Exdirectiva del BN quiso mantener en secreto acuerdo de reestructuración de la entidad
Banco Nacional. (CRH).
Los exdirectores del Banco Nacional (BN), nombrados y juramentados por el presidente Rodrigo Chaves, iniciaron el trámite para contratar a una empresa que realizaría la reestructuración de la entidad bancaria.
Así consta en un acuerdo correspondiente al artículo 6 de la sesión 12.771, el cual fue declarado confidencial por los exdirectivos, pero posteriormente revocado y hecho público por la junta directiva del banco que fue reinstalada por la Sala Constitucional el pasado 10 de octubre.
Según se detalla en el acuerdo, se acogió una moción presentada por los exdirectores Maximiliano Alvarado y María del Milagro Solórzano con ese propósito.
El documento indica que se instruyó "a la Administración para que, con base en los términos y condiciones previstos en dicha contratación, genere un requerimiento para la realización de un diagnóstico integral del plan estratégico vigente, así como la formulación de una propuesta de ajustes o reformulación, según corresponda, con base en entrevistas estructuradas a los miembros de esta junta directiva, así como en los insumos aportados por la alta administración del banco".
El acuerdo señala que la propuesta debía contener recomendaciones técnicas, estratégicas y operativas que le permitieran a la junta directiva valorar la conveniencia de mantener, ajustar o rediseñar el plan estratégico y la estructura del banco vigentes, en función de los hallazgos del diagnóstico y del contexto institucional.
La empresa que se planeaba contratar se llama Nemesis, una firma especializada en riesgos financieros.
El presidente del Banco Nacional, Marvin Arias, aseguró que este acuerdo fue dejado sin efecto en la sesión 12.778, realizada el 21 de octubre.
Este acuerdo forma parte de los 141 que la junta directiva anterior —nombrada por Chaves desde el 28 de mayo pasado y cuyas designaciones fueron anuladas por la Sala Constitucional el 10 de octubre— declaró confidenciales.
Entre otros acuerdos declarados confidenciales figuraban la contratación de una empresa para investigar el nombramiento de la gerenta general del BN, Rosaysella Ulloa; el nombramiento de fiscales por parte del Poder Ejecutivo en los comités internos del banco; y el pago de dietas a los directores por participar en esos mismos comités.