Exjerarcas salen del gobierno sin logros visibles, con deudas básicas y llenos de cuestionamientos

Los siete miembros del gabinete de Rodrigo Chaves Robles que renunciaron para postularse como diputados en las elecciones de 2026 dejan atrás una lista larga de tareas pendientes y escándalos que marcaron sus gestiones.

Actuales legisladores consideran que estas salidas responden a un intento por obtener inmunidad durante cuatro años más, en caso de resultar electos. Además, critican que los exministros abandonan sus carteras sin logros visibles, con deudas en aspectos básicos de sus funciones y cargando serios cuestionamientos por la forma en que ejercieron sus cargos.

Stephan Brunner

A criterio de los legisladores, el primer vicepresidente de la República deja su cargo sin logros visibles y con una gestión marcada por hechos controversiales.

El caso más reciente fue la destitución de todos los miembros de la junta directiva del Banco Nacional. Brunner estuvo a cargo del procedimiento disciplinario, luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles y el Consejo de Gobierno se apartaran del proceso a solicitud de los directivos.

Sin embargo, al ser interrogado por los diputados en la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre el sustento legal de dicha decisión, Brunner no logró indicar qué normativa o ley habrían incumplido los directivos. En su lugar, justificó la destitución con base en supuestos incumplimientos a principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Brunner Neibig también enfrentó fuertes críticas por impulsar la contratación de una póliza financiada con fondos públicos. Esta pretendía cubrir a los miembros del gabinete —incluyéndose a él mismo— ante eventuales gastos legales y financieros derivados de denuncias penales presentadas durante su gestión.

La cobertura contemplaba asesoría legal incluso para quienes dejaran sus cargos mientras eran investigados o enfrentaban una acusación formal.

Brunner enfrenta una causa penal desde 2022 y, a mediados de 2023, trabajó en esta propuesta junto con otros jerarcas, como el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la entonces presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel. Todos conocían que podrían beneficiarse directamente de la iniciativa.

Ante la presión de diversos sectores, el Gobierno no logró concretar la contratación.

"Él al igual que otras personas que renunciaron hoy, son personas que buscan recursos como la inmunidad política para ser protegidos en una eventual elección. Es irregular, riegoso y lamentable todo esto y queda deja claras luces que tener un curriculum delictivo es lo que se busca para los candidatos del Partido Pueblo Soberano", explicó Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA).

Juan Manuel Quesada

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) estuvo al frente de la institución encargada de administrar el recurso hídrico durante casi dos años. Sin embargo, la escasez de agua persistió en las comunidades donde había prometido soluciones, sin que se concretaran mejoras sostenibles.

"La renuncia de Juan Manuel Quesada a la presidencia del AyA nos representa un cierre de un ciclo de inoperancia, de altanería. Esta maniobra política lo que buscó fue evadir la responsabilidad por no haber hecho su trabajo, una gestión deficiente, plagada de omisiones, decisiones cuestionables y de denuncias públicas.

Recordemos que Juan Manuel mientras estuvo en Aresep, allá por el 2012, mostró actitud confrontativa y poco diálogo y ahora poderle considerar para estar en esta administración no fue la mejor decisión de Rodrigo Chaves", dijo la diputada Katherine Moreira de Liberación Nacional (PLN).

El Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa) ha cuestionado al jerarca por hechos como la presunta usurpación de cargos —como el de director de Comunicación—, así como por aparentes lujos en su despacho, remodelaciones, compras, viajes y nombramientos polémicos.

Según el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, el presidente del AyA manipuló información durante meses para justificar el cobro de una suma millonaria por el servicio de agua a los cantones de Paraíso y Cartago, y para aumentar la tarifa a los usuarios hasta en un 300%.

Además, el legislador recordó que, durante su paso por la presidencia ejecutiva de Recope, el funcionario dejó pérdidas por ¢26.000 millones al omitir ajustes tarifarios que estaban establecidos por ley.

"En el AyA su respuesta ante la crisis por contaminación de hidrocarburos fue lenta y desorganizada, esta falta de compromiso afectó a miles de familias en cantones de la GAM, también ignoró alertas sobre riesgo de colapso del sistema y excluyó de prioridad el proyecto Orosi 2, también vino a retrasar aún más agua para Guanacaste", dijo.

