UNA señala nueve retos económicos y sociales para el próximo gobierno

Investigadores del Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional (UNA) señalaron nueve retos económicos y sociales que enfrentará la administración de Laura Fernández a partir del próximo 8 de mayo.

Además, dieron a conocer propuestas de políticas públicas que podrían implementarse.

1. Reducir desigualdades, diversificar exportaciones

La realidad económica del país se basa en un sector de empresas en zona franca (régimen especial) que crece de manera acelerada, frente a un régimen definitivo (el resto de las empresas) que no crece a la misma velocidad. De 2019 a 2025, el crecimiento del régimen especial fue de un 116,8 %, frente a un 14,6 % del resto del parque empresarial del país.

Ante ello, propusieron:

• Profundizar los encadenamientos productivos entre compañías de zona franca y proveedores locales.
• Modernizar y brindar mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
• Diversificar la oferta exportadora de Costa Rica.
• Prestar mayor atención a los territorios para disminuir las desigualdades y modernizar el sector agrícola.
• Fomentar las exportaciones de industrias ubicadas fuera del Valle Central.

2. Desdolarización y transparencia en la política monetaria

Una de las palancas que más mueve la economía es el acceso al crédito. Sin embargo, esto ocurre cuando las decisiones de política monetaria son consecuentes con la realidad del entorno.

El OES determinó que, en vivienda, consumo, servicios y turismo, las variaciones de la tasa de política monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) no siempre se trasladan a las tasas de interés que cobran las entidades financieras por ese tipo de préstamos.

Mientras que la TPM se redujo 2,75 puntos porcentuales (p. p.) de enero de 2024 a febrero de 2026, la tasa básica pasiva —que sirve para promediar las tasas de interés de los préstamos en entidades financieras— solo bajó 1,54 p. p. en ese lapso.

• Se propone una mayor competencia en el sistema financiero y mejorar la transparencia en tasas de interés desagregadas por tipo de crédito, moneda e institución.
• Avanzar hacia una "desdolarización" que incentive el ahorro y el crédito en colones.

3. Fortalecer la red de cuido y reducir la informalidad laboral femenina

En el transcurso de una década, Costa Rica redujo en un 5,4 % la tasa neta de participación laboral femenina.

Cerrar la brecha existente requiere que el Gobierno expanda la red de cuido, tanto para la primera infancia como para las personas adultas mayores y dependientes.

El desafío contempla el desarrollo de políticas de empleo con enfoque de género, incentivar la formalización laboral de las mujeres, promover el acceso al crédito, el emprendimiento y los puestos de liderazgo, así como modalidades de trabajo flexibles.

El OES reiteró su oposición a las jornadas laborales de 12 horas diarias (jornadas 4×3) y las catalogó como una regresión en derechos laborales.

4. Revisar la regla fiscal y aumentar ingresos

La coyuntura fiscal de Costa Rica en 2025 mostró avances en la contención del gasto y una ligera mejora en el déficit fiscal, pero también evidenció problemas estructurales en la recaudación tributaria y en el nivel de endeudamiento público.

Se plantea:

• Fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado.
• Sustituir los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles, que tienden a disminuir.
• Aplicar medidas que reduzcan el pago de intereses de la deuda pública.
• Revisar el diseño de la regla fiscal para que armonice la estabilidad fiscal del país con la necesidad de financiamiento de programas sociales e infraestructura.

5. Modernizar el transporte público

Los expertos recomendaron renovar la flotilla de buses que utilicen tecnologías limpias, establecer un subsidio al transporte público, mejorar la gobernanza del sector, promover la intermodalidad (con ciclovías y terminales de buses en centros urbanos) y concretar el proyecto del tren eléctrico metropolitano.

6. Tren de carga y atención de rutas esenciales

Advirtieron que Costa Rica enfrenta un rezago en su infraestructura vial y portuaria, lo que le resta competitividad frente a otros actores.

Por ello, la ampliación del puerto de Caldera debe ser una prioridad en el próximo gobierno, además de la concreción del tren de carga, que conecte los principales centros productivos con los puertos del Caribe y del Pacífico.

El mismo impulso debería otorgarse al proyecto de ampliación de la ruta 27 (San José-Caldera) y a la construcción de túneles falsos sobre la ruta 32 (San José-Limón), ante los altos costos recurrentes producto del cierre de esta vía por las condiciones climáticas.

7. Fortalecer pensiones y la inserción laboral

El nuevo gobierno debe proyectar en sus políticas públicas que, de cara a 2050, la población de 60 años o más representará el 32,5 % del total.

El acelerado crecimiento demográfico de los adultos mayores requiere atender la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Además, se debe promover la inserción laboral de personas mayores de 55 años, desarrollar un sistema universal de cuidados que integre servicios públicos, privados y comunitarios e incorporar el impacto del cambio demográfico en la planificación fiscal a largo plazo.

8. La educación y la necesidad de aumentar la inversión pública

La inversión en educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ha caído de un 7,2 % en 2015 a un 5,24 % el año anterior. En términos nominales, aunque el presupuesto en educación aumentó un 24 % en ese periodo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento real fue de solo un 4 %.

Los desafíos requieren ampliar la inversión pública en educación y aprovechar el cambio demográfico (para aumentar la inversión por estudiante y mejorar la calidad educativa).

También se plantea fortalecer los aprendizajes básicos, la educación técnica, la actualización laboral y la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

9. Afectar la rentabilidad del crimen organizado

La semana pasada, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país estableció un vínculo entre seguridad y economía, al advertir que un agravamiento de la criminalidad puede afectar el turismo, la inversión y el comercio.

En un país que en los últimos tres años ha roto los récords de asesinatos, el OES sugiere focalizar territorialmente la política de seguridad, golpear la rentabilidad de los grupos criminales a través de la incautación de activos y la trazabilidad patrimonial e impulsar programas de prevención, sobre todo en la población joven.