Fin anticipado de contrato con Globalvía ya no es opción para Gobierno
Aún se debe completar 23% del monto requerido para esta alternativa contractual
(CRHoy.com). Pese a que el 6 de julio del año pasado el presidente Rodrigo Chaves y el vicepresidente Stephan Brunner pusieron sobre la mesa la posibilidad de rescindir anticipadamente el contrato con Autopistas del Sol (Globalvía) para la ruta 27, esas palabras se las llevó el viento y, hoy, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) no visualiza una finalización anticipada del contrato.
Así lo detalló Dahianna Marín Chacón, secretaria técnica de la entidad, en entrevista con CRHoy.com. Según la funcionaria, los cálculos vigentes apuntan a que la terminación contractual llegará hasta 2033, tal y como está dispuesto en el acuerdo firmado.
El contrato vigente tiene una cláusula que permite la finalización anticipada de la concesión por recaudación de peajes antes de que se cumpla el plazo máximo de 25 años y 6 meses de operación. Esto, a través de un cálculo matemático/financiero denominado Valor Presente de los Ingresos (VPI).
Pese a que el acuerdo entre el Estado y la concesionaria se firmó en 2000, durante la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002), la empresa tuvo la orden de inicio para la construcción de la vía el 8 de enero de 2008.
La ruta fue concluida el 27 de enero de 2010, durante la Administración Arias Sánchez, a partir de ese momento inicio la fase de explotación (cobro de peajes) en todas las estaciones de la carretera.
El costo inicial del proyecto fue de $258 millones. No obstante, en agosto de 2015, durante la Administración Solís Rivera se acordó una adenda contractual que elevó el monto a $301,4 millones como parte de un acuerdo conciliatorio con la concesionaria para evitar un arbitraje internacional interpuesto por la empresa, la cual reclamaba un reajuste de precios en el costo de la vía.
Ese acuerdo conciliatorio es señalado por Marín como uno de los factores que impediría terminar antes la relación con Globalvía.
Para una finalización anticipada, la concesionaria debe alcanzar una recaudación de peajes por los $301,4 millones. Sin embargo, el contrato de concesión establece que todos los ingresos de la empresa deben ser deflactados.
¿Qué quiere decir eso? Que se debe calcular el ingreso bruto de la concesionaria al valor del dólar en el año 2000, que estaba en ₡315.
A ese monto se le resta la inflación y luego los costos de operación, administración, mantenimiento e inversiones hechas por la compañía. La cifra que arroje esa aplicación de fórmulas y rebajas es lo que se termina abonando a esa "deuda" con Globalvía.
De esta forma, según el VPI, el valor actual del contrato es de $301,4 millones y la recaudación de la concesionaria es de $234 millones (a mayo de 2023). Es decir, aún resta por completar un monto superior a los $64 millones.
"Ya nosotros hicimos una proyección de que sin el acuerdo conciliatorio que se firmó en 2015 estaría paga (la carretera) en el año 2028. Un poco más antes, tal vez. Sin embargo, tenemos un acuerdo conciliatorio que nos va a llevar hasta el año 2033 y puede ser que quede pendiente algo. Tuvimos una pandemia donde los flujos estuvieron bajando y eso pudo afectar el tema de la recuperación.
"Tenemos un contrato de $301 millones del año 2000. Nosotros tenemos que deflactar esos $301 millones a valor presente y posteriormente hemos venido trabajando en ese proceso", comentó Marín.
Según los estados financieros anuales de Globalvía, auditados por la firma Deloitte, en 2022 la concesionaria tuvo utilidades de operación de casi $53 millones a partir de los ingresos reportados.
En ese sentido, los datos oficiales del CNC apunta a un tráfico promedio diario de 100 mil vehículos.
El actual gobierno también descartó la posibilidad de romper el contrato con la concesionaria, pues los análisis determinaron que existirían riesgos de indemnizaciones millonarias y reclamos por incumplimientos contractuales.
La carretera, de 77 kilómetros, es la principal vía de comunicación terrestre entre el Valle Central y el Pacífico Central. El acuerdo contractual es por 25 años y está vigente hasta 2033.
La ruta entró en operación en enero de 2010. No obstante, rápidamente se reportaron problemas operativos (desprendimiento de taludes) e inconvenientes de capacidad.
Lo que está bajo análisis entre las partes es la posibilidad de ampliar la carretera.
