Estudiantes organizan venta y consumo de vapeadores con estructuras similares a redes delictivas

Estudiantes están organizando la venta y consumo de vapeadores de manera similar a las estructuras delictivas, lo que pone en riesgo la salud y la seguridad de la comunidad educativa.

Así lo advierte el Colegio de Profesionales en Orientación, que señala que dentro de los centros educativos "se han detectado roles definidos, tales como 'cabecillas', que coordinan las acciones, estudiantes que se encargan de contactar a comerciantes externos, distribuidores internos y 'campanas' que advierten la presencia de autoridades.

Esta organización les permite evadir la detección y operar en espacios estratégicos".

José Miguel Chavarría, representante del Colegio y profesional en Ciencias Criminológicas, explicó que "hoy la preocupación va más allá del consumo individual".

El orientador agregó que incluso se han encontrado vapeadores escondidos en cielorrasos, tanques de baños y zonas corporales de difícil acceso, lo que representa un riesgo adicional por la manipulación antihigiénica de estos dispositivos.

Población más vulnerable y riesgos asociados

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), cerca del 65% de los casos detectados corresponden a estudiantes hombres, y el grupo más vulnerable son los jóvenes de séptimo año, quienes enfrentan un delicado proceso de transición al ingresar a la secundaria.

Más allá de los riesgos de adicción y posibles afectaciones cardiorrespiratorias, los profesionales han identificado conflictos derivados del control territorial, conductas desafiantes hacia las figuras de autoridad y evasión constante de las normas.

"Las alertas se han vuelto diarias, lo que ha recargado la labor de docentes y profesionales en Orientación. Hemos encontrado hasta ocho vapeadores escondidos en un solo techo. Hay zonas calientes bien identificadas", agregó Chavarría.

Vacíos en protocolos y necesidad de acción

Aunque la Ley 10.066, que regula los sistemas electrónicos que administran nicotina o sustancias similares, está vigente desde hace cuatro años, existen vacíos importantes en la aplicación de protocolos dentro de los centros educativos.

Según la normativa, ante la detección de nicotina se debe referir el caso al Ministerio de Salud y al IAFA, además de involucrar a padres de familia e incluso al PANI en situaciones específicas.

Sin embargo, en la práctica, la falta de capacitación constante, la recarga laboral del personal y la ausencia de canales ágiles dificultan la respuesta institucional.

"La normativa existe, pero no basta con tenerla escrita. Necesitamos capacitaciones continuas, protocolos claros y adaptados a la realidad cambiante, y una alianza real con las familias", explicó Chavarría.

Implicaciones sociales y emocionales

El Colegio de Profesionales en Orientación hizo un llamado urgente a autoridades, familias y sociedad en general, enfatizando que no se trata de un tema menor. Según Chavarría, las estructuras internas organizadas para el consumo y distribución de vapeadores requieren una atención integral, porque representan riesgos de salud y de convivencia.

Al conversar con estudiantes involucrados, se ha identificado que las razones detrás del consumo incluyen la búsqueda de aceptación social, baja autoestima y el uso del vapeo como "válvula de escape" frente a problemas familiares, económicos o emocionales.

"Es una problemática con un trasfondo delicado que requiere del actuar de toda la sociedad. Instamos a las familias a que se mantengan vigilantes de los círculos de sus hijas e hijos, entablen comunicación constante con ellos y con los centros educativos, y que se mantengan presentes en sus vidas en general. Asimismo, es necesario establecer planes de trabajo dirigidos a abordar esta problemática y capacitar constantemente a las y los profesionales en Orientación, debido a la serie de situaciones de índole social que se siguen transformando y evolucionando de forma acelerada", agregó el orientador.

Recomendaciones y pasos a seguir

Los profesionales recomiendan a los centros educativos:

• Actualizar y adaptar protocolos para detección y manejo de vapeadores.
• Implementar estrategias preventivas y programas educativos sobre consumo de sustancias.
• Coordinar de forma más cercana con familias y autoridades locales.
• Fortalecer la capacidad de respuesta de orientadores y docentes frente a situaciones complejas de consumo y distribución.

Por su parte, el MEP ha señalado que continúa trabajando en campañas de prevención y formación docente. Sin embargo, los expertos consideran que es urgente acelerar estas acciones y crear protocolos ágiles que respondan a la dinámica actual de los estudiantes y la evolución tecnológica de los dispositivos de vapeo.

Incremento en el uso de vapeadores

Investigaciones del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) revelan un alarmante incremento en el uso de vapeadores, entre los jóvenes del país.

Una encuesta que se aplicó a jóvenes entre 15 y 19 años dio a conocer que un 12% de los encuestados utilizó cigarrillos, tabaco o vapeadores en los últimos 30 días. Además, uno de cada cinco estudiantes expresó su deseo de reducir el consumo de estos dispositivos.

La encuesta se realizó durante 2024 en 5.672 estudiantes, de 60 colegios, de 6 direcciones regionales distintas.

Del 2021 al 2025 el uso se triplicó, pasando de un 4% a un 13%, es decir, 1 de cada 7 jóvenes utilizan vapeadores. 

Durante este año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), atendió a más de 42 mil personas por el uso de vapeadores.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene medidas vigentes para frenar el consumo. Se incluye la obligatoriedad de revisar bolsos, mochilas y objetos similares al ingreso y permanencia de estudiantes en los centros educativos

Asimismo, se proponen cambios en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, incorporando el vapeo dentro de las faltas graves, lo que conlleva una rebaja de 20 puntos en la nota de conducta, en comparación con la sanción anterior que oscilaba entre 11 y 19 puntos.