Esto es lo que pretende Óscar Arias al acudir a la Sala IV por caso Crucitas

Como una pequeña victoria. Así define Rodolfo Brenes Vargas, abogado del expresidente Óscar Arias, la admisión del recurso de amparo planteado contra el proceso penal que derivó en una acusación por el caso Crucitas.

Arias, mandatario en los períodos 1986-1990 y 2006-2010, fue acusado por la Fiscalía General de un presunto delito de prevaricato al decretar en 2008 el proyecto minero –impulsado por la empresa canadiense Infinito Gold Mining en Cutris de San Carlos- como de conveniencia nacional.

Al final, entre polémicas y tensiones, la iniciativa nunca prosperó y topó con cerca ante una resolución emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo en 2010.

Este miércoles, la Sala Constitucional confirmó que admitió para estudio el recurso contemplado en el expediente 18-015245-0007-CO.  La queja radica en un planteamiento sobre supuestas violaciones al debido proceso cometidas por el Ministerio Público.

Consultado al respecto, Brenes explicó que el trámite del amparo es totalmente separado al proceso penal. De paso, señaló que solicitaron una medida cautelar para que no se acumule el expediente de Arias junto con el seguido contra Roberto Dobles, exministro de Ambiente y Energía en su gobierno, quien también figura imputado por aparentes delitos de prevaricato en torno a Crucitas.

"Ese es un punto sobre el que no se pronuncia la Sala Constitucional. Entonces, lo que tenemos ahorita es que el recurso superó el primer filtro de admisibilidad y lo que nos queda es esperar respetuosos el análisis de fondo que se haga. Eso nos complace, porque consideramos que las violaciones que se han producido en este proceso son muchas y son groseras", expresó el abogado del exmandatario.

Parte de los planteamientos hechos por la defensa de Arias con el recurso, pretenden  que el caso sea devuelto a la etapa de investigación para subsanar –bajo su criterio- una serie de falencias en el proceso que inciden negativamente en el correcto derecho de defensa del expresidente. Por ejemplo, el ofrecimiento de testigos que no fueron entrevistados en la etapa de investigación.

Por esta causa penal, que fue reabierta en setiembre de 2017 por la actual fiscal general Emilia Navas Aparicio, Arias fue indagado el 8 de noviembre de ese año.

"Estas violaciones ameritan un control de parte de la Sala Constitucional, porque de lo contrario sería aceptar que el Ministerio Público tiene un poder ilimitado y que puede tramitar una investigación sin sujetarse al marco de garantías constitucionales (…) Es una pequeña victoria, pero es nada más que una fase de trámite. Toca esperar el análisis de fondo", expuso Brenes.

¿Qué pasa si el recurso prospera? Según el abogado, se obligaría al Ministerio Público a cumplir con sus deberes y a investigar de 'manera profunda' y no 'superficial'.  "Por ejemplo, los 16 testigos que ofreció sin entrevistar van a tener que llamarlos para preguntarles qué sabía y qué hizo don Óscar", acotó.

El caso Crucitas

Arias es investigado al decretar en 2008 el proyecto minero –impulsado por la empresa Infinito Gold Mining en Cutris de San Carlos- como de conveniencia nacional.

Ante el limbo existente sobre el papel del político, en setiembre del año pasado un juzgado penal solicitó determinar la situación jurídica del expresidente.

El expresidente nunca fue imputado por el otorgamiento de la concesión minera ni por la declaratoria de conveniencia nacional de esa actividad. De hecho, el anterior fiscal Jorge Chavarría lo separó de la causa que se siguió por este caso contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles.

Arias y Dobles firmaron el decreto de conveniencia nacional. Sin embargo, solo Dobles fue acusado y- posteriormente- condenado en enero de 2015.

Dicha sentencia fue anulada y se está a la espera de una audiencia preliminar para establecer si el caso va nuevamente a juicio.

Ahora, la causa se elevará al Juzgado Penal de Hacienda. Ese órgano, mediante una audiencia, determinará si existen los suficientes elementos para llevarlo a juicio.

Arias fue indagado el 8 de noviembre de 2017, donde insistió en su inocencia.

La reactivación del caso estuvo amparada en un análisis jurídico ordenado por la fiscala general Emilia Navas con el fin de ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que no fueron incorporados al legajo de investigación durante el momento oportuno.