Expertos: El SINAC está en crisis y con él toda la gestión de la biodiversidad del país

Expertos del Centro Científico Tropical (CCT) analizaron en el foro organizado en la Asamblea Legislativa, la situación que vive el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), entidad que enfrenta la mayor reducción en su personal y en presupuesto en los últimos 4 años, situación pone jaque la atención del 25% del territorio terrestre y el 30% del marino, considerados áreas protegidas.

Datos del propio SINAC señalan que el país cuenta con 152 áreas protegidas que representan el 25,46% del territorio terrestre y el 30.3% del espacio marino.

No obstante, estas son gestionadas directamente por solo 517 personas. Es decir, cada funcionario debe velar por 347 km2 aproximadamente.

En un análisis realizado por Laura Pacheco, directora del CCT, con informes recientes del SINAC, entre el 2020 y el año 2021, mientras que la superficie protegida aumentó en un 524%, el presupuesto institucional disminuyó en un 37%, las horas destinadas a control y protección disminuyeron en un 70,2%.

Además, entre el 2020 y el 2023, la planilla disminuyó en un 6% y el presupuesto institucional continúa disminuyendo, presentando al 2024 una reducción del 42% con respecto al 2020.

A este escenario debe sumarse la presión por la visitación turística, que al 2023 alcanzó 465 mil visitantes adicionales a las áreas silvestres protegidas, mientras que al mismo tiempo disminuía el presupuesto y el personal del SINAC.

Asimismo, la injerencia del narcotráfico en Áreas de Conservación ha venido en aumento.

Una problemática recientemente retratada por el prestigioso periódico The New York Times que deja en evidencia cómo el narco aprovecha el vacío generado por la falta de personal y el pobre monitoreo en la gestión de parques nacionales y reservas biológicas.

Carencias sin resolver

En la actualidad, en el SINAC persisten deficiencias ya señaladas desde el 2014 por la Contraloría General de la República (CGR).

Por ejemplo, una tercera parte de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) todavía carecen de planes de manejo, que son los instrumentos de planificación que orientan su gestión para cumplir con sus objetivos de conservación, esto pese a que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente le exige al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) este tipo de instrumentos.

"Retomar los vínculos entre el sector público, académico, ONGs y demás aliados es un llamado urgente ante el riesgo de incumplir con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de sus áreas silvestres. Repensar el SINAC, su modelo de financiamiento y de gestión, así como su gobernanza y marco legal, es la tarea que nos corresponde en aras de contar con la institucionalidad que necesita nuestro espacio terrestre y marino protegido", insistió Pacheco.

Para Carlos Hernández, director del Sistema de Reservas Privadas del CCT, "En Costa Rica nos dimos cuenta de que, con solo las áreas protegidas, no íbamos a alcanzar las metas de conservación. De ahí la necesidad de que afuera de esas áreas hubiera también gestión de la conservación. Por ejemplo, los corredores biológicos surgieron como formas de gestión con la gente para la protección de los recursos naturales. Esto no lo puede hacer solo el SINAC, por eso es importante la atracción de alianzas público-privadas para su articulación."

Hernández detalló que del 25% (en promedio) del área terrestre protegida con alguna categoría de manejo, solo son gestionadas por el Estado los parques nacionales y reservas biológicas.

Las zonas protectoras, los refugios de vida silvestres privados, las reservas forestales; la gran mayoría son de carácter privado.

Así mismo como el resto del territorio nacional con cobertura boscosa. Por tanto, la negociación y el trabajo en conjunto con sus propietarios se vuelve fundamental.

Otro invitado al foro, Miguel Madrigal, presidente de la Asociación de Guardaparques Pensionados, "Cuando concebimos todos estos procesos dentro del SINAC pensamos en darle mayor participación a la gente; de ahí la complejidad de la actual Ley de Biodiversidad para la participación ciudadana. El problema empieza cuando las decisiones técnicas, comienzan a tomarse con una injerencia de agendas personales en esos cuerpos que la legislación creó. Y ahí es donde se nos hizo un arroz con mango."

"Lo que nos hace falta por definir en un nuevo modelo de gestión es adónde se toman las decisiones técnicas y adónde se toman las decisiones políticas; con algo tan delicado como la gestión de la biodiversidad", agregó.

Por su parte, el decano de la facultad de ambiente y desarrollo de la Universidad para la Cooperación Internacional, Allan Valverde, hay que reconocer el valor de las ASP. Si no hay biodiversidad, no hay economía ni bienestar social.

Valverde cree que bajo este precepto es que debería gestionarse todo el sistema de áreas de protección que gestiona el SINAC.

En Costa Rica las áreas protegidas no deben ser un gasto, sino una inversión. Y es que, pese a que actualmente la mitad del presupuesto que maneja el sistema proviene de la misma área protegida, el SINAC no está siendo lo suficientemente eficiente.
La cooperación internacional es una opción como fuente de ingresos, sin embargo, todos los demás países están detrás de estos mismos fondos.

"Hay que darle la vuelta al asunto y valorar el verdadero aporte que realizan las áreas protegidas para el país en temas como la protección de desastres naturales, la atracción turística, la polinización o la generación de encadenamientos productivos a su alrededor", aseguró.

Para el especialista es necesario buscar un método innovador de financiamiento ya que, si se obliga al SINAC a ser sostenible de la manera clásica, muy posiblemente, se vaya a generar un grave problema social.

Esto porque la mayor parte de las áreas protegidas se encuentran alrededor de cantones vulnerables que se ven beneficiados por los negocios asociados a ellas.

El foro fue organizado por la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, quien lamentó que el país esté restando calidad de vida a sus habitantes con la falta de políticas para el cuidado del medio ambiente.