Firma del Canciller obstaculizó auditoría para no devolver $4 millones, denuncia empresaria

 

La fiduciaria ATA Trust Company S.A., fundada y administrada por el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, habría obstaculizado una auditoría solicitada por la compañía hondureña SGM Comercial S.A., con la que se pretendía la devolución de $4 millones que se habían dado en custodia a la empresa mediante un fideicomiso.

Así lo expone la denuncia que se interpuso en la Fiscalía General de la República contra André Tinoco, donde se le investiga por administración fraudulenta.

Tal como lo adelantó CR Hoy este martes, contra André Tinoco se abrió la causa 25-000040-0030-PE, en la Fiscalía General, debido a que es miembro de un supremo poder de la República, en este caso del Poder Ejecutivo, es decir, un funcionario nombrado por el presidente Rodrigo Chaves Robles.

Mientras tanto, a su hijo Phillip André Sánchez y al secretario y representante legal de ATA Trust S.A., Alonso Vargas Araya, se les confeccionó un testimonio de piezas o expediente paralelo, el cual se tramita desde el lunes en la Fiscalía Adjunta de Goicoechea.

Según Rogelio Ramírez Cartín, representante legal de la compañía catracha, en un inicio se planteó la denuncia contra el canciller por apropiación indebida de capital; sin embargo, la Fiscalía recalificó el delito a administración fraudulenta, una vez que se conocieron a detalle los hechos.

La denuncia expone que la fiduciaria puso obstáculos al momento en que SGM intentó llevar el dinero de vuelta a sus arcas. A la fecha, tras 45 meses, la empresa del canciller sigue sin devolver el monto que tiene bajo custodia a la compañía hondureña.

¿Cómo inició todo?

Según la documentación que analiza el ente acusador, el 13 de septiembre de 2021, SGM Comercial, a través de su contralor general, John Héctor Keller Pérez, contrató los servicios de ATA Trust.

El contrato fiduciario tenía como propósito que la empresa del canciller, en calidad de fiduciaria, recibiera en custodia $4 millones de SGM Comercial, bajo instrucciones de esa compañía de Honduras, dinero que fue transferido a las cuentas de ATA Trust el 16 de septiembre del mismo año.

Veinte días después, Keller Pérez instruyó a la fiduciaria, por medio de la auxiliar contable de Lexincorp Central America Law Firm (administradora del fideicomiso), que de los $4 millones se tomaran $113 mil, de los cuales $100 mil se utilizarían para el pago de honorarios y los restantes $13 mil para cubrir el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a dichos honorarios.

Según el expediente, ese día el propio Arnoldo André Tinoco, de Lexincorp, envió un correo a Keller Pérez informando a SGM COMERCIAL, S.A. de la recepción de las instrucciones y manifestando que quedaban a la espera de nuevas indicaciones.

El primer problema: la auditoría

El primer problema de la relación entre ambas compañías inició cuando SGM Comercial acudió a la fiduciaria el 7 de julio de 2022, casi un año después de firmado el contrato entre las partes, para informar que la empresa estaba llevando a cabo una auditoría interna.

Para poder desarrollar ese trabajo, debían hacer la revisión de todos los activos financieros que tenían, incluyendo los $4 millones que habían dado en custodia a ATA Trust.

Para poder intervenir en Costa Rica con ese proceso, los hondureños contrataron al contador público costarricense Carlos Mora Vargas, a quien se le otorgó un poder especial.

Para ello, se presentaron el 24 de agosto de 2022 en las oficinas de Lexincorp Central America Law Firm, en San Pedro, Los Yoses, y fueron atendidos por los abogados Philip André Sánchez y Alonso Vargas Araya, a quienes se les informó que el propósito de la visita era realizar una auditoría del contrato de fideicomiso.

Según la denuncia, André Sánchez y Vargas Araya, en un inicio, estuvieron anuentes a colaborar con la auditoría, pero solicitaron una lista de documentos para proceder, mismos que fueron remitidos por correo electrónico.

No obstante, cinco días después, Philip André Sánchez respondió al contador que no podía realizar la auditoría del contrato y negó el acceso a la documentación que, como fideicomitentes, solicitaron.

