puntos porcentuales mayor que el de 2024.

Actualmente, el Gobierno Central tiene una deuda de unos $32 billones.

Fernando Rodríguez, economista del OES-UNA, enfatizó que diversos rubros del presupuesto nacional requieren con urgencia una mayor asignación de recursos, particularmente en áreas como seguridad ciudadana, educación pública, inversión en infraestructura y programas de ayuda social, con el fin de evitar un mayor deterioro de las condiciones sociales del país.

Sin embargo, reconoció que, en este contexto, con la caída en los ingresos tributarios y el escenario más severo de la regla fiscal, se dificulta la atención de las demandas y, al mismo tiempo, se reduce la capacidad del Estado para enfrentar problemas estructurales que afectan la competitividad del país.

Escenarios

Un criterio similar mantiene José Francisco Pacheco, economista del CCECR, quien afirmó que para el gobierno entrante las perspectivas cambian de forma importante respecto a lo que el mismo Ministerio de Hacienda proyectaba en septiembre anterior.

Con un retorno de la deuda pública al 60 % o más del PIB, al menos el presupuesto nacional de 2027 deberá programarse con parámetros de control del gasto más duros de lo esperado.

Sostuvo que esto podría afectar las metas del Gobierno. Varios escenarios podrían surgir en este contexto.

Primero, que ante las restricciones en el gasto, la nueva administración cumpla con los límites de la regla, pero asigne crecimientos diferentes a los ministerios en los que enfoque su prioridad política. En otras palabras, a unos los hace crecer más que a otros, pero a nivel global el gasto se mantiene dentro de los márgenes legales.

Segundo, que se priorice una perspectiva más severa de reducción del déficit fiscal y, por ende, de la deuda futura. En este caso, el Gobierno podría promover un crecimiento del gasto por debajo del límite normativo, siendo necesario desacelerar el crecimiento de los ministerios de Educación Pública (MEP), Salud, Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Seguridad Pública (MSP).

Tercero, que parte de la reducción del déficit y de la deuda futura se enfoque en un incremento de la recaudación, política que implicaría aplicar una estrategia de aumento de ingresos muy agresiva que no necesariamente rinde resultados en el plazo de un año.

En síntesis, al retornar al escenario más restrictivo de la regla fiscal, la política fiscal se volverá más severa:

• Congelamiento de incrementos salariales en el sector público.
• Restricciones para adquirir créditos externos.
• Dificultades para aumentar la inversión social.
• Potencial freno al crecimiento de las transferencias monetarias, como los programas del Régimen no Contributivo (RNC) y Avancemos, tanto en el total de personas beneficiadas como en el monto otorgado.

¿Qué hacer?

Aunque los economistas sugieren distintas acciones para mitigar las dificultades fiscales que enfrentará el próximo gobierno, coinciden en que el país necesita plantearse con urgencia la discusión sobre el incremento de los ingresos.

Además:

• Implementar mecanismos para mejorar la recaudación tributaria, incluyendo medidas orientadas a combatir la evasión, ampliar la base tributaria, reducir exoneraciones y evaluar la posibilidad de ajustar algunas tasas impositivas.
• Fortalecer los mecanismos de control en el cobro del IVA, particularmente para reducir la evasión asociada al uso de sistemas de pago electrónicos.
• Revertir la reducción en la base imponible del impuesto a la propiedad de vehículos y diseñar mecanismos compensatorios ante la eventual pérdida de ingresos del impuesto único a los combustibles.
• Dinamizar la economía local para fortalecer la base tributaria e impulsar el crecimiento de la recaudación.

También reconocen que es urgente revisar las limitaciones vigentes asociadas a la regla fiscal, con el fin de permitir un financiamiento adecuado de partidas estratégicas del gasto público, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni obstaculizar el desarrollo social y económico del país.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Costa Rica introducir cambios en la política tributaria para aumentar los ingresos y reformar la gestión de la deuda.

Detalló que esa reforma debe enfocarse en reducir el gasto tributario, introducir una tasa única para la renta de las empresas, así como elevar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas para aumentar la recaudación y apoyar un mayor gasto productivo en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas.