Se desinfla plan del Gobierno para excluir al país de la lista negra de la UE
Plazos ajustados y falta de viabilidad política suman contra intención del Ejecutivo
(CRHoy.com) -La cuestionada propuesta del Gobierno para que la Unión Europea (UE) excluya a Costa Rica de su lista de territorios y jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal se terminó de desinflar en la Asamblea Legislativa.
Así quedó de manifiesto este jueves luego de que los comisionados de ese organismo internacional en el país, Gabriele Annolino y Anna Manitara, fueron entrevistados por los diputados de la comisión especial del Congreso que estudia las tres propuestas de ley que buscan sacar al país de la lista, considerada dañina por sus implicaciones fiscales y en materia de inversión extranjera.
En su intervención, Manitara explicó que la reforma solicitada por la UE a Costa Rica debe estar vigente antes de octubre próximo, cuando el bloque revisará si el país cumplió o no con el requisito.
Esto significa que cualquiera de los tres proyectos de ley para lograrlo debe estar aprobado en segundo debate por el Plenario Legislativo a más tardar el 8 de setiembre. Es decir, en cuestión de mes y medio aproximadamente.
Y es en este escenario con plazos tan ajustados en el cual la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo, que carece de viabilidad política, se debilita en el Congreso.
Esto, porque el Gobierno le apostó a la ruta más complicada de todas: incluir el requerimiento de la UE para cerrar el portillo legal que permite la doble no imposición a las rentas pasivas extraterritoriales dentro de una reforma integral al Impuesto sobre la Renta.
Esa reforma integral consiste en un proyecto de ley altamente sensible por sus connotaciones de recaudación tributaria, con opositores ya declarados, que requerirá largo tiempo de análisis y que, incluso, puede ser que no salga vivo del Parlamento.
Por esta razón, los diputados de oposición advirtieron meses atrás al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que desistiera de la propuesta y que la reforma para cumplir con la solicitud de la Unión Europea fuera estudiada por aparte, como un expediente separado, para avanzar con el mismo a la brevedad. Sin embargo, su postura fue la de no ceder.
Agua al cuello
Con el agua al cuello, por la cercanía de la fecha para que la reforma esté aprobada por el Congreso, lo único políticamente viable es avanzar con la propuesta hecha por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para ajustar la legislación tributaria costarricense a las normas de conducta tributaria de la UE.
Así lo reconocen las diputadas Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Daniela Rojas, del PUSC, quienes forman parte de la comisión legislativa especial encargada de dictaminar la reforma en agosto para que el Plenario pueda aprobarla en la primera semana de setiembre.
El proyecto de ley que presentó el Gobierno no es necesario para que la UE excluya a Costa Rica de su lista negra y más bien enloda el camino para lograr ese objetivo, reconoce la liberacionista.
No es necesario aprobar una reforma integral a la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino solamente cumplir con los requisitos que pidió la Unión Europea y podemos hacerlo en un texto independiente. Creo que con esta exposición, por parte de la Unión Europea, quedó muy claro que podemos avanzar con este texto (el del PUSC) y el Gobierno, por una cuestión de plazos, que estamos muy ajustados, creo que va a ceder para avanzar. Eso es lo que aparentemente manifestaron.
Rojas añadió que los representantes de la UE en Costa Rica les hicieron saber a los congresistas que la propuesta del Poder Ejecutivo contiene principios básicos y es más amplia.
Pero también contiene principios y elementos que carecen de viabilidad política.
Para nosotros era importante que la Unión Europea tuviera eso claro: primero que no hay viabilidad política en el proyecto del Poder Ejecutivo y también que el proyecto de la Unidad cumpliría con los requisitos, que hay que hacerle algunos ajustes que se los vamos a hacer para tratar de consensuarlo y tener esto listo al 8 de setiembre, que fue la fecha que nos dieron.
La socialcristiana manifestó que notó un viraje en la posición de Hacienda y espera que sea una señal de apertura para construir el texto más viable.
"Ellos estaban ceñidos en que era únicamente el proyecto de ellos, pero que al ver la urgencia que hay de que esto se apruebe, se da una señal de que están dispuestos a construir y que la discusión de un sistema de renta global (la propuesta del Gobierno) no es en esta comisión en este tiempo, es una discusión mucho mayor que deberá continuar en la Comisión de Asuntos Hacendarios", declaró.
El caso

Unión Europea. (Archivo/CRH).
El 14 de febrero de este año, los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron incluir a Costa Rica en su lista de territorios y jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, tras considerar que el régimen tributario del país contiene "elementos nocivos".
Esto, porque la legislación tributaria costarricense permite la doble no imposición a las rentas pasivas empresariales extraterritoriales. Es decir, no pagan el impuesto sobre la renta ni aquí ni en el otro país.
Para cerrar las debilidades, la UE propuso dos caminos:
- Gravar con impuestos a esas rentas.
- Adoptar otras acciones como: a) implementar requisitos sustanciales adecuados para las entidades involucradas, b) introducir reglas anti-abuso robustas y c) eliminar cualquier discrecionalidad administrativa para determinar la exención tributaria de las rentas.
Permanecer en esa lista negra implica que la UE y sus estados miembros pueden aplicar medidas defensivas contra Costa Rica.
Estas pueden ser ajenas al ámbito fiscal, como el acceso a los fondos de cooperación de la UE, y en el ámbito fiscal, como acciones unilaterales que podrían impactar la Inversión Extranjera Directa (IED). Pero también el país arrastra el daño reputacional que implica ser un paraíso fiscal.
En octubre próximo, la UE revisará si Costa Rica ajustó su legislación al requerimiento y, además, si la reforma para lograrlo ya está vigente o no. De lo contrario, permanecerá en la lista negra y el riesgo de aplicar las medidas defensivas cobrará mayor fuerza.