Pidieron devolver el dinero en 2022

Ante los obstáculos encontrados para realizar la auditoría, el 30 de agosto de 2022, SGM solicitó formalmente a ATA Trust la devolución de los fondos, pero no obtuvo respuesta.

Por esa razón, Dulce María Mejía Casco, dueña de la compañía hondureña, acompañada de otros funcionarios de la empresa y su abogado, el 12 de septiembre de 2022, viajó a Costa Rica para conversar directamente con los representantes de la fiduciaria del canciller André Tinoco y solicitar los fondos de regreso.

"En las instalaciones fueron atendidos por Philip André Sánchez y Alonso Vargas Araya en representación de ATA TRUST COMPANY, S.A., quienes, ante la solicitud formal de devolución de los fondos, se negaron a entregarlos únicamente con las instrucciones de SMG COMERCIAL, S.A., argumentando que existía una tercera empresa que, aunque no figuraba en el contrato, era su criterio que para entregar el dinero requerían una autorización o instrucción conjunta entre SMG COMERCIAL, S.A. y esa tercera empresa, o bien una orden de autoridad judicial que les ordenara entregar el dinero a su propietario, SMG COMERCIAL, S.A.", dice el documento judicial.

Pese a que los hondureños insistieron en la devolución del dinero, alegando que el contrato estaba a punto de vencer y tomando en cuenta que ya se habían pagado los honorarios de un año, ATA Trust argumentó que el acuerdo no tenía fecha de vencimiento y se negó a devolver la millonaria suma.

Es por eso que, a partir de ese momento, SGM Comercial inició un proceso al sentir que la fiduciaria de André Tinoco se había apropiado indebidamente de $3,8 millones que no le pertenecían, e inició el proceso judicial.

ATA Trust remitió a este medio una posición sobre el caso, alegando que no conocen de ninguna denuncia en contra de la sociedad anónima, pero analizarán lo expuesto para tomar acciones al respecto.

Hasta el momento no tenemos conocimiento de que exista alguna denuncia presentada en contra de ATA Trust, ni de que se esté llevando a cabo algún tipo de investigación en curso contra la compañía. Sin embargo, en atención a su consulta, revisaremos el caso con nuestro equipo legal para contar con plena certeza sobre cualquier situación que pudiera estar relacionada con nuestra organización.

¿Qué es ATA Trust S.A.?

La empresa ATA Trust S.A. es la misma que administró el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue utilizado para financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles, actual presidente de la República, por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Según el sitio web de la compañía, la firma ofrece servicios de constitución de fideicomisos, administración, custodia de bienes, depositaría, mandataria y fiduciaria testamentaria.

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) señaló que el fideicomiso Costa Rica Próspera no fue utilizado para financiar las operaciones y actividades políticas de la agrupación, la cual, en principio, alegó que su propósito era “generar un espacio para el análisis de las políticas públicas y la realidad nacional”.

Costa Rica Próspera, constituido el 25 de febrero de 2021 por Chaves Robles y el empresario Jack Loeb Casanova como fideicomitentes y fideicomisarios, en asocio con ATA Trust Company S.A. —representada por Alonso Vargas Araya, en calidad de fiduciaria— surgió, en realidad, con la supuesta intención de recaudar y gestionar fondos para las aspiraciones políticas del hoy mandatario, y habría operado como una estructura paralela de financiamiento, al margen de la tesorería oficial del PPSD.

Las estructuras paralelas de financiamiento son personas o grupos que, al margen del partido político, recaudan contribuciones, donaciones o aportes mediante mecanismos no autorizados por el Comité Ejecutivo Superior de una agrupación política, con el objetivo de beneficiar la acción política del partido, sus tendencias, candidatos o precandidatos oficializados. Todo esto se realiza al margen de lo que establece el Código Electoral.

El informe final de investigación sobre presuntos delitos de financiamiento ilegal en la campaña del presidente, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, señaló que, durante la investigación preliminar, no se lograron identificar productos tangibles que respaldaran la versión de los fideicomitentes (como informes, reportes, propuestas, minutas de reunión, etc.) sobre el supuesto interés de analizar políticas públicas o temas de la realidad nacional.

El informe del TSE fue secuestrado por la Fiscalía General como parte de una investigación por presuntos delitos electorales cometidos durante la campaña del mandatario y André Tinoco.