BCR SAFI alega que orden de Sugeval “borraría” todo su capital y los llevaría a la quiebra técnica
La BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) advirtió ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que podría enfrentar una "quiebra técnica" si debe cumplir con la orden de los reguladores relacionada con el Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
Se trata de una resolución que impone medidas consideradas por la subsidiaria del banco como gravísimas y de efecto permanente.
Una de estas es la salida del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) de los activos del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND).
Según el documento, una vez ejecutada la orden, generaría daños definitivos, graves, irreparables e inmediatos para BCR SAFI, sin posibilidad de revocarla o dejarla sin efecto.
Así consta en el expediente en el que la administradora de fondos del Banco de Costa Rica (BCR) solicitó una medida cautelar contra el Banco Central de Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Según expuso la SAFI en su gestión judicial, la orden de retirar el inmueble del fondo inmobiliario implicaría asumir un monto cercano a $84,4 millones, suma que supera ampliamente el patrimonio de la sociedad.
De acuerdo con los argumentos presentados al tribunal, el capital social de BCR SAFI ronda los ₡27.957 millones, por lo que cumplir con esa obligación provocaría la pérdida total de sus recursos y, en consecuencia, una disolución inmediata de la administradora.
La entidad señaló que, conforme al Código de Comercio, perder más del 50% del capital social constituye causal de disolución, escenario que —según su posición— se materializaría si se ejecuta la medida.
SAFI: "Decisión desproporcionada"
La SAFI justificó su posición alegando que la resolución de la Sugeval no plantea un análisis pormenorizado de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas establecidas; tampoco una valoración jurídica que permita verificar que esa sea la acción idónea para proceder con este caso.
En su reclamo, la sociedad añadió que dicha decisión del ente regulador tiene vicios que convierten la decisión en "desproporcionada y poco razonable" para los intereses de los involucrados.
Incluso en la prueba presentada para defender su posición, la subsidiaria del BCR aportó un documento llamado "Informe sobre daños y riesgos por eventual quiebra técnica de BCR SAFI" suscrito por Pablo José Villegas Campos, jefe de Análisis y Gestión de Datos de la sociedad.
En este se advierte que la medida cautelar que solicitaron era indispensable para evitar una crisis de confianza, preservar la estabilidad del mercado, proteger los derecho e intereses de los inversionistas y salvaguardar el interés público.
"De implementarse los actos impugnados se generarán graves daños patrimoniales y extrapatrimoniales y esto tendrá un efecto en el sistema financiero nacional y en la reputación de la entidad. Debe recordarse que el BCR es uno de los cuatro bancos del país que han sido definidos como sistémicos de parte de la Superintendencia de Entidades Financieras", aduce el informe.
Tribunal rechazó suspender la orden
A pesar de ese planteamiento, el tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por la SAFI.
En la resolución, firmada el 24 de marzo de 2026 por el juez Josué Salas Montenegro, se concluyó que los argumentos financieros expuestos por la sociedad no contaban con suficiente respaldo técnico para justificar la suspensión de la orden.
El juzgado también recordó que la normativa permite a los socios aportar capital para evitar la disolución de una empresa, lo que en este caso involucra directamente al BCR, como entidad controladora de la SAFI.
Además, el tribunal consideró el impacto que la situación genera sobre los inversionistas del fondo inmobiliario, entre ellos operadoras de pensiones y otros participantes del mercado.
El juez Salas Montenegro en la resolución dijo que no es de recibo el argumento de la quiebra técnica, ni puede ser utilizado para concluir la supuesta afectación de impacto macroeconómico y financiero nacional, entre otros, que señala la entidad ya que se trata de un escenario que no se apega al ordenamiento jurídico.
Presión recae sobre el BCR
Con el rechazo de la medida cautelar, el proceso continúa y aumenta la presión sobre el BCR, que deberá respaldar financieramente a su subsidiaria para cumplir con lo ordenado por los reguladores.
El conflicto surge a partir de la compra del Parque Empresarial del Pacífico, un complejo de bodegas adquirido en 2020 por aproximadamente $70 millones mediante el fondo inmobiliario administrado por la SAFI del banco.
Avalúos posteriores han señalado que el valor del inmueble sería considerablemente menor, lo que generó cuestionamientos sobre la operación y desencadenó investigaciones y medidas regulatorias relacionadas con el caso.
14 imputados
Allanamientos a oficinas de BCR SAFI
CR Hoy reveló que entre 2017 y 2020 se habría ejecutado un esquema para adquirir propiedades con valoraciones infladas y precios superiores al real, lo que provocó un perjuicio millonario para los fondos y sus inversionistas.
La denuncia se presentó en agosto de 2024, luego de que la Junta Directiva de BCR SAFI recibiera informes de auditoría interna y tres denuncias anónimas que alertaban sobre posibles irregularidades en la compra del PEP.
El caso tomó mayor fuerza en diciembre de 2025, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó 16 allanamientos en casas y oficinas vinculadas al expediente, incluyendo dependencias del banco y viviendas de sospechosos, con el objetivo de recolectar evidencia sobre el presunto sobreprecio en la compra de nueve propiedades.
Las autoridades imputaron al menos a 14 personas, entre ellas el exdiputado Humberto Vargas Corrales, su hijo y otros empresarios y funcionarios relacionados con transacciones inmobiliarias con la subsidiaria del banco.
La Fiscalía sostiene que este grupo habría obtenido beneficios millonarios mediante la venta de activos con sobreprecio a los fondos administrados por BCR SAFI.
Entre los hallazgos recientes, la investigación también apunta a que informes técnicos y avalúos habrían sido manipulados o condicionados para ocultar deficiencias o justificar valores más altos en las propiedades, lo que forma parte de las diligencias que continúan bajo análisis judicial.