Ejecuciones récord en Arabia Saudita: entre la guerra antidrogas y la represión
Arabia Saudita atraviesa una ola sin precedentes de ejecuciones. En la primera mitad de 2025, las autoridades aplicaron decenas de penas capitales, en medio de denuncias sobre juicios opacos, confesiones obtenidas bajo tortura y acceso a la defensa prácticamente inexistente.
La pena de muerte se utiliza principalmente en la llamada "guerra contra las drogas" y como instrumento para silenciar voces críticas. Los datos recopilados revelan un patrón selectivo y discriminatorio que alarma a expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
¿Cuántas ejecuciones ha realizado Arabia Saudita en 2025?
Según datos de AFP, entre enero y agosto de 2025, Arabia Saudita ejecutó al menos a 230 personas. Más de la mitad eran extranjeros, principalmente trabajadores migrantes de Somalia, Pakistán, Egipto y Etiopía.
El ritmo es inédito. En agosto, en apenas tres días, se registraron 17 ejecuciones, incluidas dos por cargos de "terrorismo". Si esta tendencia persiste, el país superará su récord histórico de 345 ejecuciones registrado en 2024.
¿Por qué delitos se aplica la pena de muerte?
Las autoridades sauditas sostienen que la pena capital se reserva para los crímenes más graves. Sin embargo, los registros indican un uso mucho más amplio.
Entre enero y agosto de 2025, 162 ejecuciones correspondieron a delitos relacionados con drogas —tráfico, posesión y contrabando— pese a que el derecho internacional prohíbe la pena de muerte para estos casos. También se condenó a muerte por homicidio, violación, secuestro, robo a mano armada y delitos catalogados como "terrorismo", que en muchos casos implican disidencia política o protestas pacíficas.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalan que casi la mitad de las ejecuciones se dictan bajo sentencias ta'zir, que otorgan amplia discrecionalidad a los jueces.
¿Qué es una sentencia ta'zir?
La sentencia ta'zir corresponde a un tipo de delito sin pena fija en la sharía, la ley islámica. En estos casos, no existe un castigo determinado y el juez decide la sanción, que puede ir desde multas hasta la pena de muerte.
Entre 2014 y 2025, casi la mitad de todas las ejecuciones en Arabia Saudita se dictaron bajo sentencias ta'zir. De ellas, cerca del 70% fueron por delitos relacionados con drogas.
Este margen discrecional carece de criterios claros y control público. Las sentencias ta'zir:
- Facilitan la aplicación de la pena capital en delitos no letales.
- Amplían la discrecionalidad judicial sin exigir pruebas rigurosas.
- Generan decisiones variables según el juez y la jurisdicción, aumentando la arbitrariedad.
¿Cómo funciona el sistema judicial saudita?
El sistema legal se basa en la sharía, la ley islámica derivada del Corán. Arabia Saudita no cuenta con un código penal escrito, los jueces interpretan la sharía para dictar sentencias.
La estructura judicial incluye:
- Tribunales generales, que conocen la mayoría de los delitos.
- Tribunales especializados en "terrorismo" y seguridad del Estado, con historial de juicios contra disidentes.
- Tribunales de apelación y el Tribunal Supremo, que revisan sentencias pero rara vez revocan condenas a muerte.
Los jueces tienen amplio margen de interpretación, especialmente en delitos ta'zir, lo que permite imponer penas muy diferentes para casos similares, incluida la pena de muerte, sin criterios uniformes.
El Ministerio del Interior ejecuta las sentencias capitales, con aprobación final del rey o del príncipe heredero.
¿Cómo son los juicios que terminan en pena de muerte?
Amnistía Internacional documenta patrones sistemáticos:
- Ausencia de abogados desde la detención hasta la sentencia.
- Uso de confesiones obtenidas bajo tortura.
- Procesos a puerta cerrada, sin acceso a observadores independientes.
- Falta de traducción para acusados extranjeros.
En muchos casos, las familias ni siquiera son notificadas sobre la fecha de la ejecución y se enteran por publicaciones oficiales después de cumplirse la sentencia.
