El MEIC tiene 30 días para que explique por qué se niega a abrir mercado del arroz
(CRHoy.com) La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) dio un ultimátum de 30 días al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para que explique por qué no ha aplicado una mayor desregulación del mercado del arroz, yendo en contra de múltiples resoluciones de ese órgano que así lo establecen.
Según la resolución, el MEIC tiene 30 días naturales para explicar y justificar el mantener la situación tal cuál, desfavoreciendo al consumidor al aplicar precios mínimos al producto, lo cual favorece a los industriales.
Desde 1997 han habido al menos ocho acuerdos o recomendaciones realizadas por esta organización para que se abra el mercado; sin embargo, el Ministerio de Economía, en conjunto con el Ministerio de Agricultura se reunieron a espaldas del Ministerio de Planificación para acordar el mantener los privilegios que actualmente mantiene Conarroz.
Además, según Coprocom desde el año 2013 se han adoptado medidas para la eliminación de la regulación de precios del arroz, primero a través del ordenamiento del mercado que significó la regulación de todas las calidades del grano y la imposición de precios mínimos al consumidor, que empezó siendo transitoria, pero se mantiene al día de hoy.
Sin embargo, no se estableció un calendario, ni medidas adicionales que permitirían el incremento de la productividad del sector.
"Siete años después, las medidas adoptadas no han resultado efectivas; sin embargo, el Gobierno acuerda el mantenimiento de la regulación para preparar al sector, como si no se llevaran años persiguiendo este objetivo de manera infructuosa. Así las cosas, los acuerdos adoptados recientemente por el Gobierno con el sector arrocero representan una continuación del status quo para el sector y una burla para los consumidores", indicó la Coprocom.
La Comisión es un órgano desconcentrado que pertenece al MEIC pero que está facultado legalmente para actuar de manera independiente y técnica.
Según la Coprocom, el establecimiento de precios mínimos perjudica a los consumidores, por cuanto, al establecer el menor precio al cual se puede ofrecer un producto en el mercado, se limita la competencia entre los industriales y los importadores del grano.
"El precio mínimo asegura una ganancia a los industriales y comercializadores del grano -los productores no tienen ese beneficio- y dicha medida perjudica a los consumidores de un producto esencial en la canasta de los costarricenses especialmente a de los de menores ingresos", aseveró la Coprocom.