El diputado Nicolás lo responsabiliza de dejar sin agua a comunidades como Hatillo, Goicoechea, Moravia, cantones de Cartago y Guanacaste.

Esmeralda Britton

La presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, no logró mantenerse al margen de los escándalos durante su gestión.

El 30 de octubre de 2023, declaró bajo juramento en la Asamblea Legislativa que el presidente Rodrigo Chaves les ordenó retirar el programa La Rueda de la Fortuna de Canal 7 para trasladarlo al Sinart. Pese a que era una decisión estratégicamente incorrecta para las objetivos del programa, que debía estar en un canal de mayor rating televisivo con el fin de mostrar los productos.

Sin embargo, el 6 de noviembre, en una segunda comparecencia, se contradijo y negó que la instrucción viniera del mandatario. Alegó que la decisión había sido suya y luego se negó a referirse al tema.

La exgerente de la JPS, Marilyn Solano Chinchilla, divulgó un audio en el que Britton presiona para contratar a la agencia de publicidad del Sinart. En la grabación, la jerarca advierte que, de no concretarse ese contrato, "iban a volar cabezas", incluida la suya.

Durante su gestión también autorizó el uso de ¢4.391 millones para adquirir el terreno donde se ubicará la nueva sede central de la institución, a pesar de que informes de la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de San José alertaron sobre zonas con amenaza "muy alta" de deslizamientos e inundaciones, así como un bajo Índice de Fragilidad Ambiental (IFA).

Además, se descartaron terrenos más baratos por supuestos problemas de inseguridad, aunque el lote adquirido se ubica en el mismo radio de un kilómetro y está rodeado por los mismos barrios.

Nogui Acosta

El ministro de Hacienda deja el cargo con una deuda reciente: la fallida entrada en vigencia del sistema Tribu CR, una herramienta que prometía sustituir a la Administración Tributaria Virtual (ATV) y mejorar la atención de las obligaciones fiscales. Pese a los anuncios, la plataforma no entró en funcionamiento el 4 de agosto, como él y su equipo habían prometido.

El jerarca también protagonizó polémicas por el uso de un video en TikTok como prueba en el llamado "megacaso fiscal" contra el empresario Leonel Baruch Goldberg. Omitió que existía un informe previo que recomendaba desestimar el caso, al comprobar que no había delito tributario alguno que perseguir.

El diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), recordó que el ministro fue denunciado por múltiples presuntos delitos, entre ellos: incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, influencia contra la Hacienda Pública, nombramientos ilegales, desobediencia, fraude de ley en la función administrativa, fraude a la Hacienda Pública y prevaricato.

Además, participó junto al vicepresidente Stephan Brunner en la propuesta para contratar una póliza con fondos públicos que ofreciera protección legal a jerarcas sometidos a procesos penales durante su gestión.

Marta Esquivel

La ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concluye su gestión bajo señalamientos por su falta de liderazgo y una constante sombra de cuestionamientos éticos y legales.

"Lamentablemente su paso por Mideplan pareció responder más a la estrategia política para no perder la inmunidad, lo sabemos claro, todas las personas pensantes y conscientes del país y no por voluntad de ella de querer seguir sirviendo.

Desde el Ministerio de Planificación no hemos visto propuestas relevantes para el desarrollo territorial, ni un enfoque claro sobre cómo planificar el país con una visión a largo plazo considerando las siete provincias, esperemos que ahora que ha renunciado pueda caer sobre ella todo el peso de la ley como corresponde sin privilegios ni protecciones. No olvidemos que es una figura clave del escandaloso caso Barrenador, donde se denunció cómo se favoreció desde el poder a ciertas cooperativas en perjuicio del interés público", explicó Moreira.

Apuntó que durante los 6 meses que tiene en Mideplan no han presentado una sola iniciativa estratégica de planificación nacional relevante.

"Nunca quiso desarticular la descentralización, la evaluación del gasto público nunca pudo hacerle frente y la pobreza y la desigualdad no se vio ninguna modificación", dijo.

