El camino del dictador: así aprobó Bukele la reelección indefinida en El Salvador
Primero arrasó en las urnas. Luego transformó las instituciones. Y finalmente reescribió la Constitución. Así fue cómo Nayib Bukele pavimentó su camino hacia la permanencia indefinida en el poder.
Por años, el sistema político salvadoreño se sostuvo sobre una regla democrática fundamental: ningún presidente podía reelegirse de forma inmediata. Esa medida, escrita en varios artículos de la Constitución, buscaba prevenir el surgimiento de liderazgos autoritarios.
Pero en apenas seis años, Nayib Bukele —el joven político que irrumpió en 2019 con una narrativa antipartidos y una imagen disruptiva— logró desmantelar ese andamiaje institucional, paso a paso.
Finalmente, esta semana, con el respaldo de una Asamblea dominada por su partido, se convirtió en el primer presidente en la historia reciente de El Salvador con la posibilidad legal de reelegirse de manera indefinida.
Este fue el recorrido que siguió para lograrlo.
Del outsider popular al control absoluto del Congreso
Bukele asumió la presidencia en junio de 2019 como una figura antisistema. Su campaña prometía acabar con la corrupción, combatir la violencia y desmontar a los "mismos de siempre".
Dos años después, en las elecciones legislativas de 2021, su partido Nuevas Ideas, aliado con GANA, arrasó en las urnas y obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa: 56 de los 84 escaños. Era la primera vez desde los Acuerdos de Paz de 1992 que un presidente alcanzaba un control tan amplio del Congreso.
Y con ese poder, no tardó en actuar.
El 1 de mayo de 2021, en su primera sesión, la nueva Asamblea destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, a quienes acusó de obstruir la lucha contra el crimen y favorecer intereses partidistas. Los reemplazos fueron designados de forma acelerada, sin procesos técnicos ni consulta pública. Para muchos, fue un punto de quiebre: el Ejecutivo tomaba el control del Poder Judicial.
El fallo que abrió la puerta a la reelección inmediata
El siguiente paso llegó en setiembre de 2021, cuando la nueva Sala de lo Constitucional —ya compuesta por magistrados afines al oficialismo— emitió un fallo que reinterpretó la prohibición de reelección presidencial inmediata.
El argumento fue controvertido: impedir que un presidente se postule de nuevo violaba, según el fallo, sus derechos políticos. De esta forma, Bukele quedó habilitado para buscar un segundo mandato consecutivo en 2024, a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohibían de forma explícita.
La comunidad jurídica calificó la decisión como una "interpretación forzada". La oposición la denunció como un "golpe constitucional".
Redibujar el mapa electoral
Mientras consolidaba el control judicial, Bukele impulsó una profunda reconfiguración del sistema electoral.
En 2023, la Asamblea redujo los municipios de 262 a solo 44 y el número de diputados de 84 a 60. También cambió el método de asignación de escaños, adoptando un sistema que favorece a los partidos con mayor votación nacional.
Analistas y opositores señalaron que se trataba de una maniobra para concentrar el poder territorial, limitar la representación de minorías y asegurar la hegemonía legislativa del oficialismo, incluso con menos votos.
Y el resultado fue contundente. En las elecciones de 2024, Bukele fue reelegido con el 85% de los votos, y Nuevas Ideas obtuvo nuevamente una mayoría calificada en el Congreso.
Un estado de excepción sin final
El triunfo electoral ocurrió en un contexto excepcional.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que ha sido prorrogado 33 veces. Esta medida suspende derechos fundamentales como el acceso a defensa legal, la privacidad de las comunicaciones y el requerimiento de orden judicial para las detenciones.
Bukele lo justifica como una política eficaz contra las pandillas. Y en efecto, los homicidios han caído a niveles históricos. Pero organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cristosal denuncian detenciones arbitrarias, torturas, hacinamiento carcelario y graves retrocesos en derechos humanos.
La represión se profundiza
En julio de 2025, la represión alcanzó un nuevo nivel:
- La abogada Ruth López, reconocida por sus investigaciones anticorrupción, fue detenida sin acceso a defensa legal.
- La organización Cristosal cerró oficinas y evacuó a su personal ante el hostigamiento estatal.
- Periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron nuevas amenazas y vigilancia.
Ese mismo contexto vio la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. La norma obliga a todas las organizaciones y medios que reciben fondos internacionales a registrarse, pagar un impuesto del 30% y someterse al control del Ejecutivo. Además, autoriza la cancelación de personerías jurídicas y multas de hasta $250.000.
En la práctica, la ley congela el financiamiento externo de organizaciones no gubernamentales, medios, universidades y centros de pensamiento críticos del Gobierno.
La reforma exprés que lo cambió todo
Hasta abril de 2024, la Constitución exigía que cualquier reforma constitucional debía ser aprobada por dos legislaturas consecutivas. Pero eso cambió.
Con 57 votos, la Asamblea reformó el artículo 248 para que una sola legislatura y una mayoría de tres cuartos fuera suficiente para modificar cualquier parte de la Carta Magna.
El cambio fue ratificado en enero de 2025.
El desenlace: reelección indefinida
El 31 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma final: la reelección presidencial indefinida quedó legalmente permitida.
Pero no fue el único cambio. También se aprobó:
- La extensión del mandato presidencial de cinco a seis años.
- La eliminación de la segunda vuelta electoral.
- La unificación de las elecciones para el año 2027.
No hubo debate público. No hubo consulta ciudadana. La reforma se aprobó con 57 votos a favor y 3 en contra. La oposición, numéricamente irrelevante en la Asamblea, no tuvo cómo frenarla.
Respaldo fuerte
Pese a las advertencias de organismos internacionales y al colapso de los contrapesos institucionales, Bukele mantiene una altísima aprobación popular.
La reducción de homicidios, la narrativa de orden y eficiencia, y su comunicación directa por redes sociales lo mantienen como el político más popular de Latinoamérica. Sin embargo, el costo institucional es alto.
Hoy, el presidente controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el sistema electoral y buena parte del aparato represivo del Estado. La sociedad civil fue debilitada, la prensa crítica asfixiada, y la Constitución reescrita para permitir su permanencia indefinida.
El Salvador dejó atrás las restricciones democráticas que impedían el continuismo presidencial desde 1983.
Y con ello, completó su transición de la mano de Bukele: de una joven democracia a un régimen con poder sin contrapesos.