¿Quiénes son los más afectados?
Los datos evidencian un patrón claro. Entre 2014 y 2025, tres de cada cuatro personas ejecutadas por delitos de drogas eran extranjeras, muchas en situación de vulnerabilidad económica.
Amnistía Internacional documenta casos de personas reclutadas en niveles bajos del narcotráfico, engañadas o coaccionadas para transportar drogas, con pagos mínimos y sin acceso a defensa legal. Tampoco se investigó si eran víctimas de trata de personas.
Los migrantes en Arabia Saudita trabajan principalmente en construcción, servicios domésticos, manufactura y transporte. Muchos están bajo el sistema kafala, que vincula su estatus migratorio a un empleador, exponiéndolos a abusos y explotación. Estos son algunos factores que aumentan su vulnerabilidad:
- Empleos mal remunerados que facilitan su reclutamiento por redes de narcotráfico.
- Coacción o engaño para transportar drogas sin conocer las consecuencias legales.
- Falta de recursos para contratar abogados y ausencia frecuente de asistencia consular.
- Procesos judiciales en árabe sin traducción adecuada.
La minoría chií, que representa entre el 10% y el 12% de la población, también está en la mira, concentra el 42% de las ejecuciones por "terrorismo" desde 2014. En varios casos, los cargos se relacionaron con protestas pacíficas en la Provincia Oriental.
¿Puede Arabia Saudita aplicar la pena de muerte por delitos de drogas según el derecho internacional?
No. El derecho internacional prohíbe expresamente la pena capital para delitos relacionados con drogas, cuando no implican la muerte de nadie.
El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la pena de muerte solo se puede aplicar a los "crímenes más graves", entendidos como aquellos que implican homicidio intencional. Las conductas relacionadas con drogas no alcanzan ese umbral.
¿Se utiliza la pena de muerte contra disidentes?
Sí. Por ejemplo, en junio de 2025, Arabia Saudita ejecutó al periodista Turki al-Jasser, conocido por denunciar corrupción en la familia real, tras un juicio sin transparencia ni pruebas públicas. Fue acusado de "crímenes terroristas" no especificados. Su familia no recibió el cuerpo.
Otros casos similares fueron:
- Abdullah al-Shamri, analista político ejecutado en 2024 por cargos similares.
- Muhammad al-Ghamdi, maestro jubilado condenado por publicaciones en redes sociales, cuya pena se conmutó a 30 años de prisión.
Human Rights Watch advierte que la pena de muerte funciona como mecanismo para silenciar la disidencia y castigar la libertad de expresión.
¿Qué dicen las autoridades sauditas?
El Ministerio del Interior defiende la pena de muerte como herramienta para "mantener la seguridad y la justicia" y asegura que las sentencias se aplican tras agotar todas las apelaciones.
El príncipe heredero Mohammed bin Salman declaró en 2022 que la pena capital se ha "eliminado en todos los casos salvo los prescritos por el Corán".
Sin embargo, las cifras y casos documentados revelan una aplicación mucho más amplia y discrecional, en abierta contradicción con sus promesas.
¿Cómo funciona el sistema político en Arabia Saudita?
Arabia Saudita es una monarquía absoluta donde el rey concentra el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No existe un sistema electoral para elegir a los gobernantes, y la familia al-Saud mantiene el control del país desde su fundación en 1932.
El rey es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las fuerzas armadas. Tiene autoridad para emitir decretos, nombrar a los principales cargos del Estado y promulgar leyes basadas en la sharía.
El príncipe heredero, actualmente Mohammed bin Salman, ejerce una influencia decisiva en la política nacional y es considerado el gobernante de facto en muchos ámbitos. Su figura ha sido central en reformas económicas y sociales, pero también en la consolidación de un control más estricto sobre la oposición.
El Consejo de Ministros, designado por el rey, ejecuta las políticas públicas y administra el país. No existe un parlamento electo con poderes legislativos plenos; en su lugar opera el Consejo Consultivo, cuyos miembros son nombrados por el monarca y tienen funciones principalmente consultivas.
