Fiscal General sobre acusación contra Chaves: “No es por persecución política”
El fiscal general Carlo Díaz afirmó que la acusación contra el presidente de la República Rodrigo Chaves por concusión ante el caso BCIE "no es por persecución política".
Así lo declaró el fiscal durante la comparecencia en la Comisión Especial que evaluará el eventual levantamiento del fuero o inmunidad del presidente Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.
"La solicitud que nosotros hacemos se fundamenta en una acusación que fue el producto de una investigación objetiva Una investigación llevada sin ningún tipo tratar o pretender llevar a algún tipo de persecución política contra los acusados. Es una investigación objetiva", expresó Díaz ante los legisladores.
"Esta acusación se formuló de manera objetiva, no se trata de ninguna persecución política", recalcó.
Además, el fiscal confirmó que existen los suficientes elementos probatorios para sustentar la denuncia contra el mandatario.
Este viernes, Díaz, asistió a la primera sesión de dicho foro legislativo que, en un plazo de 20 días, recomendará al Plenario Legislativo si es factible o no el levantamiento del fuero a ambos jerarcas.
Como parte de su defensa, Rodrigo Chaves está citado a dicha comisión el próximo 22 de agosto.
¿Cuál es la causa penal?
La Fiscalía General presentó la acusación correspondiente al expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la contratación, aparentemente a la medida, de la empresa RMC La Productora S. A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, durante el período 2022-2026.
En la documentación se señala al presidente de la República, Chaves Robles, y exjefe de su despacho Rodríguez Vives, como responsables de la comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.
Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años "al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial".
Según la acusación, el contrato con el BCIE, con el que financiaron gastos de imagen en Casa Presidencial, benefició a la empresa del productor Bulgarelli, quien realizó una consultoría de comunicación entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de $400 mil.
