Tras salida de bancos públicos, ABC asegura que rechaza contundentemente proyecto sobre estafas electrónicas
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) aseguró este viernes que mantiene una posición de rechazo al proyecto de ley sobre estafas electrónicas aprobado por la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa.
En un comunicado, argumentó que el proyecto, denominado «Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada», es desbalanceado, genera inseguridad jurídica y no responde al combate estructural del crimen organizado detrás de las estafas electrónicas.
La ABC reafirmó su posición tras la renuncia de los bancos públicos a esa organización, los cuales expresaron su desacuerdo con declaraciones emitidas anteriormente por la vocería de la Asociación con respecto a la iniciativa.
«La ABC lamenta profundamente la decisión adoptada por el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de retirarse del gremio. Estas instituciones han representado históricamente una parte sustantiva del Sistema Bancario Nacional y han sido actores clave en la construcción de posiciones técnicas conjuntas orientadas a resguardar la estabilidad financiera del país y la confianza en el sistema bancario costarricense. En relación con las preocupaciones sobre el proyecto de ley, las inquietudes son compartidas con los bancos públicos, y resulta vital seguir dando la lucha juntos en representación del gremio», señaló.
La ABC afirmó que reitera la necesidad de crear un marco legal para enfrentar este fenómeno delictivo, que afecta tanto a las personas usuarias como a las entidades financieras, ambas víctimas de las estructuras del crimen organizado.
No obstante, detalló que cualquier legislación debe construirse sobre bases técnicas sólidas, garantizar un equilibrio adecuado de responsabilidades y concentrar sus esfuerzos en perseguir y sancionar a los verdaderos responsables del delito.
«La Asociación continuará participando activamente en el debate técnico legislativo, convencida de que el país requiere una regulación bien estructurada, basada en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que proteja efectivamente a las personas, preserve la confianza en el sistema financiero y permita enfrentar con mayor contundencia las redes de fraude», concluyó.