PUSC presiona para bajar precios de electricidad
Rojiazules anunciarían que no darían su voto a proyectos de empréstitos que impulsa el Poder Ejecutivo
(CRHoy.com).- El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) analiza presionar al gobierno del presidente Carlos Alvarado con negarle sus votos para los empréstitos de apoyo presupuestario que baraja Hacienda si no se realizan reforma estructurales para abaratar el costo de la energía eléctrica para los sectores industrial y residencial.
Pedro Muñoz, diputado y cojefe de fracción del PUSC, afirmó que transmitirá al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, la molestia de su bancada con la demora de Casa Presidencial con la reforma al Reglamento de Generación Distribuida.
Según él, desde octubre del 2018 el presidente Carlos Alvarado se comprometió a echar a andar esa tarea a solicitud del PUSC, para contar con los votos de ese partido para aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Sin embargo, el legislador afirmó que aún hoy no hay noticias de que el presidente haya ordenado alguna acción para concretar ese compromiso que tiene como objetivo reactivar la economía y facilitarle a las familias el pago del servicio básico de la electricidad residencial.
"Básicamente lo que yo le digo al ministro de Hacienda es que no van a haber votos para empréstitos si no le entra en serio a las reformas estructurales que nos habían prometido previo a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de los eurobonos. Es decir, aquí ya llegó el momento de dejar los discursos pues necesitamos apretar las tuercas y el poder político es así, las negociaciones son así.
"Este no es un tema solo del sector productivo, sino de toda la gente. Usted, tenga o no tenga trabajo, tiene que pagar la luz. El PAC, que se preocupa por los impuestos, que dicen que tienen que ser progresivos, lo más progresivo del mundo es reducir el costo de la electricidad, porque haya o no haya trabajo, hay que pagar la luz", enfatizó.
Mal antecedente
La cara factura por el consumo de electricidad de las empresas fue uno de los factores que puso sobre la balanza la empresa Vicesa, que finalmente cerró uno de sus hornos en su planta de Cartago, medida que dejó sin empleo a 254 personas en octubre del año pasado.
Pero ni ese antecedente, ni el reclamo constante de las cámaras empresariales han provocado una reducción sustantiva en el costo de la electricidad como insumo para la producción y de consumo básico para las familias.
El diputado Muñoz también lamentó que Casa Presidencial no haya tenido entre sus prioridades durante el actual periodo de sesiones extraordinarias—durante el que controla la agenda de trabajo de los diputados—tres proyectos de ley que él presentó desde el año pasado con el objetivo de intentar reactivar la economía. Esas propuestas son la "Ley que abarata el costo y desconcentra la generación de la energía eléctrica", la "Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional" y la "Ley del Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica (Cence) para generar prosperidad para todos y una mejora en la competitividad del país".
A pesar del clamor continuo de las cámaras empresariales y de asociaciones de consumidores, la agenda de iniciativas para reducir el costo de la electricidad ha estado apagada durante la actual administración del Partido Acción Ciudadana (PAC). En la Asamblea Legislativa tampoco ha sonado con fuerza hasta ahora el eco de los reclamos de los consumidores por tarifas menos pesadas.
Posición ideológica perjudica a consumidores
Según Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), uno de los factores que limita al Gobierno a respaldar propuestas para reducir las tarifas es que desde la campaña presidencial Carlos Alvarado anunció que no apoyaba la apertura del sector eléctrico, un elemento fundamental en la rebaja en los costos de la electricidad.
"Para el mediano y largo plazo, es indispensable hacer una reforma integral al sistema eléctrico costarricense, que modernice el marco legal a las nueva realidad tecnológica, a las tendencias de descentralización de la producción, al empoderamiento de los clientes que ya no quieren ser abonados y al aprovechamiento de los avances de las tecnologías de información, comunicación, digitalización, automatización en general. El marco legal actual, tiene una maraña de leyes que se han creado en diferentes momentos y atienden a realidades diferentes y a grupos desde la oferta como las cooperativas, las empresas municipales, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Ley del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ley de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Ley para la Generación Privada, etc, pero no hay una ley orientada a las necesidades del consumidor eléctrico", lamentó Montenegro.
Si no fuera posible contar con una ley integral, agregó, al menos se le debería abrir la puerta a iniciativas que parcialmente presionen por la eficiencia en la operación del Sistema Eléctrico Nacional para que esto se traduzca en tarifas más bajas para todos los consumidores, pero, en especial, para aquellos que utilizan la electricidad como insumo para la producción.
A pesar de la lista de pendientes en esta área, el director ejecutivo de la CICR destacó las señales positivas que ha dado la Presidencia Ejecutiva del ICE, que desempeña Irene Cañas, como la eliminación del proyecto PH Diquis del plan de expansión de la generación por la amenaza que representaba para las tarifas.
Aun así, Carlos Montenegro alertó de que todavía está pendiente la reestructuración del ICE en busca de su eficiencia, lo cual llevaría a la reducción de costos operativos y financieros; esto tendría un impacto positivo en las tarifas.
"En el caso de los combustibles, consideramos que hay que abrir la puerta para que el sector privado pueda importar el gas natural como una alternativa competitiva en precio y más amigable con el medio ambiente que los derivados del petróleo. No compartimos la profundización del monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que venga a poner más impuestos y a aumentar los precios de los combustibles industriales (búnker y GLP) que no solo sufren por el costo que implica Recope, sino, por el impuesto único que se paga actualmente y que desmotiva la producción", amplió el vocero del sector industrial.