Estas son las deudas con los cartagineses que Chaves sigue sin honrar
(CRH).
A tres semanas de que se conmemoren los 204 años de la independencia de Costa Rica en Cartago, así como en todo el país, el malestar de amplios sectores de esa provincia ha crecido por el abandono y el incumplimiento de compromisos del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
Carteles, críticas y hasta una declaratoria de persona non grata a Chaves en el cantón de Paraíso dan cuenta del descontento acumulado en los casi cuatro años de su administración.
La lista de compromisos sin cumplir por parte del mandatario —quien aún no ha confirmado si asistirá a los actos oficiales del 14 de septiembre— es numerosa y abarca múltiples áreas: salud, agricultura, infraestructura vial y transporte.
Nuevo hospital y agua
"Aquí están los muertos del hospital que nunca existió. Chaves non grato". Este fue el lapidario mensaje que dejaron al presidente en el terreno donde se construirá el nuevo hospital de Cartago, largamente esperado por sus habitantes.
En el lugar también se colocaron cruces de madera con nombres que simbolizan a las personas fallecidas mientras esperaban un centro médico digno.
El Gobierno ha impedido que los cartagineses cuenten con un nuevo hospital, a pesar de que todos los estudios técnicos —en los que el país ha invertido millones de colones a lo largo de más de 13 años— avalan la construcción de la obra en ese sitio.
La urgencia es evidente: el hacinamiento y las condiciones obsoletas del Hospital Max Peralta, levantado hace casi 115 años tras el terremoto de 1910, afectan gravemente tanto a pacientes como al personal médico.
Casa Presidencial, incluso, ha interferido en la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y retrasado, sin justificación técnica, el proyecto que beneficiaría a los 750.000 habitantes del área de cobertura del Max Peralta.
No obstante, la Gerencia Financiera de la CCSS, con el respaldo de la mayoría de la junta directiva, acordó adjudicar la obra a la empresa costarricense Van der Laat y Jiménez, que quedó en segundo lugar en el proceso de licitación, para avanzar con el proyecto.
La obra había sido adjudicada inicialmente a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V., pero esta retiró su oferta al alegar incertidumbre económica.
A la falta de un hospital se suma la crisis por el agua contaminada, otra de las deudas del Gobierno con los cartagineses.
Aunque la ministra de Salud, Mary Munive, aseguró en octubre del año pasado que el agua ya era apta para consumo humano en sectores del norte de la provincia, y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) dejó de enviar camiones cisterna, algunos vecinos seguían reportando este año contaminación con clorotalonil, un fungicida utilizado en hortalizas, apio, culantro y cebolla. Esto obligaba a muchas familias a gastar miles de colones en bidones de agua para consumo y preparación de alimentos.
El 1.º de diciembre de 2023, tras una orden de la Sala Constitucional, el Gobierno prohibió el registro, importación, fabricación, venta y uso de materia prima o productos formulados que contuvieran clorotalonil.
Pese a ello, en junio y julio del año pasado el AyA tomó muestras en 75 fuentes de abastecimiento de once Asadas y dos municipalidades que suministran agua potable a 46.110 personas, con el fin de identificar derivados de ese plaguicida.
El 24 de octubre, los resultados revelaron que los niveles del químico estaban por encima del valor admisible establecido por el Reglamento para la calidad del agua potable.
El reglamento 38924-S establece que el valor máximo permitido de plaguicidas autorizados en el agua es de 0,1 microgramos por litro. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el AyA aseguraron que los niveles detectados no representaban riesgo para el consumo humano.
La crisis escaló en Paraíso y en la ciudad de Cartago cuando el AyA amenazó con cortar el suministro por deudas acumuladas, con el aparente respaldo del Gobierno.
La presión del diputado Antonio Ortega permitió que se aprobara la condonación de ¢19.652 millones.
A ello se suma el abandono del proyecto Orosi II, que garantizaría el abastecimiento de agua para 700.000 personas en las próximas décadas.
El Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa (PAAM), también conocido como Orosi II, se financiaba con un crédito de $400 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual venció a finales de 2022.
Tren sin andar
En agosto de 2023, el Gobierno prometió habilitar el servicio de tren entre Paraíso de Cartago y San José. La realidad, dos años después, es que el proyecto quedó solo en palabras.
En mayo de este año, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez, confirmó el incumplimiento.
Aunque se hicieron múltiples promesas sobre la finalización de las intervenciones en la línea férrea, el Ministerio de Hacienda reconoció la decisión de no girar los ¢1.900 millones asignados para completar la obra, a pesar de que la Asamblea Legislativa había aprobado esos fondos dentro del Presupuesto Ordinario de la República para 2025.
Según Bermúdez, deben cumplirse procesos licitatorios obligatorios: elaboración de carteles, publicación, adjudicación y fase recursiva. Además, los materiales de mayor impacto para la obra deben importarse, lo que alarga los plazos más allá del periodo presupuestario 2025.
Los cartagineses han manifestado su malestar, pues desde el 8 de mayo de 2022 Chaves prometió llevar el tren hasta Paraíso, lo que generó esperanza entre quienes necesitan trasladarse por motivos laborales o educativos hacia el centro de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Caos vial
Al incumplimiento con la promesa del tren se suma el mal estado del transporte público por autobús y el caos vial en la provincia.
Las presas en las principales rutas aún no tienen solución y los intercambios de Taras y La Lima, que arrastran años de atraso, presentan graves problemas de seguridad vial, construcción deficiente y falta de señalización.
Inspecciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) detectaron concreto de menor resistencia a la pactada en elementos estructurales, mala colocación de barreras, desniveles peligrosos, señalización insuficiente y falta de iluminación.
También hallaron deterioros como grietas en las losas, indicios de oxidación en placas de apoyo, acero de refuerzo expuesto y deficiencias en la carpeta asfáltica.
El proyecto presenta, además, fallas en supervisión y ejecución, incumplimientos en la demarcación provisional y problemas recurrentes en dispositivos de seguridad vial y control de tránsito, lo que pone en riesgo a conductores y peatones.
Por su parte, la ruta 230, que conecta Oreamuno, Alvarado y Turrialba —clave para el transporte agrícola y turístico— se encuentra en estado deplorable.
Abandono al agro
Al igual que en otras regiones del país, los agricultores de Cartago —provincia que produce el 80 % de las hortalizas que se consumen en Costa Rica— denuncian abandono por parte del Gobierno.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha permitido importaciones masivas de productos como la papa, cultivada en amplias zonas de la provincia.
La entrada de papa importada sin controles fitosanitarios ha puesto a los agricultores locales en desventaja, pues el producto extranjero es más barato, según la Cámara de Productores de Papa de Costa Rica (CPPC) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
Muchas cosechas se han perdido por falta de mercado y, además, la ausencia de controles sanitarios en las importaciones masivas genera dudas sobre la calidad del producto.
En Cartago —provincia en la cual en uno de sus cantones Chaves ya es persona non grata— no solo reclaman por los enormes problemas que arrastran, sino que sienten completo abandono por parte de esta administración.
