Reportan 542 alertas de operaciones sospechosas de lavado de dinero a agosto

Imagen con fines ilustrativos. (CRH).

En los primeros ocho meses de este año, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió 542 reportes de operaciones sospechosas a través de la plataforma Registro y Reporte de Sujetos Obligados (UIF), relacionados con actividades riesgosas en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas.

De acuerdo con los datos del ICD sobre inteligencia financiera, de enero a agosto de este año la provincia de San José concentró la mayor cantidad de alertas (341), seguida de Alajuela (94), Heredia (65), Cartago (50), Puntarenas (40), Limón (31) y Guanacaste (20).

Ante ello, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica informó que se encuentra en un proceso de fortalecimiento de los controles y acciones para evitar que estas actividades se lleven a cabo en el país, mediante capacitaciones que permitan a sus afiliados cumplir con la normativa vigente.

La entidad impulsa un plan que promueve cinco lineamientos clave:

• Promover la inscripción obligatoria del colegiado ante el ICD y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
• Transmitir buenas prácticas cuando se realizan actividades asociadas a clientes sujetos a regulación.
• Establecer programas de capacitación presencial y virtual en este campo para que sus agremiados se mantengan actualizados en materia normativa.
• Efectuar una campaña que permita la divulgación y publicación de documentos preventivos.
• Mantener comunicación permanente con la UIF y el ICD.

La presidenta del Colegio, Dunia Zamora, afirmó que la capacitación y las acciones de prevención son claves para que el gremio continúe aportando de manera efectiva a la lucha contra los delitos financieros.

Las operaciones sospechosas corresponden a transacciones o actividades económicas que carecen de una justificación evidente, no se ajustan al perfil financiero habitual del cliente o resultan inusuales.

Según la normativa vigente, este tipo de movimientos debe ser reportado a las autoridades financieras para su análisis.

La normativa busca prevenir que personas involucradas en actividades ilícitas, como legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o proliferación de armas, utilicen los servicios de contadores para justificar movimientos económicos sin fundamento, especialmente en actividades relacionadas con:

• Cambio de dinero y transferencias (digitales o en efectivo).
• Administración de recursos por medio de fideicomisos.
• Remesas de dinero a otro país.
• Emisión y operación de tarjetas de crédito.
• Transferencias de cheques de viajero y giros postales.
• Operaciones habituales de compra y venta de bienes inmuebles.
• Casinos.
• Comercio de metales y piedras preciosas.
• Organizaciones sin fines de lucro que reciben o envían dinero desde o hacia jurisdicciones de riesgo.
• Contadores cuando realizan transacciones en nombre de sus clientes.
• Casas de empeño.