Fiscalía admite riesgo de que dineros sucios financien campañas en 2026

El Ministerio Público advirtió que las campañas políticas de cara a las elecciones de 2026 podrían estar en riesgo de ser contaminadas con dineros sucios provenientes de fondos ilícitos.

Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General de la República, afirmó que mantienen la vigilancia ante cualquier irregularidad en el financiamiento que reciban los partidos políticos que aspiren a cargos en la Asamblea Legislativa y en Zapote.

Sí es una preocupación y no solo aquí, es en el mundo entero, donde las campañas políticas son mecanismos que si no se tienen los cuidados, controles y organismos que supervisan el proceso electoral, existe el grave riesgo de que dineros sucios lleguen a financiarlas con doble propósito, por supuesto por el tema de lavado de dinero o por lograr que ciertas personas vinculadas a grupos delictivos obtengan puestos de elección popular

El fiscal instó a las agrupaciones políticas a verificar con rigor el origen de los fondos que reciben, especialmente cuando personas externas se acerquen ofreciendo apoyo económico. Además, subrayó la importancia de mantener procesos transparentes y canalizar los aportes a través de los órganos correspondientes.

Boraschi recalcó que todos los niveles dentro de los partidos deben estar en alerta para detectar señales de financiamiento irregular, ya que cualquier omisión podría derivar en consecuencias legales a futuro.

"El tema de legitimación, por ejemplo, a través de compra de bonos de deuda política, es un tema delicado, en el cual el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha venido trabajando. Pero donde debemos estar muy atentos todos como sociedad, a ver de dónde vienen esos dineros que están ingresando a las campañas políticas, ahora que inicia este periodo. Es algo en el que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vamos a estar atentos en la medida que tengamos indicios de que puedan darse actividades de lavado o financiamiento ilícito de campañas dentro del proceso electoral que arranca", resaltó.

EE. UU. advirtió de dineros sucios

En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe en el que expresó su preocupación por la posible penetración del crimen organizado en las finanzas de algunos partidos políticos en Costa Rica.

Se trata del Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, específicamente en el apartado sobre legitimación de capitales, donde se identifican los sectores más vulnerables al lavado de dinero y delitos relacionados en el país.

El informe señala que las elecciones presidenciales de ese año estuvieron bajo observación por parte de las autoridades estadounidenses.

"El financiamiento de campañas es motivo de especial preocupación dadas las elecciones nacionales de 2022", indicó el documento en la sección denominada "Vulnerabilidades y metodologías de lavado de dinero".

Las indagaciones estuvieron a cargo de la Oficina de Operaciones Nacionales, Sección de Investigaciones Financieras (ODF), bajo coordinación de la DEA. En su momento, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que fue notificado sobre el contenido del reporte.

Caso Financiamiento Jaguar

Uno de los procesos judiciales más recientes relacionados con el presunto uso de dineros sucios es el conocido como Financiamiento Jaguar, tramitado bajo el expediente 22-000210-0276-PE.

En esta causa figuran como acusados: Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República; Pilar Cisneros Gallo, diputada y jefa de fracción del PPSD; Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República; Arnoldo André Tinoco, canciller; Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada y presidenta del PPSD; Paola Nájera Abarca, diputada del mismo partido; y Julio "Waldo" Agüero Sanabria, también legislador.

Según la investigación, iniciada en 2022 tras la llegada al poder del presidente Rodrigo Chaves, entre 2021 y 2022 se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), correspondiente al periodo 2022-2026.

Estas estructuras fueron un fideicomiso privado llamado Costa Rica Próspera y cuentas bancarias personales a nombre de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente. Ella enfrenta un proceso penal independiente dentro del mismo expediente, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del TSE y de la tesorería del PPSD, en contravención con lo que establece el Código Electoral.

Dicho Código estipula que todas las contribuciones a partidos, candidaturas o precandidaturas deben ser realizadas exclusivamente por personas físicas costarricenses, plenamente identificadas, y canalizadas mediante los mecanismos oficiales del partido político.