Estado de la Justicia reportó preocupante crecimiento de crímenes ejecutados por menores
El Estado de la Justicia detalla que el costo de la materia penal es, por mucho, el más elevado dentro del Poder Judicial
Entre el periodo de 2021 y 2023 se ha registrado un aumento significativo y preocupante en el número de nuevos casos en la Fiscalía Penal Juvenil, al punto de convertirse en la unidad del Poder Judicial con el mayor flujo de asuntos durante ese tiempo.
Se trata de un crecimiento del 132 %, concentrado principalmente en los delitos sexuales y contra la vida, mientras que en la mayoría de las demás jurisdicciones los cambios fueron moderados.
Esta situación se expone en el más reciente Informe del Estado de la Justicia. La investigación detalla que estos datos reflejan la crisis homicida y el creciente involucramiento de la población joven en actos de violencia, lo cual constituye una seria alerta para la convivencia social.
Por ejemplo, los delitos contra la vida se duplicaron en comparación con 2019: pasaron de 496 casos ese año a 1.004 en 2023. De acuerdo con el informe, en 2023 se registró un promedio de 1.684 asuntos diarios, lo que equivale a 51.228 mensuales y 614.735 anuales.
El incremento de casos penales en esta materia genera una preocupación creciente sobre las condiciones de vida de la juventud, en particular de la más vulnerable, lo que apunta a la necesidad de reformar las políticas públicas de prevención y rehabilitación, así como a una mayor inversión en programas educativos y de reintegración social.
El pasado 6 de febrero, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación (OIJ) advirtió que 2025 podría convertirse en el año con más homicidios en la historia del país, a pesar de la desarticulación de estructuras criminales.
“Tenemos una cifra histórica nunca antes alcanzada de homicidios. A pesar de todas esas detenciones, pues sigue habiendo homicidios”, manifestó Zúñiga, quien también alertó sobre el creciente reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales. Esto genera una mayor participación de gatilleros inexpertos.
Costo de los casos penales
El Estado de la Justicia también detalla que el costo de la materia penal es, por mucho, el más elevado dentro del Poder Judicial y, como se señaló, sigue en aumento. Esta situación impone presiones sobre otras jurisdicciones, algunas de las cuales atienden directamente a poblaciones vulnerables, como violencia doméstica y penal juvenil, que operan con costos significativamente más bajos.
El costo por caso entrado presenta importantes variaciones según el distrito judicial. En el I Circuito Judicial de San José, por ejemplo, se reportó un costo promedio de 689.410 colones para el año 2023 (casi 200.000 colones por encima del promedio), mientras que en el III Circuito Judicial de San José ese monto fue de 226.663 colones.
Productividad en el Poder Judicial
a productividad del Poder Judicial ha experimentado un crecimiento constante desde 2022. En 2024, se registró un aumento del 7,3 % en la productividad judicial. Este incremento obedece al alza en la cantidad de casos resueltos en ocho de las catorce jurisdicciones entre 2021 y 2024. Destaca especialmente la jurisdicción penal juvenil, que presentó un aumento del 109,8 % en su producción, en consonancia con lo señalado en el capítulo 3 (cap. 3.112).
Por su parte, desde 2021 el Ministerio Público ha mostrado un crecimiento sostenido en todas sus unidades, con distintos niveles según el tipo de delito y la fiscalía correspondiente. Otras oficinas del Ministerio Público, como la OAPVD y la ODCV, también reportaron aumentos en sus casos nuevos, con incrementos anuales del 6,9 % y 7,3 %, respectivamente.
Migración en el sistema penal juvenil
Una investigación sobre la población de jóvenes migrantes recluidos en el sistema de justicia penal juvenil constató que la situación migratoria representa un obstáculo para acceder a oportunidades de educación, empleo y, en general, para lograr la reinserción social. Esto afecta tanto a menores de edad como a quienes, tras cumplir la mayoría de edad y finalizar su sentencia, son liberados en un país desconocido y sin documentación oficial.
En la Defensa Pública, aunque no se reconoce formalmente a las personas migrantes y refugiadas como parte de las poblaciones vulnerables a las que se brinda patrocinio legal gratuito, sí se les atiende cuando encajan en otras materias de competencia, como penal, penal juvenil, laboral, violencia doméstica, agrario o indígena. Sin embargo, la entidad enfrenta una fuerte sobrecarga laboral, con recursos y plazas que crecen muy lentamente. Por ello, tiene limitaciones para brindar asistencia jurídica a esta población y muestra una presencia territorial desigual.
