Fiscal dice que “hay audios, testimonios y documentos” contra Chaves en caso BCIE-Cariñitos

Fiscal General, Carlo Díaz. Cortesía: Asamblea Legislativa.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó este viernes que existen audios, documentos y testimonios que respaldan la acusación contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión, en el caso conocido como BCIE-Cariñitos.
Díaz compareció ante la Comisión Especial Legislativa encargada de evaluar el eventual levantamiento del fuero de improcedibilidad (inmunidad) tanto del mandatario como del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.
"La acusación cuenta con una descripción de los hechos, tiene fundamentos y una calificación jurídica. Además, posee amplio sustento probatorio en testimonios, así como en prueba documental y pericial contra Chaves y Rodríguez", explicó el jerarca del Ministerio Público.
El fiscal también confirmó que la causa penal se abrió a raíz de los audios filtrados a la prensa y divulgados en redes sociales, en los que se escucha al presidente Chaves, al ministro Rodríguez, a la exministra de Comunicación Patricia Navarro y al ahora testigo colaborador Christian Bulgarelli, conversar sobre contratos relacionados con el BCIE.
En dichas grabaciones se escucha al presidente referirse a unos supuestos "cariñitos", expresión que ha sido interpretada como una posible referencia a beneficios indebidos vinculados a esos acuerdos económicos.
A pesar de la oposición de diputados oficialistas, Díaz insistió en que el caso cuenta con respaldo probatorio sólido:
"Nuestra investigación es completamente objetiva. Consideramos que existe sustento probatorio suficiente, producto de un análisis conjunto y de la universalidad de la prueba que se está ofreciendo, lo cual permite acreditar que se cometió el delito de concusión por parte de los acusados", reiteró ante los legisladores.
Estas declaraciones surgieron en respuesta a preguntas del diputado chavista Daniel Vargas, quien expresó desacuerdo con los señalamientos del fiscal.
Cabe señalar que Díaz solicitó en principio que la audiencia fuera privada, pero la comisión legislativa rechazó la petición.
La Comisión Especial dispone de un plazo de 20 días —con una única prórroga posible— para presentar al Plenario un informe con recomendación sobre si debe levantarse o no la inmunidad presidencial. Para que se apruebe el retiro del fuero, se requiere una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
¿Qué se investiga?
La fiscalía general presentó la acusación correspondiente al expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la contratación, aparentemente a la medida, de la empresa RMC La Productora S. A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, durante el período 2022-2026.
En la documentación se señala al presidente de la República, Chaves Robles, y exjefe de su despacho Rodríguez Vives, como responsables de la comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.
Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años "al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial".
Según la acusación, el contrato con el BCIE, con el que financiaron gastos de imagen en Casa Presidencial, benefició a la empresa del productor Bulgarelli, quien realizó una consultoría de comunicación entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de $400 mil.