Sala IV condena al BAC por dar información privada de cliente a terceros
(CRHoy.com) Los magistrados de la Sala Constitucional declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano en contra del Banco BAC San José S.A. por dar datos privados a terceros.
La sentencia, dada a conocer este lunes, establece que el Banco vulneró el ordinal 24 de la Constitución Política. Dicho artículo garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
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Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.
Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.
La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.
Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.
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Según el cliente bancario, recibió una respuesta de la sucursal de Limón que demuestra que sí hubo una invasión a su privacidad bancaria.
Ante esa respuesta, solicitó que se le brindara concretamente el resultado de esa investigación, pues se violentó su derecho a la intimidad y confidencialidad, pero no obtuvo respuesta.
Asegura que se presentó directamente en la Sucursal de Limón y solicitó nuevamente el resultado de la investigación, pero le indicaron que no le brindarían la información solicitada.
Reitera que quedó demostrado que un trabajador de ese banco compartió su información bancaria a terceros sin su consentimiento; además, de negarle el resultado de la investigación, lesionando sus derechos fundamentales.
Los magistrados le ordenan expresamente a Francisco Echandi Guardián en su condición de apoderado generalísimo del Banco BAC San José S. A., abstenerse de cometer nuevamente los hechos como los que dieron mérito a la resolución de los magistrados.
Además, la Sala IV agrega:
Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a Banco BAC San José S. A. al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil.
Sobre el tema el BAC señaló que lamenetaban que una colaboradora haya incumplido con el debido proceso interno relacionado al manejo de la información y la utilizara para efectos personales.
"Con relación a este caso y muy apegados a nuestros valores y protocolos internos la colaboradora fue desvinculada de la organización", señalaron.
El tema de traslado de datos ha estado en el ojo público dado que algunos bancos han pasado información al Banco Central ante solicitud de esta entidad. Sobre este tema los magistrados tienen pendiente de resolver una acción de inconstitucionalidad.
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