Entidades hicieron caso omiso a problemas de aguas en Río Cuarto
La Sala Constitucional falló a favor de los vecinos de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela y señaló que algunas entidades hicieron caso omiso a los problemas de aguas que enfrenta esa población.
Por medio de la sentencia N° 2019-000695 del 18 de enero anterior, se resolvió el recurso de amparo número 18-016614-0007-CO, presentado por los Presidentes de la Asociaciones de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, en el que acusaron la violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de las personas que habitan las comunidades que representan.
Los magistrados resolvieron que desde hace años, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas.
Lo anterior derivó en una crisis del servicio de agua potable en la zona, ante la salida de operación de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rica, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez, por contaminación por agroquímicos.
Ante el escenario actual, ordenaron que en forma inmediata se iniciara el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de agroquímicos, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, por medio de un plan único que debe desarrollarse en forma conjunta por los diversos actores involucrados, cuyo principal responsable de su creación y completo cumplimiento se designó en la cabeza del Ministerio de Salud.
Además, mientras el proceso de saneamiento concluye, dispusieron que se dictaran las órdenes necesarias para mantener la continuidad del servicio de agua potable a las poblaciones afectadas.
La Sala estuvo integrada por los Magistrados Fernando Castillo (Presidente a.i.), Paul Rueda, Luis Fdo. Salazar (Magistrado Ponente), Jorge Araya, Marta Esquivel, Hubert Fernández y Ana María Picado.