Solo cuatro candidatos apoyan propuesta para proteger pensiones del Magisterio

De un total de 20 candidaturas a la Presidencia de la República consultadas, únicamente cuatro manifestaron respaldo expreso a una propuesta presentada por los jubilados del Magisterio Nacional para proteger los fondos de pensiones, evitar nuevos desvíos de estos recursos y defender lo cotizado a lo largo de la vida laboral.

Así se concluye luego de que la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) diera seguimiento a un documento remitido a los equipos de campaña luego del debate convocado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) en noviembre anterior.

Las candidaturas que apoyaron la solicitud fueron Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social, Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM) y Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica primero. Asimismo, desde el Frente Amplio (FA), el candidato Ariel Robles manifestó que, de resultar electo, descongelaría las pensiones para que estas recuperen su ajuste anual por costo de vida, al considerar injusto profundizar las afectaciones sobre personas pensionadas que ya enfrentan dificultades económicas.

En contraste, Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática, indicaron que no se adherirían a la propuesta.

Un tercer grupo respondió sin adherirse, pero sin rechazar la propuesta: Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional, Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), José Aguilar, del Partido Avanza, Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Walter Rubén Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense, Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad, Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos, Fabricio Alvarado, de Nueva República, y David Hernández, del Partido de los Trabajadores, no enviaron ninguna respuesta.

La consulta de AJA pedía a las candidaturas firmar y respaldar públicamente un pronunciamiento con tres compromisos concretos:

• Reconocer que las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) corresponden a montos por los que se cotizó, y que deben pagarse como compensación por los recursos aportados por el Magisterio y utilizados para otros fines por el Estado, sin recortes ni manipulaciones indebidas.
• Condenar el manejo patrimonialista de los fondos de pensiones, reconociendo el desvío histórico de aportes realizados por los docentes y la necesidad de corregir esa distorsión.
• Apoyar un proyecto de ley que declare inviolables los fondos de pensiones y que tipifique como delito imprescriptible, con sanciones penales, cualquier desvío de recursos destinados al sustento de las pensiones.

"Los jubilados del Régimen de Reparto no somos pensionados de lujo. Somos trabajadores que cotizamos conforme a la ley durante décadas, en muchos casos con tasas superiores a otros regímenes, y que hoy seguimos aportando incluso después de jubilados. No estamos pidiendo privilegios: estamos defendiendo lo que se cotizó y que fue utilizado para otros fines", recordó Miguel Sobrado, presidente de AJA.

AJA recordó que, entre 1958 y 1992, las cuotas del personal docente no se constituyeron en un fondo de pensiones autónomo, sino que fueron utilizadas por el Estado para otros fines. Ante la inexistencia de dicho fondo, el pago de las pensiones pasó posteriormente a financiarse con cargo al Presupuesto Nacional bajo el RTR, lo que dio pie a interpretaciones erróneas que las catalogaron como "pensiones de gracia" y derivó en recortes, topes, contribuciones solidarias y congelamientos, incluso frente al costo de la vida.

Actualmente, cerca de 30.000 jubilados del Magisterio no han recibido ajustes por inflación en más de cinco años, pese a estándares internacionales que recomiendan preservar el poder adquisitivo de las pensiones.

Para AJA, el bajo respaldo político a la propuesta evidencia una falta de voluntad para corregir una distorsión histórica y proteger fondos que, por su origen contributivo, no deberían volver a ser objeto de desvíos.

La organización insistió en que estas pensiones no constituyen privilegios, sino una compensación por recursos utilizados para otros fines, y anunció que intensificará su agenda pública y legislativa para promover un proyecto de ley que blinde estos recursos, reiterando su disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas.