Fiscal Carlo Díaz confirma que sí hay pruebas contra Chaves por concusión
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aseguró este viernes que existen pruebas para acusar al presidente Rodrigo Chaves del delito de concusión en el caso relacionado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Así lo expresó durante su comparecencia ante la Comisión Especial Legislativa encargada de analizar el eventual levantamiento del fuero de improcedibilidad —o inmunidad— tanto del mandatario como del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.
"Nuestra investigación es completamente objetiva. Consideramos que existe sustento probatorio suficiente, producto de un análisis conjunto y de la universalidad de la prueba que se está ofreciendo, lo cual permite acreditar que se cometió el delito de concusión por parte de los acusados", argumentó Díaz ante los diputados.
Estas declaraciones fueron en respuesta a una consulta del diputado oficialista Daniel Vargas, quien cuestionó al fiscal por sus afirmaciones.
Inicialmente, Díaz solicitó que la sesión fuera privada; sin embargo, la petición fue rechazada por los legisladores.
La Comisión Especial tiene un plazo de 20 días —con posibilidad de una única prórroga— para emitir un informe que recomiende o no al Plenario levantar la inmunidad del presidente.
Para retirar el fuero al mandatario se requiere una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
¿Cuál es la causa penal?
La Fiscalía General presentó la acusación correspondiente al expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la contratación, aparentemente a la medida, de la empresa RMC La Productora S. A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, durante el período 2022-2026.
En la documentación se señala al presidente de la República, Chaves Robles, y exjefe de su despacho Rodríguez Vives, como responsables de la comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.
Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años "al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial".
Según la acusación, el contrato con el BCIE, con el que financiaron gastos de imagen en Casa Presidencial, benefició a la empresa del productor Bulgarelli, quien realizó una consultoría de comunicación entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de $400 mil.
Para ese fin, Chaves y el Gobierno usaron parte del $1 millón que el banco centroamericano dona a cada país fundador al inicio de cada nueva administración. Cabe señalar que la Contraloría General de la República (CGR) ha sido clara en que dicha donación se considera como recursos públicos.
De acuerdo con la tesis del ente acusador, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el BCIE, al coimputado Cruz Saravanja, a quien se le benefició con $32 000, derivados del "Contrato marco de prestación de servicios de consultoría", para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE por la vía ordinaria.
Además, según la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato.
Bulgarelli Rojas es uno de los investigados en la causa desde su apertura; sin embargo, la Fiscalía le abrió la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad, también conocido como testigo de la corona, estipulado en el artículo 22, inciso b, del Código Procesal Penal.
Dicho artículo establece que, por tratarse de un delito grave, si el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, esclarecer los hechos investigados y proporcionar información útil para probar la participación de los demás imputados, se le puede procesar bajo esa figura.
Adicionalmente, en contra de Bulgarelli se tramita la causa 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que su colaboración no resulte eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.
El pasado 30 de enero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestró audios grabados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro durante reuniones sostenidas en Casa Presidencial para definir detalles del contrato.
En dichos audios se escucha claramente al presidente Chaves pidiendo "cariñitos" con fondos del BCIE, que son donados al país para proyectos.
"Nada más quiero que el señor me deje ver el contrato y, tal vez, pedir un par de chineos, de cariñitos", dijo Chaves en un audio.
Entre los favores de Chaves, solicitó claramente que Federico Cruz "Choreco" estuviera incluido en la contratación con Bulgarelli. "Choreco" fue su asesor durante la campaña electoral.