Además, recordó que  todavía tiene pendiente el pago de ¢24 millones en sobresueldos que se le otorgaron cuando estuvo a cargo de la CCSS, pese a las múltiples advertencias de la Contraloría General de la República para reintegrar el dinero que no le pertenece.

Para el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, el paso de la actual ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) por el Ministerio de Trabajo, al inicio de la administración, "pasó sin pena ni gloria". Asegura que fue colocada en ese cargo por sectores con intereses empresariales que buscaban proteger sus negocios.

Robles también señaló al actual dirigente de la campaña chavista, Freddy González, como el artífice —junto con la ministra— de una serie de movimientos que desembocaron en el caso de corrupción conocido como Barrenador.

Respecto a su nombramiento en Mideplán, el legislador coincidió con otros diputados al afirmar que esa designación buscaba brindarle inmunidad política durante varios meses.

Por su parte, el diputado Francisco Nicolás (PLN) recordó que la jerarca enfrenta denuncias por acoso laboral durante su paso por la CCSS, así como investigaciones por presuntos delitos de nombramientos ilegales, peculado, incumplimiento de deberes, prevaricato e influencia contra la Hacienda Pública.

Cindy Quesada

La ministra de la Condición de la Mujer concluye su gestión bajo fuertes cuestionamientos debido al incremento de la violencia contra las mujeres, especialmente en el caso de femicidios.

Según la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, la tasa nacional de femicidios aumentó de 0,59 a 1 por cada 100.000 mujeres entre 2022 y 2024.

Desde que Rodrigo Chaves asumió el poder, estos casos crecieron significativamente: en 2022 se registraron 25 asesinatos, en 2023 la cifra subió a 31, y en 2024 se reportaron 30 femicidios.

"Nunca habíamos vivido esta situación con tanta crudeza, no solo la cantidad si no la barbarie con la que se cometen, también da cuenta de un cambio cultural al que el Inamu no le han puesto la mano. Las campañas han sido puro marketing muy vacío de contenido u se ha debilitado muchísimo la gestión del Inamu, en la parte legal y defensa", cuestionó Rocío Alfaro, diputad del Frente Amplio.

Recientemente, un informe de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) reveló "improvisación político-técnica, uso ineficiente de recursos públicos y ausencia de controles efectivos" en la implementación del proyecto Puntos Violeta, adjudicado a la empresa PSICOMED S.A.

El estudio detalla que se han gastado ₡534.484.256 "sin controles ni indicadores eficientes" para supervisar este programa.

"La gestión ha sido terrible, se dedicaron a crear programas sin sustento científico, sin metas ni objetivo contrastables, para poder hacer una debida fiscalización de los recursos que se estaban asignando", dijo la diputada.

Añadió que la ministra Quesada ha justificado la violencia que ejerce Chaves contra ministras y diputadas diciendo que es un hombre fuerte que está frustrado y eso "nos parece gravísimo".

"La gestión de Cindy Quesada, la ministra son cartera, ha sido ampliamente cuestionada por distintos sectores sociales y hasta por esta Asamblea Legislativa, 31 diputados de cinco bancadas presentaron una moción exigiendo su renuncia calificando su gestión como técnicamente y políticamente incapaz de proteger los derechos de las mujeres de Costa Rica", dijo por su parte la diputada Moreira.

Angela Mata

La ministra de Vivienda, durante sus más de tres años al frente del Ministerio, pasó casi desapercibida. Sin embargo, un análisis del diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reveló que en su gestión se han construido casi 11.500 viviendas de bien social menos que en el mismo período de la administración anterior.

Pacheco atribuye esta reducción a los recortes presupuestarios en vivienda social desde que el gobierno de Rodrigo Chaves asumió el poder.

El Partido Acción Ciudadana (PAC) coincidió con esta evaluación y destacó que el actual gobierno ha entregado 27.143 bonos de vivienda, aproximadamente 10.000 menos que en la administración de Carlos Alvarado.

Por su parte, la diputada Rocío Alfaro calificó la gestión de Mata como "realmente pobre" debido al bajo presupuesto asignado, lo que limita las acciones de apoyo para la población que requiere atención estatal.