Reclamo en Sala IV congela venta de activos de Coopeservidores y Desyfin S.A.
Banco Popular tiene hasta el 28 de febrero para análisis final de cartera
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
Una reciente acción de inconstitucionalidad presentada en la Sala Constitucional contra varios artículos de la ley que permitió la resolución de la financiera Desyfin S.A. y de Coopeservidores R.L. mantiene congelada la venta de activos de ambas entidades.
Uno de los primeros efectos que tuvo la acción, a la cual el Tribunal Constitucional le dio curso, es la suspensión de la venta de varios activos de Coopeservidores que había autorizado el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Dicha suspensión se aplica mientras el Conassif no termine de analizar la acción presentada en la Sala IV por un inversionista de Desyfin contra algunos artículos de la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros y de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
"Mientras el Conassif termina de analizar los impactos que conlleva la acción de inconstitucionalidad interpuesta sobre los procesos de resolución de Coopeservidores R.L. y de Financiera Deyfin S.A. cualquier ejecución para concretar alguna disposición de activos (por ejemplo una venta) estaría suspendida", respondió la Administración de la Resolución de Coopeservidores.
Entre otros argumentos, el recurrente alegó en el escrito presentado en la Sala Constitucional que algunas de las normas impugnadas permiten a la Administración de la Resolución traspasar bienes a terceros sin ninguna participación de los inversionistas, acreedores y accionistas. Además, que les impiden interponer medidas cautelares contra las actuaciones y disposiciones de la Administración de la Resolución.
En suspenso
Marco Hernández, resolutor de Coopeservidores. (CRH).
Una de las primeras decisiones que tomó la Administración de la Resolución de Coopeservidores, luego de que la Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad, fue suspender la venta de ocho propiedades y 18 vehículos de la cooperativa, así como la reserva de dos inmuebles para su posible venta a una entidad pública.
El valor de las propiedades, tres de ellas con mobiliario y menaje incluidos, suma en su conjunto ¢4.362.814.471 y el de los vehículos asciende a ¢246.120.100.
Los otros bienes inmuebles son de las instalaciones actuales de la cooperativa, incluyendo su mobiliario y menaje, y se habían reservado para venderlos a una entidad pública. Incluso, estaba avanzada la contratación con la Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai).
Todos esos bienes se pusieron a la venta el 9 de diciembre de 2024 y la recepción de las ofertas cerró el
pasado 15 de enero. Posteriormente, la Administración de la Resolución realizó el análisis de cada una y las presentó al Conassif que dio su aprobación el 31 de enero.
Sin embargo, tras la presentación de la acción de inconstitucionalidad, la Administración de la Resolución de Coopeservidores se vio obligada a suspender el proceso y devolver el dinero recibido por la venta de esos activos.
Banco Popular. (CRH).
Por su parte, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), que adquirió buena parte de los activos y pasivos de Coopeservidores, tiene plazo hasta este viernes 28 de febrero para la revisión y análisis final de la cartera crediticia.
El Conassif aprobó la ampliación del plazo hasta ese día para que esa entidad bancaria pueda excluir cartera crediticia hasta por un monto de ¢18.000 millones.
La Administración de la Resolución informó que esto implicó la autorización para prorrogar la garantía aportada por la resolución para cubrir la devolución máxima prevista de cartera crediticia, hasta por dicho monto, a solicitud del Banco Popular, ya que su propuesta final debe conocerse y se aprobada por su Junta Directiva.
Lo que viene
El Conassif informó que se encuentra en el proceso de preparación para atender la audiencia conferida por la Sala Constitucional en torno a la acción de inconstitucionalidad, cuyo plazo vencerá el próximo 5 de marzo.
"De igual forma, está analizando el impacto que tiene esa acción de inconstitucionalidad en el desarrollo de los procesos de resolución de Financiera Deysfin S.A. y de Coopeservidores R.L.", reiteró.
Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), reconoció que la acción de inconstitucionalidad, a la cual la Sala IV dio curso, tendrá efectos en el proceso de resolución de Desyfin.
"El de Coopeservidores está bastante avanzado mientras que el de Desyfin sí falta que se ejecute en algunas etapas. Posiblemente, esta acción va a tener algún tipo de implicación en el proceso de Desyfin", sostuvo el experto.
En la audiencia con los magistrados, los abogados del Conassif plantearán distintos argumentos para fundamentar las actuaciones del Consejo, pero sobre todo buscarán evitar que la resolución de las entidades financieras en curso terminen en procesos concursales.
La resolución establece el cese ordenado de las operaciones de una entidad financiera y su salida del sistema financiero, mientras que un proceso concursal liquidatorio implica que un juez declare la quiebra de la entidad.
El proceso concursal de una entidad financiera puede tardar hasta 10 años.
La demora de los procesos afecta el flujo de caja de empresas que tenían operaciones en Desyfin y esto les dificulta continuar sus negocios y cumplir con sus obligaciones, al tiempo que han perdido clientes.