FA insiste con plan para regular “lobby” y “puertas giratorias” tras rechazo del chavismo y PLN
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, presentó a la corriente legislativa un nuevo texto (expediente 25.170) del proyecto que pretende regular el "lobby político" y las "puertas giratorias", en la función pública.
Esto luego de que ayer, la Comisión de Gobierno y Administración, archivó con los votos del chavismo y de Liberación Nacional (PLN) el expediente 24.111, que pretendía las mismas regulaciones.
Votaron en contra del proyecto Paola Nájera y Waldo Agüero (oficialismo chavista) y Carolina Delgado (PLN). Mientras que, a favor se inclinaron Melina Ajoy, del PUSC; Antonio Ortega, del Frente Amplio y la independiente Johana Obando.
"La Comisión Gobierno y Administración decidió en esta Asamblea Legislativa archivar, matar, un proyecto anticorrupción que habíamos presentado. Las excusas dan vergüenza, desde el oficialismo, que por cierto prometió en campaña regular las puertas giratorias y ahora que no, que no hace falta, y lo votaron en contra. Hasta miembros del bipartidismo que dicen que esto desincentiva el empleo de las personas jóvenes en la función pública", señaló la diputada Guillén.
"A ver, son excusas que dan vergüenza, este es un proyecto anticorrupción, por que qué son las puertas giratorias: es cuando llega un individuo a una empresa pública o a una institución pública, pero le trabajó hace unos días a la empresa privada o al individuo al que va a tener que ir a regular en la función pública y, entonces, ¿adivinen qué?, tiene un conflicto de interés".
"Hoy estamos volviendo a presentar ese proyecto de ley para que la legislatura que venga, con más sabiduría espero yo, más sensatez y más ética, vaya a hacer esto una realidad, combatir la corrupción no es un discursito en elecciones, es poner el proyecto de ley sobre la mesa y votarlo a favor, así que ojo ciudadanía", fustigó la frenteamplista.
¿Qué se buscaba sobre el "lobby"?
El proyecto archivado también pretendía establecer un Registro Público de Lobbistas a nivel nacional, para agendar reuniones de "lobby" con funcionarios público. Además, se imponía la obligación de interés antes y después del ejercicio de las funciones públicas y exigía mayor fiscalización sobre las actividades privadas de altos funcionarios.
En marzo de 2024, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través de un informe anticorrupción llamó la atención de Costa Rica ante la falta de la regulación del "lobby".
